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El ministro de Justicia denuncia el uso de la fuerza “desproporcional”

En menos de seis días unas 48 personas resultaron asesinadas en las favelas brasileñas durante una serie de operativos policiales, que, según las autoridades, se realizaron en el marco de la represión dirigida contra las organizaciones criminales. Así mismo, el ministro de Justicia y Seguridad Publica de Brasil, Flavio Dino, consideró que la fuerza letal utilizada “no parece, por el momento, ser proporcional al delito que se ha cometido”. Desde las organizaciones de derechos humanos se piden investigaciones “independientes y exhaustivas”, para aclarar los hechos.

Otra vez los barrios marginados de las metrópolis brasileras vuelven a ser noticia por una serie de hechos de violencia que parecerían no tener fin. Otra vez jóvenes, en su mayoría negros, favelados y pobres sucumben en las disputas territoriales entre las organizaciones criminales y los grupos de choque de la policía militarizada.

Operación Escudo

Los hechos de violencia se desencadenaron a partir del jueves 27 del mes pasado, cuando un agente de la policía militarizada miembro del cuerpo especial ROTA fue asesinado de un disparo en el pecho, durante un patrullaje de rutina en el municipio de Guarujá, en la región metropolitana de Santos, según las declaraciones oficiales. Al día siguiente, se desplegó sobre el territorio un fuerte operativo represivo, que incluyo más de 600 agentes, bajo el código, ‘Operación Escudo'. En pocas horas dejo un saldo de ocho personas muertas, que habrían respondido a los allanamientos con violencia.

“La policía quiere evitar a toda costa el enfrentamiento, pero desde el momento en que son hostigados, lamentablemente se produce un enfrentamiento. La policía reacciona y reaccionará para repeler cualquier amenaza”, declaró luego de la primera avanzada el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien es uno de los bolsonaristas presidenciables. Por su parte desde la organización Human Rights Watch, se exigió a la fiscalía llevar adelante una investigación “independiente y exhaustiva” para aclarar las muertes. Las acciones de violencia continuaron en la zona durante los siguientes días llegando a registrarse un total de catorce víctimas fatales.

En las primeras horas del domingo 30 otras ocho personas resultaron asesinadas durante la incursión de la Policía Militar, en este caso en el municipio de Itatim, en el Estado de Bahia. Según la prensa local, cinco de ellos tenían antecedentes penales, vinculados a homicidios, robos y delitos por narcotráfico, y se encontraban bajo régimen de libertad condicional. En simultaneo otras trece personas fueron asesinadas durante operativos policiales. Cuatro, en Salvador, la capital del Estado, y siete en Camçari, un pequeño poblado rural a las afueras de la ciudad.

Finalmente, la violencia se desplazó hacia la Rio de Janeiro, donde diez personas fueron asesinadas durante una serie de operativos represivos, liderados por el Batallón de Operaciones Especiales, conocido popularmente como BOPE, y señalado en reiteradas ocasiones como una fuerza de exterminio. Según las autoridades nueve de las víctimas estaban afiliadas al Comando Vermelho, identificándose entre ellas a Carlos Alberto Marques Toledo, quien esta sindicada como uno de los jefes de la banda narcocriminal.

Violencia sin fin

El año pasado la policía mató a 6.430 personas. Según las estadísticas reflejadas por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, unas 17 personas por día, en su gran mayoría, jóvenes, negros y favelados. Una cifra alarmante que lamentablemente se asemeja a los registros de homicidios en mano de las fuerzas de seguridad durante las épocas en que asolaba el país la dictadura cívico militar. Las denuncias de abuso de autoridad, allanamientos ilegales, torturas, ejecuciones sumarias, entre otros numerosos delitos, son sistemáticamente denunciados por los vecinos de estas zonas marginalizadas, así como también por activistas sociales y figuras institucionales como lo fue Marielle Franco, cuyo asesinato, aún impune, dejó en un mayor estado de indefensión a los sectores oprimidos del país carioca.

Recientemente, las lentas pero firmes investigaciones por su asesinato, han dejado abierta la posibilidad de identificar a los autores intelectuales*. El propio ministro Dino alegó que “sin duda existe la participación de otras personas, los hechos revelados y las pruebas recabadas así lo indican. Indica un fuerte vínculo de estos homicidios (el de Franco y su chofer Anderson Gomes, ndr), en especial el de la concejala Marielle, con las actividades de las milicias y el crimen organizado en Río de Janeiro. Eso es indiscutible. En ese sentido, se irán revelando las nuevas etapas”.

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Foto: Twitter de Seguridad Pública del gobierno de San Pablo, Brasil