Miércoles 17 Julio 2024

Charles Carrera optó por no presentarse ante la Comisión del Parlamento

A la bala perdida que se presume fue disparada desde una vivienda del balneario rochense La Paloma, de la zona Este del Uruguay, del entonces sub comisario -Marcos Martínez- y que dejó paralítico de por vida a Víctor Hernández, desde el momento mismo del hecho -mes de noviembre de 2012- y hasta ahora, no se le ha podido adjudicar un autor. A once años de aquel episodio, criminal, por cierto, ni una sola persona ha sido identificada por la Justicia penal, como responsable del disparo. Un acto delictual que desafortunadamente sigue impune, por más que todo lo que sobrevino después del disparo, con el estricto tono de la corrupción pública -cuyo principal imputado de presuntas irregularidades es el senador Charles Carrera, que en aquel entonces era director de la Secretaría General del Ministerio- ya esté sobre el tapete público, y dentro de una agenda parlamentaria. Como se informó oportunamente, desde el año pasado una Comisión de legisladores investiga su gestión. Gestión ésta que hubo incluido su autorización a Hernández para atenderse en el Hospital Policial (no siendo funcionario), y para realizarse traslados y para recibir tickets de alimentación mensual de 20.000 pesos, por tres años, a nombre de la madre de la persona baleada. Sumándose a este panorama, la pasividad policial y judicial que campeó en lo que concierne a las investigaciones para aclarar el hecho del disparo. Dentro de ese contexto, y cuando recientemente se aguardaba la presencia de Carreras ante la Comisión Parlamentaria, el senador en cuestión no lo hizo manifestando que era víctima de una persecución por parte de una Comisión Investigadora, que calificó de ilegítima, lo que derivó en una respuesta inmediata del Senador Jorge Gandini, rechazando esos argumentos y señalando: “Si lo persigo, ¿cuál es el problema? A los delincuentes hay que perseguirlos. Si el señor Carrera es un delincuente, lo vamos a perseguir. Tiene que venir acá a mostrar la cara y demostrar que no lo es. Para eso lo citamos: para que nos demuestre con documentos, con elementos, que todo eso que hizo tiene un justificativo. Si no, se lo va a tener que explicar al juez”. En paralelo, debemos consignar, y esto hace que el caso cobre mayor relevancia, que el abogado defensor de Víctor Hernández, doctor Roberto Ferreira dijo en los últimos días a los medios de prensa, que hará un juicio al Estado, si es que la Suprema Corte de Justicia persiste una vez más, en archivar la causa civil (reclamando al Ministerio del Interior resarcimiento por daños y perjuicios), dentro de un contexto de hecho nada alentador para los Hernández, porque como lo informamos desde Antimafia Dos Mil el hecho criminal prescribió y las denuncias penales para que no quedase impune, no tuvieron nunca su debido andamiento.

Desde hace dos años, para nuestra redacción y en lo que me comprende junto a la colega Victoria Camboni, porque fue el momento en que los conocimos personalmente a Víctor y Daniel, el batallar de los hermanos Hernández -junto a no pocas personas del balneario La Paloma, que se mostraron solidarios con su causa- ha sido una constante. Ha sido un diario transitar por los andariveles de la incertidumbre y de la impotencia por hallar justicia, sobre un hecho sobrecargado de situaciones que posteriormente descolocaron a los involucrados.

Los unos por ser la parte demandante, la parte afectada; y los otros por ser la parte imputada, la parte cuestionada. Esa parte estatal, donde los aparatos policial y judicial, no dieron ninguna respuesta a los Hernández, y cuando lo hicieron, a poco del disparo que salió de esa casa dependiente del Ministerio del Interior, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños -con invitados que nunca fueron investigados por lo acontecido- las irregularidades de Charles Carrera, entre otros, se dieron cita, casi de la mano de un tiempo tirano que fue distanciando la verdad de las sedes judiciales, a cuyas puertas golpearon un sinfín de veces los perjudicados.

Transcurridos los años, finalmente, una Comisión Investigadora parlamentaria -ya desde el 2022- comenzó a escudriñar sobre este caso, y allí -en este mes de julio, de este 2023- nuevamente surgieron los escollos. Esta vez, cuando esa Comisión solicitó la presencia del Charles Carrera para profundizar en torno a las presuntas irregularidades, éste decidió no hacerse presente, no solo para explicar lo relativo a la atención de Víctor Hernández en el Hospital Policial, y al hecho de autorizar traslados a Rocha y haberles entregado a los hermanos, a nombre de su madre, tickets de alimentación mensuales valor 20.000 pesos, por los tres años que demandó la rehabilitación del herido, como así también a un hecho, que nada tiene que ver con el caso Hernández, en el que Carreras también habilitó la asistencia sanitaria en el Policial de su expareja y de la diputada Susana Pereyra, hoy viuda del exministro del Interior Eduardo Bonomi.

Charles Carrera, en los últimos días, no se presentó ante la Comisión Parlamentaria, y esto generó no solo malestar de sus integrantes, sino duras apreciaciones del Senador del Partido Nacional Jorge Gandini, las que ya consignamos en el copete, dirigidas a Carrera quien alineándose a su partido político -Frente Amplio- recalcó que desde el primer día esa Comisión Investigadora no tenía otro fin que amedrentarlo, perseguirlo “para distraer la atención de los problemas reales que enfrenta la ciudadanía”, tal como se expresó el legislador en una carta dirigida al senador nacionalista Amín Niffouri.

El legislador Gandini en diálogo con los medios de prensa sostuvo que Carrera incurrió en actos de apariencia delictiva, en beneficio propio y de terceros, y que además manejó “indebidamente los recursos públicos”.

Se pudo saber que en los próximos días las autoridades del Ministerio del Interior contarán a la Comisión Parlamentaria cómo avanzaron las investigaciones internas, las que se abrieron tras las denuncias judiciales, y está previsto que luego los legisladores de la Comisión deberán enviar un informe al pleno del Senado, y remitirán sus actuaciones a la Justicia y a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Cabe consignar, que, en estos momentos, corre un plazo de 20 días para que tanto Charles Carrera como Susana Pereyra puedan presentar sus descargos. Hay que puntualizar que a finales del mes de mayo la legisladora también optó por la negativa de comparecer ante la Comisión Investigadora. Trascendió, por otra parte, que los senadores pedirán que se incorpore al expediente el resultado de un análisis de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Interior, que, en el mes de agosto de 2014, ya le había dado la alerta a Carrera de que los pagos con tickets y la atención que se le dispensaban a Víctor Hernández estaban por fuera del marco estrictamente normativo.

En lo que concierne a la defensa de Víctor Hernández, a cargo del abogado Roberto Ferreira, hay que señalar que desde ese ámbito se aguarda un nuevo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, sobre la demanda al Ministerio del Interior por los daños y prejuicios causados a la persona que de por vida quedó postrado en una silla de ruedas.

En ese contexto, el abogado Ferreira manifestó que, si persiste ese archivo de la causa civil, entonces se iniciará un juicio contra el Estado, puntualizando el letrado, a los medios de prensa que el incumplimiento de responsabilidades al investigar el caso llevó a que la víctima no pudiera acceder a una indemnización, ya que hasta ahora se desconoce la identidad de quien efectuó el disparo.

“Está claro que nos les interesa indemnizar. Desde el comienzo esto fue 'todos a la caza de Charles Carrera'”, fueron los recientes dichos de Ferreira al diario El País, de hecho, marcando la forma en que se abordó la situación de su patrocinado, tanto desde filas del oficialismo, como de la oposición. Enfatizó sobre el particular que esto se visibilizó por las pocas respuestas que se han venido dando.

Desde esta Redacción, obviamente, entendemos que el caso es -por su naturaleza- complejo y además ha permitido visualizar a la opinión pública, no solo una pavorosa desidia a nivel penal -por diez años- sobre un hecho -el disparo que alcanzó a Víctor Hernández- de ribetes delictivos, que va de la mano de una gestión de Charles Carrera, como jerarca ministerial, que no solo agravó la situación en su momento, sino que además ahora, bastantes años después, lo pone bajo la lupa como presunto responsable de actos delictivos como funcionario público, con otro agravante, el de ausentarse ante la Comisión Investigadora del Parlamento.

El pedido de justicia de los Hernández, sigue en pie y es más que loable. Se pide que se haga justicia. Como lo vienen pidiendo ya hace más de diez años, y no solo para recibir una indemnización, sino para que aquella bala perdida, pueda tener un nombre y un apellido, y no quede sumergida en las aguas de la más detestable impunidad.

Foto: Antimafia Dos Mil / archivo