La cultura de la impunidad sigue atenazándonos, implacable

Considerado como uno de los represores uruguayos, cuya singularidad y muy firme compromiso con el aparato del terrorismo de Estado que se impuso en el Uruguay, en la previa de instalarse la dictadura cívico-militar y durante ella, ha sido una de sus características más salientes dentro del contexto represivo de este país. Estoy hablando del ex militar Armando Méndez, que en democracia (en el período del presidente Luis Alberto Lacalle, 1991-1995) fue funcionario estatal (titular de la  Dirección Nacional de Aduanas), empresario y en los años del terror un operador muy eficiente -involucrado en sesiones de tortura- , quien a los 73 años de edad -este último día viernes 21 de abril- falleció gozando de prisión domiciliaria, siendo que oportunamente fue condenado por la muerte del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina Gerardo Alter, en fecha 19 de agosto de l973, a casi dos meses del golpe de Estado en Uruguay.

El nombre Armando Méndez, como oficial del Ejército uruguayo no pasó inadvertido para las organizaciones de derechos humanos, del Río de la Plata. Se trataba de un personaje que, dado su rango y su nivel de participación en la represión, desafortunadamente no hizo otra cosa que sembrar sufrimientos entre las personas que eran detenidas por aquellos días, en el que personalmente era el mayor mando de la OCOA, el organismo militar que tenía entre manos Coordinar las Operaciones Antisubversivas, y además era torturador dentro del Batallón de Infantería 1.

Su historial como represor dentro del contexto dictatorial es sobrado y dramático, habida cuenta que de él dependían no solo las operaciones militares, sino además toda la suerte de metodologías adoptadas en los interrogatorios, con posterioridad al 17 de junio de 1973, y además en los años anteriores, en el curso de las represiones que se cometieron, particularmente contra los integrantes del Movimiento de Liberación Tupamaros (MLN) destacándose su participación respecto a la suerte del extupamaro Héctor Amodio Pérez, quien en ocasión de estar en el Uruguay hace ya algunos años dijo públicamente que  Méndez había sido quien instrumentó su salida del país junto a la tupamara Alicia Rey Morales (la pareja de Amodio, ndr) tras un acuerdo de asistencia a tareas represivas, hecho que fue tomado por el MLN como un acto de traición, que se sumó a la acusación de que él había entregado a los militares la cárcel del pueblo. 

Con el advenimiento de la democracia Armando Méndez, lejos estuvo, por un prolongado lapso, de ser abrazado por la Justicia para rendir cuentas por los hechos comprometidos con la vida humana, en los años del terrorismo de Estado. En contrario, como un militar retirado hizo parte del aparato estatal, cobrando relevancia mediática como director nacional de Aduanas, en lucha frontal contra el contrabando, evadiendo así toda posibilidad de comparecer ante los jueces penales. Más tarde fue un empresario, en ocasiones, incluso mediático.

Finalmente, en cierto momento del período democrático Méndez fue indagado y condenado por la muerte del militante Gerardo Alter y en consecuencia el 5 de diciembre del año pasado fue condenado a 24 años de prisión por un delito de “homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor” y hace no menos de 10 días se le concedió la prisión domiciliaria. Gozando de ese beneficio falleció y en consecuencia todas sus tropelías al margen de la Ley, contra otras personas además de Alter, dentro de un expreso terrorismo de Estado, quedaron impunes, con el plus de que muchas informaciones -entre ellas seguramente las relacionadas con los enterramientos clandestinos de los muchos uruguayos detenidos desaparecidos- quedarán sin ser investigadas, lo que es decir, que muchas verdades alusivas a las violaciones de los derechos humanos, de uruguayos , argentinos y extranjeros, se las llevó, literalmente, a la tumba.

Hay que consignar además, como dato por cierto nada saludable, que cuando integrantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos, solicitaron el legajo militar y las actas del Tribunal de Honor, con las declaraciones de Armando Méndez (que de hecho se considerarían esclarecedoras para definir los enterramientos clandestinos hechos por los militares), en este período de gobierno de Lacalle Pou, el 21 de setiembre del pasado 2021, el Ministerio de Defensa Nacional, con la firma del titular Javier García, clasificó como reservada la información por 15 años, cerrando así el capítulo en torno a Méndez, cuyo deceso de las últimas horas, refrendó cruelmente que la cultura de la impunidad continúa muy vigente.

La terrible huella de impunidad que ha dejado la dictadura cívico militar en el Uruguay, para nada se diferencia, con la que se observa en países vecinos, como Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, país último éste en el que -podríamos decir- se han realizado más juicios contra  militares, pero aún allí se aprecia igualmente que la cultura de la impunidad -respecto a los responsables de violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad- sigue siendo un tema recurrente, quizás en menor escala, pero no por ello, un tema saldado, porque todavía hay muchos represores que circulan libremente por calles  y caminos rurales del extenso territorio.

En el Uruguay, la muerte de Armando Méndez en prisión domiciliaria, inexorablemente, permite visibilizar cómo la casta militar, sigue siendo beneficiada por la cultura de la impunidad y esa oprobiosa omertá que no hace más que cerrar los caminos hacia la verdad, y la justicia, y hacia una paz verdadera, en coherencia con la vida democrática y distante de la hipocresía propia de una generación que sigue aferrada al negacionismo y a la supremacía de la teoría de los dos demonios, en el marco de un gobierno que ha logrado mayorías, con un nobel partido político -Cabildo Abierto- nacido de una figura castrense que hace muy pocos años fuera Comandante del Ejército.

El sello de una postura oficialista, y conservadora, más cercana a la necesidad de dar vuelta la página, que, a la necesidad de curar heridas, nos sigue atenazando, burdamente y en ocasiones, descaradamente.

Armando Méndez ha sido otro militar que ha sido abrazado por la muerte, lo que significa decir, por la indolente circunstancia, que es funcional al terrorismo de Estado hoy todavía presente con aire criminal y cínico. ¿Por qué? Porque dentro de 30 días, por decirlo sin reservas, una vez más se habrá de realizar una edición de la Marcha del Silencio, que en su postulado mayor, sigue reclamando justicia y la verdad, sobre la detenidos desaparecidos.

Una Marcha que debería ya ser parte del pasado, pero que no lo ha sido, ni es, porque está más que claro, que no hubo voluntad política para castigar a la casta militar, en todos los gobiernos -de derecha y de izquierda- que hicieron parte del Uruguay democrático, al finalizar la dictadura, y hasta el día de hoy.

Nos cuesta mucho y bastante, asimilar, hoy por hoy, cómo todavía los gobernantes siguen regodeándose de una vida democrática, plena de una indiferencia tal -al sufrimiento causado por el autoritarismo y el terror- como si nada hubiese pasado. 

Sigue atenazándonos el descaro, el cinismo y la impunidad, lisa y llana, respecto a quienes desde el Estado uruguayo, fueron actores, protagonistas y hacedores del terrorismo institucional, como parte del Plan Cóndor, con el saldo de muertes, y sufrimientos.