¿QUIÉN ORDENÓ EL ASESINATO DEL FISCAL MARCELO PECCI? ¿HASTA CUÁNDO LA IMPUNIDAD?

: Alejandro Diaz; CRIMEN ORGANIZADO REGIONAL; 10 Mayo 2023

A un año del magnicidio del fiscal antimafia, seguimos reclamando la identificación de los ideólogos

Hace exactamente un año atrás las redacciones del mundo se alertaban ante la noticia del vil y cobarde asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci; crimen que tuvo lugar en tierras colombianas. Tres balazos a quemarropa imponían la lógica del terrorismo mafioso sobre la idea de Estado.

Perseguido a través de las fronteras, el fiscal fue acorralado en una paradisíaca isla en el Pacífico colombiano, lugar a dónde había llegado discretamente de luna de miel con su flamante esposa, la periodista Claudia Aguilera. Durante los días previos al atentado, con entusiasmo, y cierta inocencia, la joven pareja había compartido unas fotos íntimas con sus familiares y allegados anunciando el embarazo de ella. Lejos estaban los gruesos expedientes contra el crimen organizado y los recovecos donde se esconden los susurradores, los lagartijos y las víboras de uno de los sistemas de justicia más corruptos del continente. Lejos estaban los cuellos blancos que digitan el ir y venir de las naciones. Pero largos son los tentáculos de esta hidra que nosotros reconocemos como sistema criminal integrado, y que Marcelo Pecci tuvo el coraje de enfrentar, sin suponer que esa valerosa decisión -fruto de su compromiso con su labor de Fiscal- le costaría la vida.

Pasadas las 10 de la mañana de aquel día, mientras el matrimonio disfrutaba de la playa, en los balnearios de Barú, en Cartagena, un equipo de sicarios los observaba de cerca. Hacía varias semanas que la orden de ejecución, desde un alto e impune nivel, había sido dada. Marcelo Pecci, que por aquellos días comandaba en el Paraguay una de las investigaciones contra el crimen organizado más importantes, de los últimos tiempos (A Ultranza Py), debía morir.

Ni las autoridades paraguayas, ni las autoridades colombianas dispusieron medidas de protección para el fiscal, que literalmente estaba vulnerable en grado máximo.

Aquella fatídica mañana, Marisol Londoño y su hijo Cristian Camilo Monsalve, apostados en la playa, a metros de Pecci, se hacían pasar por una pareja, y una vez identificado el objetivo hicieron señas al tirador. Wendret Carrillo, se acercó a la orilla en un jet sky pilotado por Gabriel Carlos Luis Salinas. Ya en tierra, en una maniobra calma, rápida y certera, Carrillo se acercó a Pecci y lo fusiló. Dos disparos a la cabeza, uno al pecho, sin margen de error. Mientras los sicarios se dan a la fuga, fantasmagóricamente como vinieron, la gente alrededor se alborota. Claudia, la mujer del fiscal. corre junto a su cuerpo que expira los últimos alientos. Otro niño latinoamericano quedaba huérfano antes de nacer.

La presión mediática y de la diplomacia internacional, se agolparon ante las puertas del flamante gobierno de Petro. El mundo buscaba respuestas en un país acostumbrado a robarse la vida en el anonimato y en la omertá. En pocas semanas se produjeron seis detenciones. Además de los cuatro implicados directamente, fueron capturados Franco Luis Correa Galeano, quien se ocupó de la logística, y Eiverson Zabaleta Arrieta, quien fue el transportista del grupo.

Las condenas no tardaron en llegar. Carrillo, Londoño, Monsalve y Zabaleta no solo aceptaron los cargos sin mayores diferencias, sino que además se disculparon públicamente por el crimen cometido, un artilugio legal tendiente a mejorar las condiciones de sus condenas. Como si fuera así de fácil, respirar y seguir. Ninguno aportó información sensible que le diera profundidad a la investigación, para poder dar con el paradero de los autores morales o intelectuales. Distinto fue el caso de Correa, quien negoció con la fiscalía para brindar información que permitió dar con el siguiente eslabón de la cadena, los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes dispusieron de los recursos y realizaron los pagos a la cuadrilla de sicarios. Ambos aceptaron los cargos inmediatamente, también pidieron disculpas, pero no aportaron información para dar con sus jefes. En las investigaciones también se sumaron evidencias de la participación de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, que es la esposa de Andrés Felipe. Ella hasta el momento negó los cargos -quizás nada tenía por perder, quizás nada tenía por negociar-, y su causa sigue los tiempos procesales tradicionales.

La situación de Correa -quien pidió ser trasladado fuera del país por temor a ser violentado por haber colaborado con la justicia-, se resolverá en los primeros días de agosto, de este año, cuando el tribunal decida si aliviara o no sus penas, por la información aportada.

Hoy, un año después del homicidio, la justicia de Colombia, a través del fiscal general Francisco Barbosa, le exige al gobierno paraguayo mayor colaboración en la investigación sobre los mandantes del asesinato. Después de todo Pecci fue asesinado por las investigaciones que llevaba en su país. Por su parte el fiscal general paraguayo, recientemente nombrado, Emiliano Rolon dijo: “Tenemos hilos a seguir, en eso también hay cosas que hacer, colaboraciones que realizar a través de la cooperación internacional y definitivamente, no siempre es fácil seguir este hilo, pero voluntad nos sobra, categóricamente sí”.

Esperemos que el fiscal cumpla con su palabra, y no haga los mamarrachos de su antecesora la fiscal Sandra Quiñonez, que no hizo por Marcelo Pecci más que escribir poesía barata. La protegida de Cartes, hoy se aleja del escenario público, esperando que el cambio de gestión de gobierno le de aire y le devuelva al anonimato y a la omertá.

Mientras tanto, seguimos día a día preguntándonos: ¿Quién ordenó el asesinato del fiscal Marcelo Pecci? ¿Quién o quiénes, y por qué? Interrogantes sin respuestas, aún. ¿Pero hasta cuándo?

Foto: Ministerio Público de Paraguay