Fiscal Alejandro Machado, sondea las profundidades de los procedimientos administrativos
Ministros del Estado uruguayo y otros jerarcas declaran desde este lunes 30 de octubre
Sebastián Marset desató un verdadero tsunami institucional dentro del territorio uruguayo, afectando de lleno al gobierno nacional, y en particular, a su primer mandatario Luis Lacalle Pou, quien no acusa recibo del problema, pero en el fuero interno de la Torre Ejecutiva y de él mismo, la procesión debe ir por dentro, a paso firme, porque entendamos que también otros problemas además lo agobian, o al menos lo hacen cimbrar, como titular del Ejecutivo, y como líder político de un partido tradicional que hoy la oposición lo tiene en la mira. El reciente caso Penades, y el caso Astesiano hacen mella dentro de su administración. Y si a ambos hechos se suman al caso del pasaporte de Marset, que data de noviembre de 2021, el combo no es nada saludable, porque las repercusiones están sobre el tapete público. No hay que olvidar que haber entregado, desde filas institucionales, con la venia de dos secretarías de Estado, un pasaporte especial a un narco, que estaba detenido en Dubai y que hoy está prófugo internacionalmente, no fue un episodio baladí. Entonces, ahora las audiencias a nivel de la fiscalía se iniciaron ya hace pocos días, pero continuarán a lo largo del mes en curso, previéndose se tome declaración a altos jerarcas del gobierno, entre ellos los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, lo que significa estar a un paso de que se constaten corrupciones, siempre y cuando las indagaciones que se vienen cumpliendo en estos días confirmen irregularidades en la entrega del documento al delincuente Marset,
Oportunamente informamos que el martes que pasó, declaró ante el fiscal Alejandro Machado, especializado en Delitos Económicos y Complejos, el embajador uruguayo en los Emiratos Árabes Álvaro Ceriani, como así también la responsable de la investigación interna en la Cancillería, de nombre Karina Antenor -quien declaró vía telemática, estando representada por su abogado Gustavo Borde- que es instructora sumariante de la investigación administrativa que llevó adelante oportunamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta persona, es la única que prestó declaración ante el fiscal, en carácter de testigo, el resto lo hará en carácter de imputados.
Según trascendió la funcionaria de la Cancillería fue específicamente consultada sobre las conclusiones de la investigación interna, dentro del Ministerio, que determinó que el procedimiento (de entrega del pasaporte a Marset) había sido ajustado a derecho, con la salvedad de que esa investigación interna permitió establecer que muchos funcionarios de esa secretaría de Estado tenían cabal conocimiento de quién era Sebastián Marset.
Un aspecto que se contradice con los dichos del Canciller Bustillo, cuando fue interpelado el 22 de agosto de 2022, afirmando de que “nadie sabía quién era Marset”. Además, trascendió, que la investigación de la Cancillería también permitió saber que esa información (sobre quién era Marset) llegó igualmente a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, es decir a la abogada Carolina Ache, a la exdirectora general de Asuntos Consulares y Vinculación Pauline Davies, y a quien la sustituía provisoriamente en el cargo, Santiago Viale, a la cónsul en Abu Dabu, Fiorella Prado y al embajador uruguayo en Emiratos Árabes, Álvaro Cerianil.
Dentro de todo este nada sencillo panorama de idas y venidas de la información sobre el mentado Marset, por ejemplo, desde La Diaria, se informó, que la investigación interna de la Cancillería habría permitido conocer que unos diez mails vinculados al caso -que fueron enviados a una casilla genérica de la subsecretaría, a la que accedían varios funcionarios- fueron borrados de la bandeja de entrada.
Por su parte el embajador uruguayo en Emiratos Árabes declaró al fiscal en términos de ratificar en términos generales lo que planteó en su declaración en la investigación administrativa, en el sentido de que él se limitó a cumplir las órdenes que le impartieron desde la Cancillería, tras sugerir una revisión sobre el caso, tomando en cuenta la situación jurídica de Marset ante las autoridades paraguayas (de hecho estaba requerido por ese país), lo que para los directores de la Cancillería uruguaya no constituye un impedimento legal para la obtención del pasaporte.
El miércoles que pasó tomaron declaración, en la sede fiscal donde se encuentra Machado, en Montevideo, a Pauline Davies (cónsul general en Washington) por vía Zoon, siendo el asesor legal Jorge Barrera, mientras que también hizo lo propio, pero presencialmente, la funcionaria Fiorella Prado, la que concurrió con el abogado Eduardo Sassón.
El aspecto más importante de la declaración de Prado se relacionó con la forma en que se dejó sin efecto la solicitud del pasaporte pedido por Marset ante el consulado uruguayo de Santa Cruz de la Sierra, en enero de 2019, para dar trámite al pedido desde los Emiratos Árabes.
A propósito de este punto, informó La Diaria, que si bien en un audio enviado a Balbi (abogado de Marset) Prado dice que se modificó dentro del sistema el estado de esa solicitud de suspendido, a anulado, y eso le permitió avanzar con la solicitud del pasaporte desde el consulado en Abu Dabi, fuentes allegadas a la investigación informaron a ese medio que las pericias sobre este punto en particular, pedidas por el abogado de Carolina Ache, el doctor Jorge Díaz, determinaron que no fue tal como dijo Prado, porque el sistema no lo permite, y que el trámite ya estaba anulado cuando la cónsul ingresó al sistema.
Recordando los hechos, el pasaporte de Marset fue impreso el 25 de noviembre de 2021, para serle entregado con posterioridad una vez que el narcotraficante hubo autorizado (desde Dubai) al abogado uruguayo Carlos Andrés Balbi a retirarlo en la Cancillería. Luego, una copia escaneada del documento le fue enviada al consulado a pedido del abogado para de esa forma pueda ser presentado a las autoridades judiciales de los Emiratos Árabes Unidos, apelando a una versión estratégica: que Marset había sido engañado en Paraguay por quienes le entregaron el documento, en virtud de que él no tenía motivo alguno para apelar al uso de un documento apócrifo.
En otro orden, según informó El Observador, respecto a las personas indagadas, las mismas hicieron hincapié en que la seguridad está a cargo del Ministerio del Interior, tal lo manifestado, por ejemplo, por Paulina Davis (exdirectora de Asuntos Consulares) agregando que a esa cartera le correspondía hacer los controles sobre la situación de Marset, y que el Ministerio del Interior tomó conocimiento sobre Marset detenido en Dubai a través de la Cancillería.
Davis puntualizó que al tomar conocimiento sobre Marset por parte de Ache “instruí comunicar a Interpol y a la Dirección de Migración” insistiendo que el responsable de la seguridad es el Ministerio del Interior, puesto que la Cancillería "no tiene los mecanismos para realizar controles más allá del trámite administrativo que estuvo en regla”.
Todo esto habría ocurrido por el 21 de setiembre (del 2021) luego de la primera comunicación del Sub Secretario del Interior Maciel con Ache, cuando se conocieron los antecedentes de Marset como elemento del submundo del narcotráfico.
Cabe consignar, además, según Davis, que no bien ella recibió la comunicación Ache le escribió al embajador uruguayo de los Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, y que al no responderle llamó a la cónsul Fiorella Prado, todo a través de wasap, en virtud de la pandemia en curso.
Fiorella Prado estuvo representada por sus abogados y estos enfatizaron que todos sus puntos sobre la actuación consular fueron evacuados de forma satisfactoria y que su rol estuvo apegado a la legalidad.
Idas y venidas por doquier, que están comenzando a salir a luz en las instancias fiscales, y solo el fiscal Machado tendrá la última palabra, dentro de un contexto de complejidades de neto corte administrativo, y jurídico, donde las responsabilidades de los funcionarios indagados consituyen piezas de un gran rompecabezas que gradualmente se viene armando en la sede fiscal de la mano de las múltiples audiencias que ya se han venido cumpliendo y las que están previstas para los días próximos, a saber: el lunes 30 de octubre declarará el sub secretario del Ministerio del Interior Guillemo Maciel; al día siguiente, el martes 31 lo hará el ministro del Interior Luis Alberto Heber; mientras que el miércoles 1ero de noviembre declarará la ex sub secretaria de Relaciones Exteriores, la abogada Carolina Ache y dos días después, el viernes 3 el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo. También está previsto que concurra a declarar el abogado de Marset, Carlos Alejandro Balbi.
Cabe aclarar que todos ellos prestarán declaración en carácter de imputados y deberán concurrir -a la sede de la calle Cerrito- acompañados de sus respectivos abogados.
Está en curso una de las etapas indagatorias más escandalosas de los últimos tiempos, de un caso no menos escandaloso, como fue la entrega de un pasaporte a un hombre de nombre Sebastián Marset, quien en definitiva no era otro que un delincuente narco, de porte mayor, que hoy permanece prófugo, y cuyas andanzas han revolucionado notoriamente el ámbito mediático, siendo que el delincuente en cuestión estaría seriamente involucrado en actividades del narcotráfico transnacional, al extremo que en algún momento se lo consideró sospechoso de hacer parte de la autoría intelectual del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci.
La magnitud de esta ronda indagatoria ante el fiscal Machado, queda en evidencia, dado que los presuntos involucrados en irregularidades de alto tenor, son funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, y es inevitable que estamos ante una situación que puede tener muy graves repercusiones, tanto a nivel político, como institucional, fundamentalmente de corroborarse acciones dolosas, en el cúmulo de los procedimientos adoptados por todos los funcionarios públicos y en todas las etapas de gestión que se adoptaron, sin perjuicio de las intenciones que pudo haber tenido Sebastián Marset, obviamente.
Estamos ante una verdadera mescolanza de procederes de neto tenor administrativo, de complejidad y de trascendencia inimaginables, que dieron comienzo lapso antes de que en noviembre 21 se le entregara el pasaporte a Marset.
Un documento, que en su momento pasó inadvertido, pero que venía cargado de un muy sobrado halo de presunta corruptibilidad, que generaría oleajes insospechados, específicamente dentro del gobierno uruguayo.
Foto: mediospublicos.uy