Trece de los 14 citados son imputados; algo sin precedentes en el Uruguay
Dará comienzo este martes 24 de octubre, en la Fiscalía de Delitos Económicos, la inevitable ronda de audiencias en torno al caso del narco Sebastián Marset, o mejor dicho a las circunstancias en que el gobierno uruguayo le entregó un pasaporte especial estando él en Dubai (donde se detectó que portaba un pasaporte falso), documento que luego le permitió retirarse de la terminal portuaria con rumbo desconocido, hasta que lapso después se supo que se encontraba en territorio boliviano, y en la oportunidad, al ser rodeado por la policía logró darse a la fuga y ahora permanece prófugo a nivel internacional. A sus espaldas, entre otras cosas, dejó un tendal de situaciones y una de ellas involucraría, de frente y mano, a no pocas autoridades del gobierno uruguayo, las cuales deberán comparecer ante el fiscal -doctor Alejandro Machado- que entiende en este escandaloso caso que evidenciaría, una vez más, un inusitado (y nunca visto) nivel de infiltración de la criminalidad dentro de estratégicas instituciones del Estado uruguayo, en particular de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior.
Los coletazos de un episodio inédito, de connotaciones gubernamentales y cuyas consecuencias podrían ser insospechadas, tomando en cuenta el contexto, habrán de irse materializando en el curso de la ronda de audiencias que se inician el martes.
No será novedad, ni para las personas que ha sido citadas a declarar, ni tampoco para el ámbito fiscal, el hecho de que estas audiencias serán concluyentes, en torno al caso del pasaporte de Marset, siendo que la presunta irregularidad hubo cobrado estado público bastantes meses antes, desatando una verdadera andanada de apreciaciones críticas que partieron especialmente de los partidos de la oposición, porque de hecho el caso, de neto corte irregular, (de confirmarse las imputaciones en puerta para los involucrados) significaría un verdadero tsunami desde el punto de vista político, especialmente para la administración de Luis Lacalle Pou. Ergo, el costo político sería altamente relevante.
Las audiencias previstas serían entre los días 24 de este mes de octubre al 11 de noviembre, del año en curso, contabilizándose un total de 14 personas, las que están citadas a declarar, ante el fiscal Machado. Cabe precisar que con anterioridad, el fiscal de Corte Juan Gómez, se interiorizó de todas las versiones taquigráficas de la interpelación que oportunamente la oposición hizo a los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, concluyendo que habían muy bien definidos elementos que justificaban “con amplitud” una investigación penal, disponiéndose en consecuencia que todo ese material se habría de derivar al departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) a los efectos de que un fiscal se haga cargo del caso, siendo designado el fiscal Alejandro Machado.
Oportunamente, y mucho antes de esta etapa, no estaba muy bien definido, como ocurre ahora, que las autoridades llegaron a omitir informar al Senado que no pocos conocían perfectamente los antecedentes del narcotraficante Marset al momento de expedirle el pasaporte especial que lo catapultó a la clandestinidad, siendo que había sido detenido con una documentación falsa en el mes de setiembre del año pasado.
Se pudo saber, a pocas horas de iniciarse la ronda de audiencias en la fiscalía de Delitos Económico, que precisamente su titular Machado, tendría numerosos elementos en su haber, para llevar adelante las audiencias, como por ejemplo las investigaciones administrativas internas tanto del Interior como de la Cancillería, incluyendo también los resultados de pericias, dos en particular: la del sistema interno de la Cancillería ( la que por otra parte fue vital para conocer perfectamente los pormenores de la presunta irregularidad) y la que se refiere a la identificación de los funcionarios que tomaron participación en un trámite anterior -en la ciudad de Santa Cruz- de Sebastián Marset.
En torno al caso del pasaporte del narco uruguayo hoy prófugo tiene en su haber toda suerte de tonalidades, no solo respecto a los hechos relacionados con el pasaporte en sí, sino además en lo que concierne al accionar del sujeto en cuestión, cuyo perfil mediático no ha dejado de sonar y ha provocado un sinfín de especulaciones, tanto a nivel mismo del mundillo del hampa en el que se maneja, como dentro de los ámbitos institucionales de los países en los cuales ha dejado su estela de delitos y todo un enjambre de actividades relacionadas estrechamente con la redes internacionales del narcotráfico a gran escala, mundo en el que se desenvuelve desde hace ya algunos años, y con especial soltura.
¿Quiénes son las personalidades del gobierno uruguayo que han sido citadas para que se les tome declaración en la órbita de la fiscalía, en el marco de una investigación que podría tener repercusiones insospechadas?
El Embajador del Uruguay en los Emiratos Árabes Unido, Álvaro Ceriani; la ex cónsul uruguaya en Emiratos Árabes (hoy cónsul adjunta en San Francisco), Fiorella Prado; la ex directora de Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería (la oficina que le entregó el pasaporte a Marset), Paulina Davies; el funcionario del Departamento de Documentación de Viaje de la Cancillería, Damián Molfino; un funcionario de Asuntos Consulares de la Cancillería, de nombre Fernando Pereda; otro funcionario que asumía la dirección cuando Davies se encontraba de licencia, identificado como Santiago Vitale; el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel; el ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien oportunamente fue interpelado por el caso del pasaporte otorgado al narco Marset, en el mes de agosto de 2022; la es subsecretaria de Relaciones Exteriores, abogada Carolina Ache, quien además renunció a su cargo en diciembre de 2022; el Canciller, Francisco Bustillo, quien oportunamente fue interpelado en agosto de 2022; el abogado de Marset, Alejandro Balbi, quien llevó adelante diversos intercambios formales e informales con jerarcas de la Cancillería y el Ministerio del Interior, con el fin de que se le expida a su cliente Marset, el tan mentado pasaporte especial; el Comsiario Mayor, titular del director de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, José Luis Rondán; el ex sub director de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, quien fue removido de su cargo por este caso, apenas horas antes de la interpelación a los ministros Heber y Bustillo; la abogada y funcionaria de la Cancillería, Karina Antenor, quien será la única que habrá de comparecer en calidad de testigo, dado que las restantes trece personas lo harán en carácter de imputados.
Los cimientos en los cuales se sostiene la investigación del fiscal Machado se fueron perfilando desde el momento mismo en que se movió la primera pieza del engranaje para favorecer a Marset, extendiéndole el pasaporte, desde Montevideo. Hubo un sinfín de situaciones que contribuyeron a esa entrega, y la madeja de vínculos fue creciendo y se fue agrandando de manera escandalosa, dentro de un contexto de idas y venidas, tecnicismos y gestiones, en las que las llamadas telefónicas, los chats y los correos, fueron moneda corriente, siempre con la participación de jerarcas de diferente nivel. Jerarcas que luego de conocidos los hechos -es decir de entregado ya el pasaporte y ya Marset se hallaba con paradero desconocido- se fueron responsabilizándose unos a otros, buscando quizás ponerse a distancia de toda irregularidad -o responsabilidad penal- en puerta, o quizás también para desmoldarse de todo desmadre relacionado directamente con un narcotraficante que supo ser mediático meteóricamente y que de un plumazo, puso contra las cuerdas a nada menos que unas 14 personas funcionarias del gobierno uruguayo.
¿Un escándalo sin precedentes? Sí. Ahora, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, desde este próximo martes 24 tomará las riendas del caso, y en sus manos estará la suerte de cada uno de los indagados. Y la suerte de la honestidad del gobierno uruguayo.
Lo que no es un hecho nada menor, si se toma en cuenta que el episodio fue sin duda alguna, uno de los tantos escándalos de la administración Lacalle Pou, de los últimos tiempos, concerniente a actos de corrupción, ligado nada mas ni nada menos, en este preciso caso, a un narcotraficante cuyo perfil mediático -y criminal- y su situación de prófugo, lo colocan en un sitial de alto voltaje, el que le podría acarrear muy graves problemas a Luis Lacalle Pou, una vez más.
Entonces, este martes 24 de octubre, en el caso del pasaporte, dan comienzo audiencias, concluyentes, aclaratorias y de muy alto valor ético, al menos porque significa que dentro del ámbito del Ministerio Público, todavía rigen ciertos parámetros que hacen creíble el sentido de su existencia, como institución dentro de un estado de derecho, donde la función pública es funcional a la honestidad, para no ceder paso ni a la impunidad, ni a la corrupción.
Con el correr de las horas veremos cómo se vienen sucediendo los hechos. Esta claro que sobran las expectativas. Y todo puede ser el comienzo, de otro gran dolor de cabeza para el titular del Ejecutivo, costó político de por medio, porque según los resultados del trabajo fiscal eso será inevitable.
Foto: composición Antimafia Dos Mil