LA JUEZA DEL FALLIDO ATENTADO A CFK DELEGÓ LA INVESTIGACIÓN A LA FISCALÍA

: Victoria; CRIMEN ORGANIZADO REGIONAL; 25 Noviembre 2022

Los abogados de Cristina habían pedido la recusación

Por Alejandro Diaz-25 de noviembre de 2022

La jueza María Eugenia Capuchetti delegó la investigación por el fallido atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al fiscal Carlos Rívolo.

La medida, fue tomada luego de una semana complicada, tras el pedido de recusación en contra de la jueza, quien realizó lo que muchos consideran una maniobra evasiva tendiente a descomprimir las tensiones con la querella, que representa los intereses de la vicepresidenta.

La investigación por el fallido atentado contra Cristina Fernández, llevada adelante por la jueza Capuchetti, entraron en un punto de estancamiento. “Impericia y mala fe”, fueron algunos de los calificativos utilizados por los abogados de Cristina para presentar el pedido de recusación contra Capuchetti. La decisión deberá ser tomada por la Cámara Federal porteña, a cargo del juez Leopoldo Bruglia.

“Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, alegó Capuchetti en un fallo de cuatro hojas. Y prosiguió diciendo: “Por tal razón habré de delegar la instrucción de la presente causa CFP 2998/2022, sus conexas y legajos de investigación, en la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2 (a cargo del Dr. Carlos Rívolo) (…). Por último, debo señalar que el temperamento aquí escogido de ningún modo implica desconocer la expresa directiva del Superior de proceder, con la premura que el caso impone, a la elevación de la causa a su etapa plenaria”.

Insistencia

La medida tomada por la jueza Capuchetti, de manera alguna inhabilita el pedido de recusación que sigue su curso. “La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una vicepresidenta no tiene costo”, dijo a Página/12 el abogado de Cristina, José Manuel Ubeira.

“Tuvimos el error de confiar en que esas irregularidades se trataban de errores aislados, y que todos nos podemos equivocar, pero cuando pasó a ser una constante en la dirección de la investigación nos dimos cuenta que esto solo puede ser una enorme causa de falencia investigativa o mala fe. Ya es evidente que hay una enorme falta de imparcialidad”, sostuvo por su parte el otro representante de Cristina, Marcos Aldazabal.

“Si hubiera voluntad investigativa estaríamos intentando encontrar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división de este proceso en dos causas (una es llevada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investig a miembros de Revolución Federal y la otra es seguida por Capuchetti, quien hace lo propio con el atentado a la exmandataria) fue una división artificial que no tiene ni pies ni cabeza y resultó bancada por la cámara”, definió Ubeira, a la salida de los tribunales.

“Recién intentamos matar a Cristina”

En las últimas horas la querella que representa a la vicepresidenta de la Nación Argentina, presentaron ante la jueza Capuchetti, que sigue al mando de la causa que investiga el atentado, un escrito de 30 hojas con detalles de la investigación que según ellos consideran serían suficientes para que se eleve a la figura de coautor la imputación contra Nicolás Carrizo, y que se aplique la figura de asociación ilícita para los tres detenidos que tiene la causa en este momento, donde los dos restantes serían el pistolero Fernando André Sabag Montiel, y la ‘novia’ Brenda Uliarte.

“'Recién intentamos matar a Cristina', el mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor”, dijo Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter. Y agregó: “Por eso, hoy solicitamos que sea procesado como coautor por este delito junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y que, además, se les aplique la figura de asociación ilícita prevista en el Art. 210 del Código Penal”.

La conversación a la que hace alusión Cristina, pudo ser recuperada del teléfono de Nicolás Carrizo, que como recordamos fue detenido casi dos semanas después del fallido atentado, siendo que había sido identificado dentro de las primeras 24 horas, e incluso en ese tiempo dio una entrevista para la televisión. Esta es una de las principales irregularidades que reclama la querella que representa a Cristina.

Dicha conversación -registrada a las 23:17 horas, de aquel 1 de setiembre momentos después del atentado-, Carrizo, la mantiene con un contacto anotado como ‘Kevin Bargas 2’. Y textualmente según el escrito presentado por Cristina, dice: “Recién intentamos matar a Cristina. Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso. El arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos”.

Luego de varios diálogos, Carrizo afirma: “Estamos pensando matar al jefe de la Cámpora (Máximo Kirchner, ndr), y al jefe de la movilización de la izquierda”.

Carrizo mantiene conversaciones similares con otro contacto nombrado como ‘Jony White’, identificado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como Jonathan Posadas. Y repite el patrón con otros individuos vinculados a los grupos de presión en los que participan. A medida que avanzan las horas, Carrizo se envalentona, “es un golpe que le dimos al gobierno”, afirma en otro mensaje cerca de las 8 de la mañana, ya del 2 de setiembre.

“Hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el MPF) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica. Mientras esta querella se ocupó de impulsar dos líneas que el juzgado se encargó de frenar (“Nueva Centro Derecha” y Milman), V.S. no fue capaz, siquiera, de profundizar su búsqueda acerca de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. Otra muestra de que el objetivo no es investigar, sino sacarse de encima esta causa rápido”. Dicen los abogados Uliarte y Aldazabal en el escrito en cuestión.

“Por las características del grupo, entendemos que, por el momento, corresponde aplicar la figura típica del artículo 210 CP (asociación ilícita, ndr), aunque la recolección de pruebas puede derivar en el cambio al artículo 210 bis CP (asociación ilícita armada, ndr), o la figura típica del artículo 213 bis (asociación ilícita que tuviere por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación, ndr)”.

Indudablemente, si la investigación avanza tendrá que contemplarse, como se tendría que haber contemplado desde un principio, la característica política que tenía el fallido atentado, que hasta el momento el juzgado de Capuchetti ha obviado. Una omisión, que desdibuja la gravedad de los hechos y que, con el contexto histórico de violencia política del país, podría generar que estos hechos vuelvan a repetirse, con todo lo que eso implica.

“Paradójicamente, la justicia federal de la Capital Federal echa mano del artículo 210 CP (asociación ilícita, ndr) cuando desea perseguir a personas que no le agradan, pero no tiene motivos para hacerlo, y se olvida de su existencia en los pocos casos en los que se cumple la conducta exigida en el tipo penal”. Advierten los abogados en el escrito.

Hay todavía un mar de fondo en el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un mar de fondo al que debemos sumergirnos por el valor de la verdad.

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