Los jueces penales de Garantías de Asunción Esteban Florentín y Clara Ruiz Díaz admitieron este jueves a la tarde el pedido de la defensa del recientemente extraditado banquero uruguayo José Peirano Basso, de otorgarle el arresto domiciliario, a cambio de garantías reales ofrecidas por sus abogados. Peirano deberá cumplir su arresto en un edificio de departamentos en Santísima Trinidad, un barrio de la capital paraguaya.

Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Peirano, explicó a los medios de prensa que "este jueves a la tarde ambos hicieron lugar al pedido de revisión de medidas cautelares y le otorgaron el arresto domiciliario".

Duarte Cacavelos manifestó además que "ambos jueces admitieron la caución de 1 millón de dólares que ofreció y la custodia de los Certificados de Depósito de Ahorros (CDA) en el Banco Nacional de Fomento".

El letrado también dijo que "los actuarios de ambos juzgados se encuentran en el BNF labrando las actas respectivas de la entrega de esos certificados".

Lo que establece la resolución de los jueces sobre el caso Peirano

En su decisión, los magistrados tuvieron en cuenta que al otorgarse la garantía real desaparecía el peligro de fuga, y por lo tanto se daba uno de los presupuestos establecido en el Código Procesal Penal, para la aplicación de una medida menos gravosa que la prisión preventiva.

También ambos jueces establecen que deberá guardar arresto domiciliario en un edificio de departamentos ubicado en el barrio Trinidad de la Capital, donde recibirá controles aleatorios de la comisaría jurisdiccional y de donde no podrá mudarse sin comunicación previa a los juzgados.

En caso de violación de estas medidas, la prisión domiciliaria será revocada y las fianzas ejecutadas.

Hay que recordar que Peirano Basso fue condenado en el 2013 en Uruguay por insolvencia societaria fraudulenta en la quiebra del Banco de Montevideo en el 2002. Estuvo cinco años en prisión.

La extradición ya había sido concedida años atrás, pero Peirano todavía estaba cumpliendo su pena en el país oriental, por lo que recién a finales de mayo fue enviado al territorio nacional.

Foto: Ministerio Público de Paraguay