La droga, que pasaría por el puerto de Montevideo, tenía como destino final Bélgica
“Contaminado” fue el adjetivo que utilizaron los funcionarios de la Policía Nacional de Paraguay para definir el cargamento de arroz que fue incautado el pasado lunes en horas de la noche, en el puerto seguro de la localidad de Villeta, sobre costas del río Paraguay, que contenía un cargamento oculto de más de 3.300 kilogramos de cocaína granulada. El exitoso operativo fue el resultado de tareas de investigación realizadas por la Unidad de Información Sensible de la Policía Nacional y la Coordinación Administrativa de Inteligencia Aduanera, bajo dirección de la Fiscalía.
Según informaron las autoridades, el cargamento estaba distribuido en 640 bolsas, de cinco kilos, aproximadamente, cada una, con un valor estimativo superior a los 140 millones de dólares. A nivel histórico el volumen de cocaína incautada en este operativo, fue solo superado por el operativo en Fernando Mora, en julio del 2021, cuando fueron incautados 3.418 kilogramos, que viajaban ocultos en paquetes de azúcar.
El jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía, Sergio Insfrán, explicó que la droga habría sido cargada en una curtiembre ubicada en la localidad de Eusebio Ayala, unos 80 kilómetros hacia el oeste. Si el contenedor hubiera logrado salir del puerto privado de Villeta, habría continuado su rumbo ya pautado, primero con escala en el puerto de Montevideo, y desde allí ya en mar abierto, rumbo al mercado europeo a través del puerto de Amberes en Bélgica.
Pese a que las autoridades delinearon una red de sospechosos, aún no se han comunicado detenciones, ni otros operativos y allanamientos. Así mismo, se estima, por el volumen de droga, que se trataría de una organización criminal compleja de impacto internacional.
Los 3,300 kilogramos de cocaína incautados fueron incinerados en el horno pirolítico de la SENAD, instalado dentro de las instalaciones que la agencia antinarcóticos tiene en el Chaco’i, con la capacidad de quemar 150 kilos de droga por hora, sin emitir gases contaminantes. La medida fue solicitada por la fiscal Fabiola Molas y ordenada por la jueza Rosarito Montanía.
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