Sábado 2 Marzo 2024

A cinco años del asesinato de la lideresa Marielle Franco, ¿alguien puede tener dudas de que su asesinato fue político? ¿Alguien puede tener dudas de que la impunidad también es política?

El 14 de marzo de 2018, pasadas las 21 horas, la concejala fue asesinada en un atentado ejecutado con precisión milimétrica. Lo que se sabe hasta ahora sobre el hecho, es que una ráfaga de metralla incrustó tres disparos en el cuerpo de Marielle, y dos en el de Anderson Gomes, el chofer que conducía el vehículo. Se presume que los disparos fueron hechos desde un automóvil que los venía siguiendo desde que salieron de un encuentro con jóvenes donde Franco había participado.

Aquel auto, un Chevrolet Cobalt color gris plateado -que quedó registrado en las cámaras de video vigilancia-, estuvo parado frente a la Casa de las Pretas -el centro cultural donde fue la reunión-, por más de dos horas, con sus ocupantes dentro. Se ve claramente en las imágenes, que cuando el auto de Marielle, emprende la marcha, inmediatamente es seguido por el auto gris. En la secuencia de videos, recogidos por varias cámaras a lo largo del camino, se puede ver siempre la misma secuencia: el auto de Franco, seguido de cerca por el auto gris. En las imágenes, también se identifica un tercer automóvil, de color negro, que podría estar implicado en el atentado. Lo paradójico es que las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar de los hechos, horas antes habían dejado de funcionar, por lo que no hay un registro visual, al menos de público conocimiento, del momento justo en que el auto de la lideresa fue acribillado.

Los testigos del lugar, entre ellos Fernanda Chaves -quien era asesora de Marielle, e iba dentro del vehículo esa noche-, confirman que los disparos no se escucharon. Lo que da a entender, según los expertos, que se habría utilizado un silenciador. También se presume, por el tipo de balas recogidos en la escena del crimen, y en los cuerpos de las víctimas, balas de 9 milímetros; así como también por la distancia de los impactos, y otros detalles de la dinámica de la escena; que el arma disparada habría sido una subametralladora alemana Heckler y Koch MP5, utilizada generalmente por unidades militarizadas.

Es importante tener presente que Marielle Franco, permanentemente denunciaba los abusos policiales y militares en el control racial que se hacía sobre el territorio, así como también la presencia de células paraestatales vinculadas al crimen organizado. Incluso su tesis para la maestría se tituló “UPP: la reducción de la favela a tres letras”. Las UPP son las Unidades de Policía Pacificadora, que son cuerpos militarizados que irrumpen en un territorio, abandonado históricamente por el Estado, para luego desarrollar otros proyectos sociales. Una metodología profundamente criticada, puesto que la etapa militar conlleva generalmente un proceso violatorio de los derechos humanos de quienes viven apresados en las luchas de poder, entre los narcotraficantes y las bandas paraestatales. También hay que destacar que Marielle participó como asesora del diputado nacional, Marcelo Freixo quien presidió la comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea; cargo que luego ocupó Marielle. Freixo ganó gran notoriedad luego de presidir la Comisión Parlamentaria contra las milicias de Rio de Janeiro, que dejaron expuestas la criminalidad organizada paraestatal, y por la que varios componentes de la política terminaron presos. Freixo, por las amenazas recibidas, tras el asesinato de la jueza Patricia Acioli, tuvo que exiliarse por un tiempo.

Difamación y desvíos, el camino a la impunidad

Aquella mujer, joven, negra, favelada y concejala municipal, no podía convertirse en un icono. No podía alentar a otros marginados como ella, a ocupar aquellos espacios históricamente apresados por ciertas castas, por ciertos círculos, por ciertas lógicas. Mientras la noticia del atentado magnicida contra Marielle daba la vuelta al mundo, un sinnúmero de personas y personalidades de distintos ámbitos se lanzaron a intentar manchar su memoria, a intentar desprestigiar su trayectoria, y su iniciante legado. Entre ellas la jueza Marília Castro Neves, quien publicó una serie de comentarios racistas e injuriosos contra la lideresa, endilgándole relaciones con el narcotráfico. Un mes después, dos miembros del Partido Liberal Social -el partido de Bolsonaro-, destruyeron una placa que había sido puesta en el centro de Rio de Janeiro, en honor a Marielle. También, los medios remarcaban que los atacantes no habían robado nada, lo que pretendía alterar o minimizar la naturaleza de un atentado político, al igual que las noticias que hablaban de que la “hipótesis sería la ejecución”. Gestos, estos, que fomentan la violencia, al tiempo de que distorsionan la trascendencia de las cosas, avalando la impunidad del Estado terrorista.

Un mes después, en abril, fue asesinado Carlos Alexandre Pereira Maria, quien días antes había prestado declaración por el crimen de Marielle. Pereira Maria era asesor del edil Marcello Siciliano, quien luego sería acusado como uno de los autores morales del crimen, junto con el expolicía militar, Orlando Oliveira de Araújo, también conocido como Orlando de la Curicica. Ninguno de los dos fue imputado formalmente por el crimen.

Uno de los primeros en ser investigado fue Adriano Magalhaes da Nóbrega, uno de los capitanes más infames del BOPE, el escuadrón de exterminio que recorre las favelas brasileñas. El capitán Adriano, estaba sindicado por trabajar al servicio de las milicias criminales, y de ser uno de los componentes de una banda de sicarios conocida como la Oficina del Crimen. Nunca fue procesado, ni detenido por el crimen de Marielle. En febrero del 2020, cuando llevaba más de un año prófugo por otras investigaciones, fue asesinado por sus excompañeros durante un allanamiento.

En marzo del 2019, al cumplirse un año del asesinato fueron detenidos dos expolicías, acusados de ser los sicarios que operaron la noche del crimen. El sargento retirado de la policía militar y exintegrante del BOPE, Ronnie Lessa esta sospechado de ser el tirador. Actualmente está condenado por tráfico de armas. Mientras que el expolicía Vieria de Queiroz, habría sido el conductor del vehículo. Este último fue expulsado de la fuerza por una investigación interna que lo vinculaba a la Oficina del Crimen. Ambos detenidos tienen vinculaciones con el expresidente Jair Bolsonaro. En octubre de ese año, fue acusado como autor intelectual del crimen, Domingos Brazao, un exdiputado y actual consejero del Tribunal de Cuentas de Rio de Janeiro. Brazao también fue acusado por desviar la investigación utilizando los recursos de su oficina, para involucrar en la investigación a Siciliano y a Olivera de Araújo.

Cinco años después

Cinco años después del crimen, la única pista que avanzó es la de los expolicías Lessa y Queiroz, que permanecen en detención preventiva hace cuatro años, sin llegar ni siquiera a una condena en primer grado. Respecto a esto desde la fiscalía se alega que la demora se debe a la constante presentación de recursos y medidas dilatorias, una justificación que daña más al juzgado que a la defensa. Es cierto también, que más allá de que la investigación por el crimen de Marielle no ha dado grandes pasos, durante las investigaciones se han identificado otros crímenes vinculados a los imputados, que han permitido avanzar en la fractura de ciertos núcleos del crimen organizado.

También están siendo investigados, Elaine Lessa, quien es la esposa de Ronnie Lessa, y está acusada de desviar la investigación; también su hermano, Bruno Figueredo Lessa y Josinaldo Freitas, por intentar deshacerse de un lote de armas, entre las que se encontraría la utilizada en el crimen contra Marielle. En esta línea de investigación también está incluido Marcio Montavano.

Rodrigo Jorge Ferreira, es otro de los policías militares indagados por el desvío de la investigación, para inculpar a Siciliano y a Oliveira de Araújo. Aquí también están nombrados Hélio Kristian Cunha de Almeida, jefe de la Policía Federal, y Gilberto Ribeiro Da Costa, quienes serían cercanos al exsenador Brazao. Por último, también es investigada la abogada de Ferreira, Camila Moreira Lima Nogueira, por prestarse a la desviación.

Ahora, el presidente Lula Da Silva, recientemente asumido, encomendó a la Policía Federal iniciar una investigación paralela por el doble homicidio de la lideresa negra y su chofer. El cambio de gobierno trae esperanzas de que se rompa el pacto de impunidad, lo que deja en entrever que una parte del Estado, a nivel político, está involucrada directamente no solo en el homicidio de Marielle Franco, sino en la desviación de las investigaciones.

La violencia política y racial en Brasil, es una política de Estado.

Foto: Nueva Sociedad

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