El clan criminal Rotela ejerce sobrada influencia dentro y fuera del penal

Una pulseada constante con el Estado

Cuando vemos ante nuestros ojos, que los episodios de violencia penitenciaria de la cárcel Tacumbú de Asunción, en Paraguay, de las últimas horas, escasamente se relacionan con reclamos habituales de la vida en reclusión y más bien, están vinculados al hecho de que el establecimiento está literalmente bajo control del crimen organizado, podemos desprender de todos estos hechos, que el Estado está cooptado por la ideología mafiosa (por más que esto se niegue en forma recurrente) y por ende está ausente. O lo que es decir, cediendo un espacio vital, a un muy alto nivel de corrupción institucional operante dentro del país hermano.

En nota aparte dimos cuenta del motín. Un motín, que en sí mismo, parecería no ser más que un episodio inherente a quienes viven privados de su libertad, y que no descarta reclamos inherentes a la vida intramuros: superpoblación, falta de alimentos, de asistencia médica, de actividades etc. Pero, no todo es así de simple. Dentro del tema penitenciario, un trasfondo non santo -lamentablemente- siempre hay, al menos es una característica que predomina en Latinoamérica y más allá de sus fronteras también.

Y Tacumbú no es para nada la excepción. Justamente en el Paraguay, esta cárcel es considerada como una de las más peligrosas del mundo. Y es ya una constante y una norma, para los paraguayos, que ese establecimiento está dominado por el crimen organizado, bajo un amplio espectro de modalidades. Entonces, el pasado martes, puntualmente se hizo visible uno de esos dominios. Y con celeridad increíble los acontecimientos se fueron precipitando, dejando entrever que Estado y vida penitenciaria en Tacumbú, están estrechamente vinculados, pero no porque se trate meramente de una cárcel bajo la administración del Estado, sino porque esos vínculos, (queda más que claro, juzgando los sucesos) no se están dando bajo cánones normales, o si se quiere dentro de un marco de legalidad y coherencia institucional, sino al contrario, se están dando bajo parámetros contaminados, desde la raíz. En consecuencia, los hechos son prueba inconfundible de que hay un mar de fondo, más superado en turbiedades, que en simples desavenencias entre personas privadas de libertad y las autoridades naturales de un régimen penitenciario. El connubio entonces, entre presos y Estado, en el Paraguay, es mucho más profundo y mucho más descarnado, y descarado, que lo uno puede suponer.

Estuvimos en Asunción la jornada misma en que el establecimiento fue tomado por la población reclusa; motín liderado por un grupo criminal que responde al delincuente Armando Javier Rotela (de 40 años de edad) quien se encuentra preso en el establecimiento para cumplir una condena de 19 años, por narcotráfico.

Desde los alrededores, donde la guardia policial y militar es férrea, y el clamor y las tensiones de los familiares de los reclusos es notorio, uno se hace la idea de una típica revuelta provocada por presos, pero intramuros, los hechos están ligados a una movida mucho más concienzuda, de raíces que enturbian, nada menos que al Estado.

Hay un hecho muy claro, el clan Rotela, que lidera el motín, está por detrás de todo, porque se trata de un grupo criminal que ejerce mucha influencia, dentro del establecimiento, tanto así que, a poco de asumir el gobierno del país, Santiago Peña, quien nombró como ministro de Justicia a Ángel Ramón Barchini, este secretario de Estado sintió muy fuerte la presión de los Rotela, al punto de ceder a la presión para cambiar al director del Penal, asumiendo luego Pedro Rafael Farías Espínola.

Una serie de situaciones ligadas a este cambio se fueron sumando de tal forma, y muy pronto se encendió la mecha para el inicio del motín, visibilizándose así la vigencia del poder del clan dentro (y fuera) del establecimiento.

Ocurrió que el ministro de Justicia Barchini declaró que el sub oficial Oliver Daniel Lezcano -procesado por el asesinato del militar Líder Javier Ríos- fue secuestrado y asesinado (descuartizado) por miembros del grupo Rotela, anunciando luego un plan para recuperar el control de las penitenciarías que tendría un alto “costo de vidas humanas”. No cayeron nada bien estos dichos del ministro, lo que determinó que los privados de libertad de ese grupo criminal optaran por tomar el control del Penal. Así, se dio forma al motín; se tomaron como rehenes a los guardias penitenciarios y a personas que allí estaban de visita. El caos reinó y el motín, una vez más, demostraba que los vínculos entre Estado y crimen organizado, estaban excesivamente tóxicos. Porque ya desde la base, la ausencia estatal, no era una falla circunstancial, sino más bien, era uno de los cimientos más firmes, de una corrupción institucional expandida, muy vigente y muy bien posicionada dentro de la vida nacional, funcional siempre, a una ideología criminal, de vieja data. El asunto medular, en todo esto, es que, si el Estado cede espacio al crimen organizado, en los ámbitos más estratégicos -como es por ejemplo un centro penitenciario- pocos resultados favorables pueden salir de esa debilidad, de esa concesión.

En ese contexto, no hay que olvidar, como dato adjunto, que el clan Rotela tiene una lucha de poder con el Primer Comando de la Capital (PCC) por mantener el control de las cárceles en el Paraguay.

El martes, el corto circuito entre Estado y Clan Rotela no pudo ser neutralizado y el motín se vivió en toda su extensión. De los hechos en sí, no hubo que lamentar heridos entre los rehenes, porque no fue necesaria la intervención violenta de las fuerzas de seguridad, y los rehenes fueron liberados, conversaciones de por medio. El clan Rotela apostó a la calma, de hecho, aclarando todo lo relativo al Sub Oficial Oliver Daniel Lezcano: que no estaba muerto y que se encontraba prófugo. Un video dándolo a conocer con vida cerró toda duda al respecto y eso en definitiva permitió la liberación de los rehenes y el final del motín. No obstante, desde intramuros de Tacumbú se reclamó la renuncia del ministro de Justicia.

El motín no causó una violenta represión, ni tampoco hubo que lamentar heridos y los disparos que se escucharon en los alrededores no fueron provocados por las fuerzas de seguridad cercando el perímetro. En horas de la noche del martes, hubo incidentes sí, con personas que intentaron alejar a la policía de la zona, en las calles circundantes; hubo quema de cubiertas; y asimismo se apedreó a los bomberos y hasta se cometieron algunos robos contra algunos periodistas que estaban allí -en las cercanías de la cárcel- en tarea de cobertura informativa. La Policía en esas circunstancias practicó algunas detenciones, pero las situaciones no pasaron a mayores.

Solo con el correr de las horas, a la llegada de la luz solar, se pudo saber que un privado de libertad dentro de la cárcel y durante el motín había perdido la vida. Aún sin confirmarlo oficialmente, el hecho más bien se trataría de un incidente entre dos reclusos, por motivos personales. Uno de los cuales habría ultimado al otro con un objeto cortante. Entregado el cuerpo a las autoridades, cuando se retomó el control del establecimiento, ahora será la Justicia la que definirá responsabilidades.

El después

En horas siguientes al motín, se dio a conocer por los medios de prensa locales, que el presidente del Paraguay Santiago Peña, no solo decidió mantener firme en su cargo al ministro de justicia Barchini sino que además llegó a contradecir la versión de que hubo una crisis.

Mientras desde el Ejecutivo se constituyó una mesa de crisis, su titular la terminó negando, prometiendo además nuevas cárceles y capacitación del personal penitenciario. Peña dijo enfáticamente, que, a pesar de los últimos acontecimientos, admitiendo que hubo violencias que desencadenaron el motín, una toma de rehenes, un incendio dentro mismo del establecimiento y hasta una suerte de revuelta protagonizada por guardias penitenciarios que apoyaron a los privados de libertad, no hubo una crisis en Tacumbú.

Hay una contradicción clara porque un día antes, él mismo dispuso que fuera el ministro del Interior, Enrique Riera, quien instalara una mesa de crisis

“Lo que estamos viviendo no es una crisis, es un enfrentamiento con la delincuencia, como el Estado está enfrentando mañana, tarde y noche. Ayer ocurrió un enfrentamiento con privados de su libertad y restablecimos el orden” dijo al periodismo paraguayo.

El presidente apoyó a Barchini, no obstante, que él sería uno de los causantes del motín, debido a sus dichos en una reunión del consejo de ministros (que fue trasmitida en vivo opotunamente) en la que pidió más seguridad porque el clan Rotela conocía todos sus movimientos, informando también que un policía que creían fugado había sido descuartizado en Tacumbú. Lapso después, ese policía publicó un video manifestando que estaba vivo.

Peña dijo al respecto que hubo una falla en la Inteligencia del gobierno: “Todos nos hemos enterado a través de la prensa que este policía estaba vivo. No estaba muerto, andaba de parranda”.

Y agregó: “Los motines y las armas en Tacumbú no son una novedad y tampoco es responsabilidad plena del ministro, sino del Estado y de la sociedad. El penal tiene 2.700 reclusos y solo 1.100 están condenados, mientras que 1.600 están en proceso judicial. Hay una superpoblación ya que la capacidad de la cárcel es solo de 1.500 personas. No estamos dispuestos a negociar con privados de su libertad. Esta no es la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Quiero darle todo mi respaldo al ministro”.

Apoyos o no, negativas de crisis, o no, lo cierto es que los hechos hablan por sí mismos, y esto va mucho más allá de la posición o de la buena intención que pueda tener el presidente Santiago Peña. Entendemos que él sabe perfectamente la profundidad de estos hechos, pero no sería nada bueno que tenga presente que la población también la conoce, la palpa y la percibe.

Paraguay, desde hace años, trasciende abrazada a una línea de corrupción y de toxicidad institucional cargada de una intensidad ya difícil de disimular. Solo saber, por ejemplo, de que desde 1989 a la fecha, veintiún periodistas fueron asesinados en su territorio por la narco política, alcanza y sobra para asumir un mensaje bochornoso. Y lo mas reciente, que un fiscal antinarco, como Marcelo Pecci haya sido asesinado fuera del Paraguay por estar seriamente comprometido en las investigaciones de grupos narco mafiosos operando en su país, es otro mensaje aterrador, sumándose ahora, la acusación que hace un sicario de ese magnicidio, de que uno de los ideólogos del crimen de Pecci, sería nada menos que el ex presidente Horacio Cartes, junto a un delincuente pesado local apodado “Tío Rico” del clan Insfrán.

Estamos entonces frente a un panorama re tóxico, con una democracia paraguaya contaminada, que no ofrece a la ciudadanía, las debidas garantías institucionales; y que pone a la población a las puertas del más legítimo descreimiento que pueda tener en el estado de derecho.

¿Qué está ocurriendo bajo la mesa? ¿Qué turbiedades se siguen gestando bajo la superficie de las aguas “calmas” de la democracia paraguaya de nuestros días?

Veamos no solo los árboles, que encontramos cercanos, sino también (y mucho) el bosque en el que se encuentran plantados. Es decir, tenemos a ojos vistas las piezas del rompecabezas, solo que hay que tener la paciencia y el sentido común para armarlo.

No hay peor ciego, que aquel que no quiere ver; ni peor sordo, que aquel que no quiere escuchar.

Foto de portada y 3: Última Hora

Foto 2: Antimafia Dos Mil / Jorge Figueredo