Violencia y corrupción, son las monedas de cambio del narco Estado
En medio de una semana llena de tensión tras el motín en la cárcel de Tacumbú, la fragilidad de la institucionalidad paraguaya volvió a quedar expuesta ante los ojos del mundo. Una institucionalidad infiltrada de cabo a rabo por el crimen organizado, que exhibe innegablemente sobre el territorio, los distintos niveles de organización que van desde las estructuras del bajo mundo que dosifican el delito en las calles y en las cárceles, hasta la de los cuellos blancos que delimitan de manera desviada los parámetros institucionales y “democráticos” del país. Un país que pasó de ser un narco-Estado dictatorial a un narco-Estado de lógica mafiosa.
El pasado 15 de agosto Paraguay celebró el inicio del octavo mandato presidencial consecutivo, desde el derrocamiento del general Stroessner y el advenimiento de la democracia. Una democracia que desde el primer momento quedó bajo la tutela de la misma estructura criminal que gestionaba la violencia política e ideológica de la época. El primer presidente fue el general Andrés Rodríguez, quien además de ser yerno de Stroessner, era uno de los grandes regentes del narcotráfico en la región, como se sugiere en el documental ‘Paraguay, droga y banana’ del periodista Juan Manuel Salinas. La desarticulación de la rigidez castrense, sumada a la proliferación de la cultura de la corrupción, dio paso al desgaste institucional que le soltó la mano a la violencia descarnada de las bandas criminales de frontera, que en poco más de dos décadas, concentraron un gran poder, sobre todo a partir de la expansión del narcotráfico globalizado. Hoy, estas estructuras asemejadas a las lógicas del PCC brasileño, y el propio PCC, le disputan el poder al sistema tradicional de caudillos.
Dos momentos icónicos de esta transición fueron el asalto tipo comando para asesinar al capo narco Jorge Rafaat Toumani, en junio del 2016; y en mayo del año pasado, el crimen del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, miembro de una tradición política en la frontera. Un crimen, este último, que dejó muy mal parado, institucionalmente hablando, al gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez, que demostró en los hechos (o en los no hechos, mejor dicho), la imposibilidad del gobierno nacional en lo que respecta al control del territorio.
El narcotráfico, una política de Estado
En octubre de 1994, el entonces director de la SENAD, el general Ramón Rosa Rodríguez fue asesinado a traición por sus hombres, cuando intentaba informar al presidente Wasmosy sobre la profunda infiltración del narcotráfico dentro de las estructuras políticas del Estado, que en ese presente estaban copadas casi absolutamente por los miembros del Partido Colorado. Casi 20 años después estas relaciones narcopolíticas quedaron en absoluta evidencia con el asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. Ambos sucumbieron a manos del Clan Acosta, cuyo líder, Wilmar ‘Neneco’ Acosta era -además de colorado-, el intendente de Ypejhú, una pequeña localidad de próxima a la frontera en el departamento de Canindeyú. Este doble homicidio forma parte de una larga lista de periodistas asesinados en Paraguay bajo el yugo del narco-Estado. Pese a los constantes reclamos, que continúan hasta hoy, de familiares y activistas, el aparato político-judicial no logró, o no quiso, profundizar en las relaciones de poder que apadrinaban al Clan Acosta y que guiaban las investigaciones hacia la capital del país.
Un HUB de cocaína
Durante años las bandas narcocriminales de Paraguay se abocaron al cultivo de marihuana y al contrabando regional, pero la expansión del consumo de cocaína a nivel mundial y la ingente contrapartida de dinero sucio, fueron transformando la fisionomía criminal y por consiguiente también la del país. Las numerosas incautaciones de cocaína en todo el mundo, que tienen origen común en los puertos del Paraguay, no dejan lugar a dudas sobre el cambio de dinámicas. Sumado a esto, el boom inmobiliario que llenó las principales ciudades de ostentosos edificios y creo una constelación de centros turísticos, así como también la proliferación de miles de estaciones de servicios y shoppings en lugares remotos tierra adentro, que escapan a cualquier teoría empresarial y que tienden a destruir la matriz económica y productiva legal del país. Son estas algunas de las consecuencias directas de haberle dado paso a estructuras criminales más complejas de tipo corporativo y de impacto transnacional.
El fiscal antimafia Marcelo Pecci, había tomado contacto con esta realidad a partir del trabajo conjunto con jueces y fiscales italianos, pero nos solo, especializados en la persecución penal de organizaciones criminales de tipo mafioso. Como resultado de estas colaboraciones se logró desarticular una importante red criminal internacional dedicada al lavado de dinero y al tráfico de cocaína a gran escala con destino a Europa, en lo que se conoció como operación A Ultranza Py. Por vez primera dentro de los ámbitos institucionales del Paraguay se aceptaba la presencia cuasi permanente de una organización compleja como lo es la ‘Ndrangheta italiana, que es, hoy por hoy, quien gestiona el 80% de la cocaína que se consume en el mundo.
Poco tiempo después, Marcelo Pecci fue asesinado en una playa del Pacifico colombiano, mientras estaba de luna de miel con su flamante esposa. Un crimen en el que rápidamente, casi en tiempo récord -al igual que en el caso de Pablo Medina-, se pudieron detener a los autores materiales, que inmediatamente, en su mayoría, aceptaron los cargos pidiendo incluso disculpas a los familiares, a la ciudadanía y las autoridades ofendidas. Ahora, al igual que en el caso de Pablo, los familiares y activistas sociales, continúan reclamando que se esclarezcan las identidades de los autores morales de tan atroz crimen.
En las últimas semanas, durante las jornadas de audiencia en Colombia, donde es llevado adelante el juicio, uno de los culpables, Francisco Correa Galeano, señaló como responsables directos del crimen al jefe narco Miguel ‘Tío Rico’ Insfran y al expresidente y patriarca del Partido Colorado, Horacio Cartes Jara. Una señalización que no debemos tomar a la ligera, sobre todo si tenemos en consideración que el ‘Patrón’, se tambalea en su trono luego de haber sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos como “significativamente corrupto”. Un mote que limita la libertad de acción y física del expresidente, que teme que, si sale de su país, reclamado por la justicia colombiana, pueda ser arrestado a pedido del gobierno yankee. En este sentido cobran mayor relevancia los acuerdos de extradición que el país del norte tiene con Colombia.
Este panorama que parece desolador, nos obliga desde la redacción de Antimafia Dos Mil, a volver a convocar a la ciudadanía paraguaya a sumarse a las actividades de difusión y concientización sobre estos temas que se realizan en torno a un nuevo aniversario por el asesinato de nuestro compañero de tareas Pablo Medina. Junto a los jóvenes de Our Voice y otras organizaciones sociales y culturales de resistencia los invitamos a formar una antimafia popular que destierre de una vez por todas a las lógicas mafiosas del Estado paraguayo.
Foto: Radio y TV Nuevo Paraguay