La Cámara de Diputados de Paraguay le dio curso al pedido de la Fiscalía

En Uruguay las negligencias, en el más ingenuo de los casos, dejaron al narco libre

En los últimos días durante el plenario de la Cámara de Diputados del Paraguay se votó el desafuero del diputado -y senador electo-, Erico Galeano Segovia. “Se realizó el análisis de la imputación donde se describen situaciones fácticas; hay descripción específica de hechos concretos; y entendemos que reúne los requisitos y existen elementos de sospecha sobre existencia de hechos punibles”, dijo la diputada Rocío Vallejo, quien es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. 

Como habíamos informado, la Fiscalía había pedido el desafuero del parlamentario cartista, bajo los cargos de lavado de dinero y asociación criminal, por delitos vinculados a la organización criminal de alto perfil, perseguida por la investigación A Ultranza Py, que fue la última causa que coordino el fiscal antimafia Marcelo Pecci, antes de ser asesinado por un escuadrón de sicarios, en una isla paradisiaca en Colombia. 

Galeano -quien comparte con el expresidente Horacio Cartes no solo la política, sino también los negocios tabacaleros y el gusto por la dirigencia deportiva-, está siendo investigado por una serie de transacciones económicas realizadas con Hugo González Ramos, quien sería uno de los testaferros de Miguel Ángel Insfran, conocido como ‘Tío Rico’, quien fue recientemente extraditado desde Brasil. Miguel Insfran está considerado por los investigadores de la causa como uno de los líderes de la organización que traficó miles de kilos de cocaína, con destino a Europa. El otro sindicado como líder, es el uruguayo Sebastián Marset.

Prófugo, pero liberado

Han pasado más de ocho meses desde que el gobierno uruguayo –a instancias de una valija diplomática-, permitiera la fuga de Sebastián Marset, quien está acusado de ser uno de los líderes de una organización criminal de alto perfil dedicada al tráfico de cocaína a nivel intercontinental, así como también de montar una imponente red de lavado de activos.

Marset, bajo la fachada de un empresario de espectáculos y cuando no de empresario deportivo, fue detenido en Dubái el 10 de setiembre de 2021, cuando intentaba subirse a un avión rumbo a Europa con un pasaporte paraguayo falso. Según distintas versiones periodísticas, el oficial de aduanas percibió al tacto las irregularidades del documento, y ordenó su detención. Para Marset, empezaba la cuenta regresiva.

Tan solo dos días después en Paraguay, un grupo comando –luego de reducir a los guardias de seguridad-, irrumpieron en la propiedad del empresario Mauricio Schwartzman y lo acribillaron con armas de guerra. Tiempos después informes de la secretaria nacional Antidrogas (Senad) darían cuenta sobre el vínculo del empresario con el crimen organizado, en particular a lo que respecta a la gestión de documentación falsificada. Uno de sus grandes clientes era el propio Marset.

Mientras tanto, desde una celda en el medio del desierto, precisamente Marset movía influencias en Paraguay –incluso vía diplomática-, pero el panorama era desalentador. Las fuerzas de seguridad, con colaboración de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) e Interpol, ya estaban articulando los últimos movimientos de la operación A Ultranza Py, que se conocería públicamente recién en febrero del 2022, pero las tareas de inteligencia habían iniciado en el 2019. 

Días atrás el senador Derlis Osorio, declaró ante el fiscal Juan Manuel Ledesma, que, en setiembre del 2021, Erico Galeano, por intermedio de Ezequiel Ramírez Barreto, les pidió a diferentes figuras de la política -entre ellas el presidente Mario Abdo Benítez-, ayuda para recolectar 500 mil dólares para financiar la liberación de Marset. Pero en Paraguay, los rumores sobre la investigación de A Ultranza y la inevitable fractura de la organización devolvieron negativas, y el narco, preso en Dubái, temiendo la extradición, se vio obligado a retomar su identidad real, y a través de su abogado Alejandro Balbi, comenzó a mover cielo y tierra para obtener un pasaporte legal en Uruguay.

El 20 de octubre del 2021, la familia de Sebastián Marset se presenta ante el consulado uruguayo en Emirato Árabes Unidos, solicitando sean realizados los trámites pertinentes para que el pasaporte sea emitido, permitiendo de esta forma destrabar el proceso judicial iniciado, el cual de continuar finalizaría con la extradición a Paraguay, desde donde Marset había arribado. Es importante considerar que Marset, en ese presente, había sido investigado en tres ocasiones por la justicia uruguaya por receptación y tenencia de estupefacientes, y en una ocasión por homicidio. También se le había negado en reiteradas ocasiones la entrega del pasaporte por negarse a declarar domicilio. Una semana después, antes de que se tomara cualquier medida legal en Uruguay, la encargada de la Sección Consular Fiorella Prado, se presentó en la celda del detenido y le tomó las huellas dactilares para iniciar los trámites del documento.

Los primeros días de noviembre tienen lugar una serie de conversaciones entre el subsecretario del ministerio del Interior Guillermo Maciel, y la vicecanciller Carolina Ache, sobre la situación de Marset. Sin medias tintas, Maciel, alarmado, le advierte que se trata de “un narco muy peligroso y pesado. (Y le solicita) saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”. Desde aquí en adelante las negligencias -en el más ingenuo de los casos-, y las complicidades -en el más crudo de los casos-, de la política uruguaya para con el crimen organizado de alto perfil, vuelve a hacerse evidentes como lo fueron con la fuga del capomafia italiano de la ‘Ndrangheta, Rocco Morabito. 

El 11 de noviembre, según informó La Diaria, el abogado Balbi –recientemente nombrado presidente del Club Nacional de Football-, logró conseguir un oficio del juzgado de Crimen Organizado, en el que quedaba sin efecto la averiguación de paradero que pesaba sobre Marset, lo cual “destrababa” el trámite administrativo, y deslindaba responsabilidades, al menos eso creían. En las últimas horas del 18, Cancillería ordena al Consulado, darle curso al trámite del pasaporte por considerarlo “independiente del proceso judicial en curso que el señor tiene con la República del Paraguay”. Finalmente, valija diplomática de por medio, el pasaporte legal otorgado por la República Oriental del Uruguay, llega a manos de Marset en los últimos días del año. Los llamados, por el paradero de Marset, van y vienen entre Interpol y la Cancillería, por el paradero de Marset. Finalmente, el 15 de febrero, el Consulado, informa que Marset fue liberado y que se desconoce su paradero. Justo a tiempo.

El 24 de febrero, en Paraguay, las fuerzas de seguridad despliegan un imponente operativo en simultáneo donde son detenidas 24 personas. En pocos días se incautan bienes y activos por un valor superior a los 100 millones de dólares. Desde entonces, el pus del sistema político mafioso del Paraguay -conocido históricamente por ser el más corrupto de la región-, sigue saliendo a la luz, dejando en claro que estas estructuras criminales de alto perfil solo pueden existir gracias a la complicidad activa de los más altos funcionarios del Estado. En Uruguay nos preguntamos: ¿Y por casa cómo andamos?