Las dramáticas y trágicas ecuaciones, del accionar criminal, en países donde se ha instalado la narco mafia con toda su saña, más tarde o más temprano, se visibilizan y salen a la superficie conmocionando a la sociedad. Esto aconteció en las últimas horas -una vez más- en el Ecuador. Sicarios segaron la vida del fiscal César Suárez, quien tenía a su cargo las investigaciones del asalto al canal de TV que se concretó días atrás, en medio de una andanada de violencias que se desataron en territorio ecuatoriano, a poco de que su primer mandatario declara el estado de excepción, confrontando así -literalmente- a los grupos criminales de la narcomafia que vienen operando en ese país. Mientras el estupor ha ganado las calles y la región en concreto, desde las entrañas mismas de la Asociación de funcionarios de la Fiscalía del Ecuador, se dirigió un comunicado expreso a la fiscal general Diana Salazar Méndez (quien el año pasado fuera amenazada de muerte junto a su familia) como respuesta a este nuevo crimen, calificándolo de vil y al mismo tiempo rechazándolo enérgicamente, siendo que se trataría de la cuarta víctima entre filas de la fiscalía, en los últimos dos años. Pero, además, en ese comunicado se plantearon una serie de requerimientos para proteger a los fiscales, siendo el más destacado, que se les autorice el teletrabajo, como medida básica para su respectiva seguridad personal.
Ecuador está atravesada por la violencia criminal, tal como acontece en otros países de América Latina. No hace falta recordar al lector, los horrores en ese sentido, que se viven por ejemplo en México, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, por dar algunos muy contundentes ejemplos. Pero esta vez Ecuador, parece estar de turno, y en particular sus operadores fiscales, seguramente porque son los únicos que han estrechado lazos para neutralizar a la criminalidad imperante.
Y sin olvidar que todas esas violencias se sostienen, puntualmente, cuando los Estados han sido infiltrados o se han mostrado indiferentes (o débiles) a la presencia criminal, mismo dentro de sus instituciones y del sistema político, hoy Ecuador está pagando muy caro, precisamente esa circunstancia.
Este pasado miércoles la noticia se extendió con celeridad increíble desatando rechazos, repudios, pesares, indignaciones y una suerte interminable de exabruptos, porque una vez más la fiscalía de Ecuador recibió un muy duro golpe de la narco mafia. El fiscal antimafia César Suárez fue asesinado a tiros en la ciudad de Guayaquil, significando además ese atentado, un duro golpe dirigido también al Gobierno ecuatoriano. El fiscal se desplazaba dentro de un vehículo, el que fue literalmente barrido a tiros, de armas automáticas de alto poder. Los tiradores demostraron profesionalidad puesto que todos los proyectiles fueron dirigidos al cráneo del fiscal, contabilizándose nueve certeros balazos.
Cometido este hecho de sangre en la vía pública, personalmente, la fiscal general Diana Salazar confirmó en un video difundido en Twiter, tanto el crimen como el compromiso de los fiscales con la sociedad ecuatoriana: “Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (...) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”.
Por otra parte, las agencias de noticias internacionales y los medios locales divulgaron que una fuente responsable del ente investigador señaló que el fiscal asesinado había sido la persona encargada de “determinar qué grupo criminal estuvo detrás de le espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC”
Como se recordará, la toma del Canal de televisión TC fue una de las primeras acciones cometidas por elementos criminales tras la fuga del poderoso Adolfo Macías alias “Fito”, jefe máximo de la principal banda del Ecuador.
Los medios de prensa ecuatorianos informaron que el abogado César Suárez, cumplió tareas en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, encabezando importantes casos, que implicaron a notorios mafiosos ecuatorianos, uno de ellos Daniel Salcedo, quien fuera detenido en Panamá en relación con el caso Metástasis. Y entre los casos a su cargo, también lideró investigaciones judiciales contra bandas dedicadas al narcotráfico, involucrando a algunos procesados que eran policías e incluso funcionarios públicos. Oportunamente fue designado en Quito a una unidad recién creada de la fiscalía, cuyo principal cometido era investigar a funcionarios implicados en casos de corrupción a nivel nacional.
Mientras escribimos estas líneas se viven horas de alto contenido dramático en ese país hermano, donde los intrincados torbellinos de la vida nacional se dan la mano con las guerras internas entre bandas criminales -por el poder o por territorio- dentro de un contexto, donde el Estado ha declarado la guerra frontal a la narco mafia y dentro de una indescriptible complejidad, dado que ese estado de situación no es fruto de una acción repentina de intromisión criminal en el país, sino que más bien es la resultante de un proceso que tuvo sus inicios años atrás, y en donde la infiltración criminal dentro del Estado, fue gradual, sistemática y tuvo de hecho no pocos involucrados o protagonistas pertenecientes a filas estatales y de la vida política nacional. No hay que olvidar que la criminalidad se infiltra en las instituciones de gobierno, no necesariamente a sangre y plomo, sino que sustancialmente, el paso previo es la corrupción y una muy sutil metodología de inserción, es la ubicación en puestos de poder, de diferentes niveles, de elementos mafiosos, que de hecho accionan incluso dentro del marco institucional, pero funcionales a la ideología narco mafiosa. Obviamente, sus acciones responden además a las presiones de los grupos criminales diseminados en la región, que, de hecho, hacen parte también de una metodología de imposición de poder, por intereses económicos y estratégicos. Y, por si fuera poco, el sistema penitenciario es además un caldo de cultivo ideal, porque los elementos criminales, agrupados en los establecimientos, son igualmente funcionales a las bandas operantes, ya sea para ser carne de cañón de las estrategias a adoptarse, o ya sea para jaquear a las autoridades, sin mucho disimulo.
La cuestión es que ahora, hoy por hoy, el desmadre no tiene límites, y los fiscales -alineados al gobierno constitucional- que serían los únicos que procurarían mantenerse incólumes (dentro de una corrupción pública, que inevitablemente existió y debe seguir existiendo) son los objetivos principales de la criminalidad, porque podrían ser los únicos que tendrían en sus manos la posibilidad de destronarlos y de ir en contra sus intereses. Para la narco mafia, apelar al uso de las armas, no es problema alguno. Es una metodología viable, en tiempo y en forma, y cuando las circunstancias así lo indiquen. Así que la muerte, allí, sigue siendo una posibilidad que sobrevuela por encima de todos quienes luchen por un estado de Derecho.
El fiscal ecuatoriano César Suárez, cuarto fiscal de ese país asesinado en tan solo dos años como lo señalaba el comunicado de la asociación de fiscales, es otro mártir de estas sociedades carcomidas y minadas por ideologías criminales, que imperan en América Latina, aunque nos consta, están igualmente imperantes en Europa, Italia, por ejemplo, donde la mafia estuvo y está sentada en el poder del Estado, con impunidad admirable y con una no escasa nómina de justos mártires, cargando sobre sus espaldas. Lo que, es decir, con un Estado-Mafia manchado de la sangre de operadores de justicia y de fuerzas de seguridad honestas, de periodistas, de sacerdotes, de políticos y de ciudadanos, incluidos niños, fruto de la acción de las organizaciones mafiosas -cuatro en total de muy vieja data- operantes, en la Italia de hoy, como lo fue en la de ayer.
Ecuador se desangra, a paso veloz, porque la ideología mafiosa, está posicionada. Y mal, muy mal.
Foto: latercera.com