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La represión feroz, el totalitarismo, y la dictadura de las transnacionales, ha explicitado de manera contundente que el rol del Estado argentino sigue siendo garantizar los negocios para una minoría supremacista. En reiteradas oportunidades aquellos que nos hemos permitido adentrarnos en las profundas cavidades del modelo extractivista con el fin de analizar sus impactos socioambientales, oímos hablar de la dictadura minera. 

Para muchos podría representar solo una edulcorada metáfora, por otros, una comparación tan necia como carente de sustento, pero para quienes habitan esas tierras expoliadas, es una cruenta realidad que se pasea desnuda haciendo gala de su impúdica impunidad. El litio, la soja de estos tiempos, vuelve a interpelar de manera medular la matriz productiva de un país que solo derrama dolor hacia abajo, y una pomposa montaña dólares para los de arriba. 

En Jujuy la reforma ilegal, inconsulta, entre gallos y medianoche y a espaldas del pueblo, motivó una masiva pueblada que continua hasta el día de la fecha sin ánimo alguno de aplacar los reclamos. El gobernador de Jujuy Gerardo Morales con esta movida política que aglutinó incluso al Partido Justicialista provincial, buscó abrazar superpoderes que le permitan incluso, tener pleno dominio de las acciones de un poder que nada tiene de independiente, el judicial. 

Si bien desde los medios dominantes de comunicación se esfuerzan en la construcción de un camino “legal y necesario”, cuando se hace referencia de la decisión totalitaria tomada por Morales, los distintos sindicatos y en especial los pueblos indígenas de la zona, se encargan estoicamente de demostrar que se trata de todo lo contrario. La democracia en Jujuy comenzó a estar en serio desde el encarcelamiento de Milagro Sala, una lideresa social que interpelo en profundidad el poder terrateniente del lugar. 

La referente de la organización Túpac Amaru fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica sin el menor prejuicio y avasallando distintos derechos.

Jujuy tiene una composición de personas que se reconocen como parte, o como descendientes de comunidades originarias muy alta. En algunos de los últimos censos ese número se acerca a más de la mitad de la población, supera el 50% ampliamente, lo que brinda una característica particular a la conformación social del territorio. Cabe destacar que esto también pone en relieve y sindica a las distintitas comunidades como un actor importante en la construcción social y cultural del territorio jujeño.

En ese contexto de atribución de los poderes, o del poder ejecutivo en particular muy complejo, a muy poquito de asumir, Morales modifica el número del Superior Tribunal de Justicia justamente con un interés de dominar de alguna manera también este poder, además de atribuirse las facultades, desde adentro para asegurarse las mayorías. En este contexto es que Morales en su segundo mandato toma esta decisión como poder ejecutivo, una decisión que le corresponde al poder legislativo, de hacer una reforma constitucional. Una reforma constitucional que debe ser una herramienta del pueblo para control del poder político. Y acá termina siendo un interés del poder político de cambiar una constitución que puede garantizar una forma de operar sobre el territorio.

El Tercer Malón de la Paz y un camino anclado en la dignidad y los derechos 

Tres han sido los malones a lo largo de la historia, el primero en 1946, el segundo en 2006 y el reciente que aún se encuentra en Capital haciendo una importante vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos tienen el mismo hilo conductor, el conflicto territorial y el desconocimiento por parte del estado y la justicia del derecho internacional que gozan las distintas comunidades indígenas. 

Un recorrido que nace desde la necesidad de visibilizar los acontecimientos que los grandes medios de comunicación silencian y tergiversan, un Malón de pueblos pacíficos que lejos están de arrodillarse ante el avasallamiento brutal de sus derechos. En ese marco, exigen:

1- Que la Corte Suprema de la Nación se expida respecto de la Anticonstitucionalidad de la Reforma Constitucional de Jujuy.

2 - Que el Congreso de la Nación intervenga el Poder Judicial de la provincia de Jujuy.

3 - Que el Congreso Nacional sancione Ley Nacional de propiedad comunitaria.

Con estas banderas en alto, agrupados y cobijados por la memoria ancestral, partieron el 25 de julio desde La Quiaca y diferentes territorios. Transitaron más de 3300 kilómetros para llegar a movilizarse en Capital Federal, pasar por el Congreso y finalmente quedarse frente al edificio de Tribunales. Mientras que los distintos pueblos indígenas siguen con sus reivindicaciones, en San Salvador de Jujuy, la Multisectorial contra la Reforma Judicial realizó una contundente Marcha de Las Antorchas en Plaza Belgrano para apoyar a la distancia la vigilia que se está llevando a cabo frente a la Corte Suprema de Justicia. 

Marcelo Katari, de Humahuaca

Marcelo Katari es integrante del Pueblo Coya y vive en la bellísima Quebrada de Humahuaca, en dialogo con Antimafia Dos Mil indicó que “este es un levantamiento desde la conciencia y a la dignidad, una remora de aquella batalla que tuvieron nuestros abuelos con el ejército argentino en 1875 en Abra Pampa”. La Batalla de Quera es un hito en la historia de Jujuy, que no se borrará jamás de la mente de los puneños. Además, es un ejemplo más de cómo el jujeño oprimido defiende lo que le pertenece, contra la clase opresora que se mantienen vigente hasta la actualidad. 

La batalla de Quera se llevó adelante debido a que después de lograda la “independencia”, jerarcas criollos y realistas convertidos en republicanos, continuaron concentrando la tierra y los privilegios. “La relación de poder sigue siendo la misma, siendo colonia y formando parte del estado argentino, nada ha cambiado para los pueblos, la lucha por el derecho a la tierra sigue más vigente que nunca”, indicó Katari.

Hoy la figura de Gerardo Morales y su abominable avance contra los derechos ancestrales y tratados internacionales se encuentra en el ojo de la tormenta. “Morales solo les otorgó a los pueblos tres títulos de tierra, destacando que en Jujuy hay más de 400. La declara provincia minera y a través de la ley 5915, esto fue antes de la reforma, por eso el poder sobre las tierras las tiene el gobierno y no dudo en avanzar de espaldas a todos nosotros para poder tener pleno dominio de acción sobre el territorio. A esta lucha la habían iniciado los docentes y después se plegaron los distintos pueblos, salvo algunos de dudosa procedencia que a través de sus personarías jurídicas otorgadas por el mismo estado, respaldan al dictador. Pero debemos decir que se trata solo de un puñado de personas”.

La ley 5915 sostiene: Declárese de interés público y sujetos a servidumbre administrativa a todos aquellos inmuebles con título de propiedad comunitaria otorgados e inscriptos a nombre de las comunidades indígenas que el Poder Ejecutivo Provincial identifique como aptas y óptimas para la instalación, construcción, explotación, operación, conservación, mantenimiento, reparación, vigilancia y acceso a los sistemas de infraestructura y de tecnología destinados a la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la energía solar u otras fuentes renovables de energía, y las obras complementarias a tales fines, ello en los términos de la declaración de dicha actividad como de interés estratégico provincial y como servicio público efectuada por la ley 5904. Una puerta de ingreso para las multinacionales, y una encerrona para los pueblos que reclaman por la legalidad de sus tierras. 

Para concluir, Marcelo Katari sostuvo que “la reforma de constitución provincial es inconstitucional, ya que no existió anteproyecto ni se debatió con las comunidades. Los territorios son nuestros, por eso no vamos a ceder en nuestro legítimo reclamo, sabemos que tenemos los medios de comunicación dominantes en contra y un poder muy concreto que pretende acorralarnos desde lo represivo, armado de causas, persecución y encarcelamiento como en los años más oscuros de Argentina, pero no vamos a ceder. A Gerardo Morales y a quienes avalan su posicionamiento dictatorial, le debe quedar en claro una cosa, la conciencia se ha despertado y el miedo se ha perdido, por eso mismo no puede haber marcha atrás”.

Economías regionales están en jaque mate

El cuadro de situación es muy claro, la reforma constitucional en Jujuy oficia de tubo de ensayo para la Argentina que proyectan las corporaciones, los terratenientes y los gobiernos adictos a los antes mencionados. Mientras que en el país el modelo sojero generó profundos desplazamientos y migraciones internas, generando una mutación radical de la ruralidad que supimos conocer, más del 90% de los habitantes de la Argentina, se aglutinan en ciudades y grandes pueblos. 

Un modelo productivo expulsivo, concentrador y envenenador, que hoy mira al litio como garante de la primarización de la economía y enemigo de ese valor agregado que, junto a la industrialización, siguen mirando de manera impertérrita como un puñado de facinerosos se sigue beneficiando con la multiplicación del dolor de las mayorías. Las economías regionales están en jaque mate, al igual que lo poquito que queda de soberanía. El sueño húmedo de la Argentina blanca con aires europeizantes sigue su curso, afianzando el racismo desde la implementación de políticas fascistas. 

En Argentina ya no se ruborizan al reivindicar el genocidio de Estado y las aberrantes prácticas del proceso, de hecho, estas últimas se siguen aplicando en Jujuy, en tierras de discursos “republicanos”. El modelo Jujuy es el que piensan Horacio Rodríguez Larreta (lleva a Gerardo Morales como ladero de fórmula), y Patricia Bullrich para hacerlo extensivo en el país, un 2001 pero 2.0 ¿El pueblo concentrará la suficiente memoria para no condenarse a repetir uno de los periodos más oscuros de la democracia? Lo cierto es que el escenario político se presenta dantesco, y solo la dignidad manifestada en las calles podrá ponerle un coto a tanto fascismo manifiesto.