Conversaciones revelan que Bustillo pidió a Ache no aportar datos
Fue durante la investigación administrativa de la misma Cancillería, en noviembre de 2022
Hoy la prensa dio a conocer mensajes hablados que ya están en manos del fiscal actuante
Frente Amplio pide la renuncia de los jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou
Todos y cada uno de los indagados en el caso del pasaporte de Sebastián Marset a las puertas de la sede fiscal de la Ciudad Vieja optaron por el no diálogo fluido con la prensa, a excepción de la abogada y ex canciller Carolina Ache, qué sí, tuvo su tiempo para hacer algunas puntualizaciones al abandonar el edificio en el que prestó declaración al fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado. Y fue este miércoles 1 ero de noviembre que dijo, por ejemplo: “Vine a colaborar con la investigación (ella, como doce personas no fueron por su propia voluntad, sino que fueron citadas como indagados, ndr), para que de una vez por todas se aclaren los hechos y se conozca toda la verdad”. No lo decía por pura diplomacia. En efecto, en el inicio del mes la exvicecanciller vino munida de munición pesada para entregar al fiscal actuante precisamente para que se sepa “toda la verdad” (como fueron sus primeras palabras al salir de la Fiscalía de la Ciudad Vieja) puesto que le aportó comunicaciones, audios, y conversaciones en las que se puede escuchar y conocer cómo desde filas del gobierno, en la persona de su superior en el mando, Bustillo, se le pidió -en noviembre de 2022- que oculte información comprometedora relacionada con el hecho de que se conocía que Sebastián Marset era un narco peligroso, obviamente buscando deslindar responsabilidad institucional de un dato que no era nada menor (y que de hecho, no revelarlo oportunamente trajo sus consecuencias). Casi a poco de conocerse estos audios desde la oposición se viene perfilando un pedido de renuncia de los jerarcas gubernamentales, calificando el episodio de “siniestro”. Para nosotros, todo un verdadero escándalo, que trae consigo efectos devastadores a nivel de gobierno, a nivel político y a nivel de la investigación fiscal en curso, siempre y cuando las transparencias no sean obstaculizadas por las sorpresas de turno, que siempre son funcionales a una impunidad en ocasiones recurrente, desafortunadamente.
Carolina Ache, siguió hablando en la puerta de la fiscalía, en tono muy enfático: “Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito”. Pero, además puntualizó: “No tuve ninguna participación ni ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marset. No estaba dentro de mis competencias y nunca actué por fuera de las competencias. Yo no apuré nada ni para el doctor Alejandro Balbi ni para el señor Marset. Lo que sí hice fue avisar a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería que es la que se encarga del trámite, que se trataba de alguien peligroso, cuando el subsecretario (refiriéndose a Guillermo Maciel, ndr) Maciel me lo comunica a mí. Esa dirección depende de Bustillo, y yo lo que me doy cuenta después es que todos ya sabían de quién se trataba, mucho antes que yo”.
A todo esto, su asesor letrado, el doctor Jorge Díaz (exfiscal de Corte) dejó bien en claro que la responsabilidad de la emisión del pasaporte no recae únicamente en la labor de la Cancillería. Precisó que hay que tener en cuenta la Ley Orgánica Policial, de enero de 2015, cuyo artículo 31 define que parte de los cometidos de la Dirección Nacional de Identificación Civil es “expedir la cédula de identidad, el pasaporte y constancias de la información registrada”; cabe consignar que otras normas, como decreto 286 de 2015, indican que la Cancillería “expedirá” pasaportes, pero los “tramitará” cuando estos son solicitados en el exterior.
Como reguero de pólvora las apreciaciones de la exvicecanciller Ache retroalimentaron el muy complejo panorama, y como un efecto boomerang se reflotaron informaciones que dejan traslucir un nudo de tal magnitud, donde las versiones se oponen y se tornan extremadamente comprometedores, si acaso dentro de tiendas de la Cancillería, o lo que es decir del gobierno nacional. Entonces, sobreviene el puntapié definitivo, que fue marcando la cancha en la jornada que pasó al difundirse audios en extremo comprometedores para el gobierno, audios que fueron aportados a la Fiscalía. Y que además salieron a la luz pública.
Por ejemplo el semanario Búsqueda, casi en paralelo a la instancia fiscal a la que concurrió la ex canciller Ache, publicó en titulares y en copetes de extensos artículos, algo por demás contundente: “Roberto Lafluf, asesor del presidente, dijo que destruyó un acta notarial incorporada a un expediente de Cancillería que contenía los wsap y le pidió a la vice canciller que consiguiera una escribana que certificara que su celular no tenía esos mensajes”, sumando otra información: “Maciel borró el chat y le comentó a ella que si hacía lo mismo no podría recuperarse, mientras que Bustillo le sugirió que ‘perdiera’ su teléfono”; y así , en esos términos -trascendió- la abogada Ache habría declarado en Fiscalía.
Otros medios capitalinos giraron igualmente en torno a estas mismas informaciones, refrendando una y otra vez el pedido de Bustillo a Ache de no entregar a las autoridades el chat en el que se le alertaba que Sebastián Marset era un narco peligroso. Un dato nada menor.
Decir en una Fiscalía, que Bustillo -titular, y máximo jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores- hubo pedido a su subalterna y segunda en el mando de no entregar valiosa información en el marco de la investigación administrativa que llevaba adelante personal de su secretaría de Estado, en el mes noviembre del pasado 2022, ya estando sobre el tapete público la posibilidad de eventuales irregularidades en torno a la entrega del pasaporte de Marset un año atrás, es decir en el 2021, mes de noviembre, si duda fue y es un acto escandaloso, que traerá tsunamis y tempestades, sin lugar a dudas. Bueno, esperemos.
Todo esto se ratifica en audios de conversaciones mantenidas entre Bustillo y Ache, que se filtraron a dos medios: El semanario Búsqueda y el diario El País; audios, que de cajón resultan altamente comprometedores y escandalosos, visibilizando una trastienda nada lejana en torno a un presunto caso de corrupción -o de irregularidades sin precedentes- que, por su naturaleza misma, significa toda una verdadera caja de sorpresas, las que por otra parte van saliendo a la luz pública, quizás en cuenta gotas, pero saliendo a la luz, al fín.
Entonces, no por casualidad, a escasas horas de concretarse la presencia de Ache en la fiscalía, la opinión pública fue tomando conocimiento de los audios, cuyos contenidos asombran verdaderamente.
En una de las conversaciones, por ejemplo, el ministro Bustillo le pide a Ache que “aguante” para ver si se podía “enderezar esto porque es un desastre”; Bustillo sugirió incidir en la investigación administrativa -cuya instructora solicitaba tener acceso al chat en cuestión- en los siguientes términos: “Dejame que hable con Carlos Mata (el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, ndr) a ver si tiene algún tipo de influencia sobre la tipa; que por lo menos no guaranguee con las preguntas. Me dijiste que te mandó dos mails. Que mande un tercero y que no sea tan incisivo. Que nos dé una salida para evitar dar los WhatsApp”; más adelante Bustillo fue mucho más contundente, al punto de pedirle a Ache que pierda su celular “Que se mande al frente Maciel, vos perde el celular” le dijo el Canciller Bustillo; agregando en un momento de la conversación (del audio que ya está hecho público): “Estoy imaginando, viste, escenarios que no conozco. Honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando. Hay que ir sorteando ¿viste? Esto es paso a paso”.
En definitiva, todos estos audios, estos chats, le fueron entregados por Carolina Ache, al fiscal Machado. Materiales que comprometen seriamente al gobierno, y que demuestran que desde el gobierno mismo le pidieron de ocultar información durante la investigación administrativa. Un pedido -bajo formas variadas- que encierra situaciones sin precedentes. Pedidos que no hacen más que ratificar, desde nuestras páginas lo hicimos ya con anterioridad, que hay muchas distonías institucionales que no solo incumben a personalidades del gobierno dentro del área del narcotráfico atravesándonos como sociedad y como país que se precia de ejemplar en su estado de derecho y en su incorruptibilidad. Hay en los últimos meses sobrados ejemplos de deterioros institucionales que son mediáticos, y que son absolutos contenidos de horas y horas de espacios de televisión, y están en demasía en múltiples redes sociales,y sitios web.
Y ya al cierre de la presente edición, los efectos políticos (de un hecho que tiene connotaciones políticas, por cierto, desde su ABC) comenzaron a sentirse en los medios de comunicación y fundamentalmente en el sistema político: diferentes referentes del Frente Amplio -partido de las oposición- ya hicieron público, el pedido de renuncia de los jerarcas involucrados en este escándalo, que seguramente ahora está ya dando la vuelta al mundo, como uno de los episodios más emblemáticos de lo que puede traer bajo el brazo un gobierno, que sin duda ( y son varias las evidencias) no ha sabido mantener la línea de honestidad en la función pública de sus principales personalidades, a diferentes niveles y en diferentes ámbitos de la administración en cuyo vértice está el abogado y dirigente del partido nacional, Luis Lacalle Pou.
Quien ahora, se estima en las próximas horas, de hecho, debería poner el rostro y decir algo, a una opinión pública, que, en estos precisos momentos, al cierre de este artículo, debe estar comentando, reflexionando y vituperando a los cuatros vientos, sobre el alarmante momento que nos toca en suerte, como ciudadanos, la de ser testigos de una andanada de acciones que para nada habla bien de la función pública, en el Uruguay. Y lo que es peor, una andanada de acciones que, de hecho, en definitiva, son funcionales a las actividades propias del narcotráfico institucional. Quizás todo sale a la luz, también como una forma de estrategia, dentro del complejo mundo de la vida política de un país, pero no por ello vale ignorar, que el tufo que se siente, resulta ser insalubre, y en demasía.
Gústele o no, al señor presidente.
Foto: subrayado.com.uy