Argentina: ¿grupos de presión fuera de control o el gen fascista a flor de piel?

Por Alejandro Diaz-23 de noviembre de 2022

El juez federal Marcelo Martínez de Giorigi, imputó a uno de los empresarios Caputo – quienes están vinculados familiarmente al expresidente Mauricio Macri-, en el marco de la causa que investiga una serie de hechos de violencia política que tienen como epicentro a una agrupación, catalogada por la prensa como de extrema derecha, llamada Revolución Federal.

La medida judicial recayó sobre Flavio Caputo, titular de la firma Caputo Hermanos S.A., para intentar esclarecer una serie de pagos millonarios realizados a Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Además de Morel, se encuentran procesados Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, “por organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, según consta en el expediente. Todos fueron liberados luego de las declaraciones, con algunas medidas restrictivas.

Morel habría recibido 13 millones de pesos de Caputo Hermanos -de los cuales solamente 8 fueron registrados-, para fabricar una serie de muebles para un proyecto inmobiliario que la firma tiene en el sur argentino. Visto y considerando que la fabricación de los muebles no se habría concretado, la justicia investiga si la transferencia millonaria estaba destina a la financiación de las actividades criminales de la agrupación, tendientes a la desestabilización política del país. Es importante destacar que estas acciones, muchas de las cuales estaban fijadas directamente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y representantes de su espacio político, fueron previas al fallido atentado perpetrado por el pistolero Fernando André Sabag Montiel y la banda de Los Copitos.

El carpintero de Troya

Según informó el diario Página/12, el primer contacto de Morel con los hermanos Caputo, habría sido con Rossana Caputo, quien un día pasó por la pequeña carpintería que él tenía en la localidad de Boulogne -en la zona norte del Gran Buenos Aires-, y gustosa de algunos muebles que había exhibidos, le compró dos mesitas de luz. Pocos días después, le hizo un encargo de 150 mesitas de luz y respaldos de cama, y otros objetos para un inmueble en la Patagonia argentina, más precisamente en la localidad de Añelo, en provincia del Neuquén. La localidad más cercana al yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.

El pedido excedía completamente la capacidad operativa de la insignificante carpintería, y Morel se vio obligado a tercerizar el trabajo. Además, el carpintero, debió realizar una serie de viajes a Añelo para concretar la instalación de los objetos. Viajes que habría realizado con la empresa aérea low cost, Fly Bondi. Una empresa que está vinculada también al círculo de amigos de Mauricio Macri.

El juez Martínez de Giorgi, a partir de estas informaciones, ordenó una serie de allanamientos a las carpinterías a las que Morel les habría tercerizado los trabajos. También requirió a Fly Bondi toda la información que tiene sobre los supuestos viajes realizados por Morel.

Esta causa, que investiga a Revolución Federal, es independiente de la del atentado fallido contra Cristina que está bajo la órbita del tribunal presidido por la jueza María Eugenia Capuchetti, que hasta el momento se ha negado a requerir que se aunaran las causas.

“Todos presos, muertos o exiliados”

Revolución Federal organizó una serie de manifestaciones públicas que cobraron notoriedad masiva, más por la teatralización y la abundante cobertura mediática de los medios hegemónicos, que por el movimiento de gente en sí mismo. Las convocatorias de la agrupación eran insignificantes. Cincuenta o sesenta personas, no más que eso. Sí, es importante destacar que supieron explotar un sentido estético, que, aunque medieval, era llamativo. Organizaban marchas con antorchas -en una ocasión las arrojaron encendidas contra la fachada de la Casa Rosada-, y llegaron incluso a llevar una guillotina bajo la consigna “Todos presos, muertos o exiliados”. El principal foco, como se dijo, era el espacio político que lidera la vicepresidenta.

No es la primera vez que en Argentina se hacen expresiones de repudio generalizado a una forma política o a todas. Quienes vivimos el colapso social a la salida del menemato –si es que alguna vez salimos-, tenemos marcado a fuego el “que se vayan todos”. Una consigna que expresaba el hartazgo del pueblo respecto de una forma de hacer política. En aquella ocasión, no cincuenta o sesenta pelagatos, sino miles y miles de personas se agolpaban contra los edificios públicos y contra las entidades financieras privadas, decididos, no a romper todo, sino a sacar de sus puestos a una casta política y empresarial que quebró no solo la economía del país –arrastrando a otros países de la región consigo-, sino la construcción social e identitaria de un pueblo.

¿Hay fascistas en Argentina?

En Argentina parecería que la justicia no tiene báscula. Por un lado, en la Patagonia, efectivos de las Fuerzas Conjuntas, equipadas con pertrechos de guerra, ingresan a los campamentos mapuche, por orden judicial, arrasando con los precarios ranchos en los que viven las comunidades, y llegando incluso a trasladar de una provincia a otra, de manera completamente irregular, a un grupo de mujeres como si fueran terroristas. Por el otro, el intento de asesinato de la máxima figura política de la región, que podría haber tenido consecuencias catastróficas, es investigado como un simple hecho policial. Uno podría decir que es una anomalía, pero cuando se ven las cárceles atiborradas - en la mayoría de los casos por jóvenes originarios de los márgenes de la sociedad-, en completo estado de hacinamiento, en completa vulnerabilidad de los derechos humanos, mientras que personajes del poder gozan de una impunidad sin límites, refugiados en las burocracias colusivas del sistema legal, la verdad es que la anomalía en el sistema de justicia, es precisamente la justicia.

La misma doble vara que ante las denuncias insistentes de los familiares y allegados de David Gravier, que desde la etapa militar de la dictadura han denunciado persistentemente que fueron secuestrados y torturados por el régimen -Lidia Papaleo, la viuda de David, incluso denunció que fue violada por Miguel Etchecolatz-, para que firmaran la transferencia de la empresa Papel Prensa (la fábrica de papel que alimentaba los diarios de la época entre otras cosas), y esta pasara, como efectivamente pasó, a manos de los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, propiedad de Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Bernardo Sofovich. Diarios que en aquellos años estaban completamente alineados con el gobierno dictatorial. Según las declaraciones de Papaleo y de Rafael Ianover -quien era el contador de David-, Héctor Magnetto, histórico CEO de Clarín, “el gran diario argentino”, estaba presente durante una de las sesiones de tortura. “Firmás o te mato”, le dijo el empresario que alguna vez se jacto ante la prensa de que “ser presidente es un puesto menor”.

El atentado, aunque fallido, contra Cristina Fernández es un hecho innegable. La gravedad del caso es innegable. Las consecuencias que podría haber desencadenado son, como mínimo, atemorizantes. ¿Son suficientes 50 personas con antorchas para hacer temblar la estabilidad política del país? ¿Son de extrema derecha? ¿Son terroristas? ¿Hay una organización neofascista detrás de la fachada de una simple carpintería? ¿Será Revolución Federal un caballo de Troya? ¿Por qué la justicia ahorra recursos para perseguir a ciertos grupos y derrocha recursos para perseguir a otros? ¿Quiénes son los verdaderos fascistas de la Argentina?

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*Foto de portada: laradiodechivilcoy.com.ar