Familiares se niegan a realizar acto, si no hay diálogo previo con el Poder Ejecutivo
Por Victoria Cambonil-22 de diciembre de 2022
Este 20 de diciembre se cumplió un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciara el Estado uruguayo a rendir cuentas por haber masacrado a Silvia Reyes, Diana Maidanik y Laura Raggio, tres jóvenes que fueron asesinadas por las fuerzas conjuntas a pocos meses de comenzada la dictadura militar civil en Uruguay, en la madrugada del 21 de abril de 1974, de ahí que ha sido denominado como el caso de las 'Muchachas de Abril'. También la Corte responsabiliza al Estado por las violaciones a los derechos humanos de los familiares de las jóvenes, que llevan 48 años sin tener la verdad total de los hechos, ni cumplidas las responsabilidades penales de los culpables. En la misma causa, están incluidas las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, también por manos de funcionarios que respondían al Estado. Esa rendición de cuentas debió incluir un resarcimiento económico a las familias, y un reconocimiento público sobre las actuaciones. Pero en un año de plazo, el Ejecutivo dejó el reconocimiento hasta último momento, sin cumplir los protocolos establecidos.
En la sentencia, la Corte IDH establece que el Estado “deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización”, algo que las familias reclaman que no sucedió cabalmente. El Ejecutivo les propuso realizar el acto el 19 de diciembre, apenas un día antes del vencimiento del plazo que la Corte otorgó para este fin, pero las familias entendieron que debe ser en marzo, para poder concretar espacios de trabajo y diálogo, antes de una presentación de tal índole.
El reconocimiento público, según la CIDH, debe incluir a representantes de las víctimas y contar con la presencia de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes deberán comprometerse a “dar con el paradero de las víctimas desaparecidas e investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos” y a cumplir la sentencia de la Corte.
Además, la exigencia incluye presentar un plan estratégico para continuar la búsqueda de restos de desaparecidos y presentar informes sobre los avances al respecto.
Las familias se mostraron preocupadas por la falta de compromiso del Estado. Es por eso que el 13 de diciembre, junto a representantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), enviaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, para solicitar que el acto público se postergue, debido a que no se cumplieron todas las pautas marcadas por la sentencia. Esta misiva responde a la propuesta del Poder Ejecutivo para realizar el acto el 19 de diciembre, sin previo diálogo.
La contrapropuesta del grupo de familiares fue concretar una reunión en febrero de 2023, y al mes siguiente, en marzo, realizar el acto, cumpliendo con lo solicitado en la documentación de la CIDH. Además, según informan medios locales, los familiares ya se habrían presentado en febrero de este año para intentar dar curso a la sentencia, pero el Ejecutivo recién habría contestado en diciembre, a días de finalizar los plazos.
“La dimensión colectiva del derecho a la verdad se traduce en la importancia dada a la difusión de la verdad en la sociedad (…). La falta de búsqueda de verdad distorsiona los hechos y la memoria histórica, y los responsables de estos delitos se amparan en el olvido”, manifestaron en la misiva.
Según publicó La Diaria, desde el Estado manifestaron que cumplieron con los puntos de la sentencia, excepto por el acto público, así como la reparación económica a los familiares de las cinco víctimas del Estado, algo que -dicen- estaría en proceso de liquidación desde el Ministerio de Economía.
Tal parece que el gobierno se aferra al deseo de seguir deshaciéndose de los muertos, esos que antes molestaron -razón por la cual los asesinaron y desaparecieron- y que siguen molestando. Es que su valor, sus derechos, su convicción, fueron tan grandes, que trascendieron incluso sus propias vidas.
El Estado no quiere cumplir con las víctimas, no le interesa resarcir a las familias. El Estado quiere cumplir con los organismos internacionales para no tener una mancha que perjudique su comercio internacional y sus relaciones con quienes sí les importa mantener un status: Europa, Estados Unidos, China, es decir, las potencias mundiales.
La mediocridad de un gobierno que ha caído en alevosía con casos interrelacionados como el del narcotraficante Sebastián Marset, del delincuente vip Alejandro Astesiano, persecuciones a periodistas y políticos, con intentos de reflotar fechas patrióticas que solo reflejan odio a la sociedad, de impugnar todas las medidas que afectan a los asesinos de antaño -llámense exmilitares, represores, criminales del Estado- para liberarlos y transformar su imagen pública en la de pobres abuelos y defensores de la patria. ¿Qué patria? ¿La patria de la elite? ¿A quiénes defienden? ¿O se olvidan que la realidad la construyen, viven y sufren los pueblos?
Solo podemos esperar que la fuerza popular proteja con todas sus fuerzas los derechos humanos, y acompañarla desde nuestra trinchera del periodismo, intentando ser justos con nuestras palabras, y acompañando a quienes realmente, no tienen protección de quien debería velar por sus derechos.
Porque la verdadera protección, es la acción.
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*Foto de portada: elpopular.uy