Silvia Reyes, Laura Raggio, -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22, fueron asesinadas el 21 de abril de 1974, en una vivienda del barrio Brazo Oriental de la capital del Uruguay, por las Fuerzas Conjuntas del Estado que aterrorizaron a la población durante la época de la dictadura. El caso de estas jóvenes, como un relato propio de una película de terror, llevó a que fueran reconocidas a nivel internacional como las “Muchachas de abril". La causa judicial de esta masacre aún no tiene a ningún responsable cumpliendo una condena ante la justicia. El fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en diálogo con Antimafia Dos Mil, explicó que la investigación finalizó, pero que de los tres imputados, el único procesado que todavía está vivo, interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que está siendo analizado por la Suprema Corte de Justicia, sin plazo de respuesta. Los otros dos, que ya fallecieron -en la comunidad de sus hogares producto de su avanzada edad- se llevaron a la tumba la impunidad y el paradero de las y los desaparecidos por la dictadura, y sus responsabilidades en esta masacre, quedaron en la cuenta del olvido.
“En la causa de la perspectiva de la Fiscalía y de lo que hace a la investigación está culminada. Se llegó a una conclusión, se hizo la imputación pertinente, se pidió el procesamiento de tres personas, lo que pasa que dos de ellos fallecieron en el trance en el que se resuelve el pedido de procesamiento, y el tercero que está solicitado está a la espera de una resolución de la Corte sobre una nueva excepción de inconstitucionalidad planteada”, explicó Perciballe, detallando que “lo único que falta es que la Corte se expida sobre ese último recurso que presentó el último militar que está imputado. Una vez ello, la jueza del caso estaría en condiciones de resolver la solicitud fiscal”, es decir, si definir una sentencia de prisión, o dar lugar al pedido de inconstitucionalidad de la defensa, recurso avalado por la ley de caducidad en vigencia.
Los tres nombres que la justicia eligió para responsabilizar fueron los militares de alto rango José ‘Nino’ Gavazzo y Eduardo Klastornick, ambos fallecidos, y Juan Modesto Rebollo, quien defendió sus acciones ante los medios de prensa locales. En una entrevista brindada a Monte Carlo en febrero del año pasado, Rebollo justificó la brutalidad con la que atacaron a las jóvenes, con el argumento de que, si no respondían así, “todos habríamos muerto”, porque las jóvenes “nos recibieron a los tiros y lanzando granadas que no llegaron a explotar”.
Las jóvenes fueron asesinadas por ráfagas de ametralladora. Según investigaciones forenses, habrían recibido 133 balas en sus cuerpos. Tres mujeres de entre 19 y 22 años, fueron destruidas sin ninguna compasión por un contingente militar que, según declararon testigos del hecho, coparon toda la cuadra. La excusa de Rebollo para enviar al lugar a dos grupos de artillería (el 1° y el 2°, y al Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas) fue la supuesta sospecha de que en la pequeña casa de Mariano Soler 3098 bis, en el barrio Brazo Oriental, funcionaba una imprenta clandestina.
Si bien el operativo estuvo a cargo del represor coronel Juan Modesto Rebollo, tuvo como participantes a las figuras de la elite de terroristas Jorge ‘Pajarito’ Silveira, José ‘Nino’ Gavazzo, Mario Mauriño, Washington Scala, Julio César Gutiérrez (asesinado por la espalda entre la ráfaga militar), Armando Méndez y Manuel Cordero, la mayoría de estos, por razones difusas, no fueron incluidos en la causa.
"Más allá de las jóvenes se resistieron o no al allanamiento (realizado sin orden judicial y en horas de la noche) lo real es que estas fueron ejecutadas, si se quiere masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna", había declarado Perciballe a El Observador en junio de 2021. Un procedimiento ya desde el comienzo, totalmente ilegal.
En 2017, la Comisión Especial de Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado, instaló placas en recuerdo de las tres muchachas, afuera de la vivienda donde las asesinaron.
Por su parte, familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la lentitud de los procesos, y que casi 50 años después, el caso seguía totalmente impune. A pesar de los testimonios, a pesar de los hechos, a pesar de las pruebas. La CIDH instó a Uruguay a llevar a juicio todos los casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Mientras tanto, la ley de caducidad sigue siendo una barrera jurídica impenetrable, que se estableció en 1986 gracias al pacto entre militares, policías, civiles y tupamaros, para envolver herméticamente los asesinatos, las torturas, las estafas millonarias, y los acuerdos internacionales, que tuvieron como cometido destruir y desaparecer a cientos de jóvenes, infancias y adultos, durante los años terribles de la dictadura.
Por esta razón, los 15 años que gobernó el Frente Amplio, el partido fundado para hacer frente a las políticas elitistas, oligarcas y represivas contra el pueblo, no tomó como política saldar las deudas del Estado frente a tanto sufrimiento ciudadano. Teniendo mayorías parlamentarias, tapó todo. Por esta razón, hoy, en 2022, la derecha rancia sigue tramando artilugios legales para detener cualquier rastro de ‘sedición’ que intente juzgar los crímenes cometidos durante esos 12 años que duró el terrorismo de Estado.
En 2004, la desaparición forzada de Washington Barrios configuró la primera excepción a la ley de caducidad. En 2009, el 19 de octubre, la Suprema Corte de Justicia determinó a través de un fallo, la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Sin embargo, días después y a través de un plebiscito, la ley fue ratificada por la mayorís de la población uruguaya, volviendo a instalarse su vigencia. Frente a esto, la fuerza política Frente Amplio impulsó una ley interpretativa de la ley de caducidad, con el rechazo y oposición tanto de José Mujica -expreso tupamaro- como de Tabaré Vázquez. En la primera instancia de presentación de esta nueva ley, no se alcanzaron los votos, siendo decisivo el de uno de los integrantes del FA, Víctor Semproni. Y en un nuevo intento en 2011, cinco días antes de que los delitos prescribieran ya que eran considerados delitos comunes, fue aprobada una ley desde el Parlamento donde se restableció la pretensión punitiva del Estado, debido a que se determinó que los delitos cometidos por la institución fueron delitos de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles.
El motivo principal para instalar la posibilidad de enjuiciar al Estado por sus crímenes cometidos durante la dictadura, fue que la CIDH declararía que la ley de caducidad era incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo que traería problemas judiciales a nivel internacional al Estado.
Pero en 2013, la Suprema Corte de Justicia volvió atrás sus pasos, y como buenos mandaderos de sus pares militares y de otros grupos de poder que formaron parte del Plan Cóndor en Uruguay, declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad, obligando a archivar todos los casos que no estaban en plena investigación ya que habrían prescripto en 2011, por ser considerados delitos comunes.
En la actualidad, los artilugios continúan. El líder del partido militarista Cabildo Abierto, el excomandante el jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, presentó un proyecto ante el Poder Legislativo para reinstalar la ley de caducidad. Este intento quedó por el camino, después que el presidente Luis Lacalle Pou lo desechara públicamente.
Sin embargo, Cabildo Abierto no se rinde. Para cumplir con los pactos, los señores militares, de la mano entrelazada con el Partido Colorado y otros sectores oficialistas, buscan aplicar todos los artilugios habidos y por haber, para exterminar cualquier intento de justicia para las víctimas del terror militar: intentan reflotar la fecha 14 de abril como Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas, presentaron un proyecto de ley para la “reparación a las víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico” durante los años previos y los primeros de la dictadura, además de un proyecto de modificación a la ley 19.293 para agregar el artículo 235 bis que propone enviar a presos mayores de 75 años a sus domicilios, entre otros intentos de señalizar el marco legal uruguayo hacia la libertad de los represores, asegurando la impunidad prometida.
Una impunidad, que las muchachas de abril, siguen pagando hasta hoy. Una injusticia que la justicia de este país, no está dispuesta a saldar.
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*Foto de portada: José Guzmán / Antimafia Dos Mil