Se trata de Daniel Atala, exdirector financiero de la empresa que tenía la concesión para la construcción de la represa a la que la activista se oponía

El asesinato de Berta Cáceres, activista y ambientalista de la empobrecida población lenca, ocurrido el 3 de marzo de 2016, podría ser un punto de inflexión. Luego de la condena en el 2018 de las siete personas que ingresaron a su casa en La Esperanza, intentando matar también a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro, y luego del juicio contra el expresidente de Desarrollos Energéticos (DESA), Roberto David Castillo, considerado el vínculo entre los autores intelectuales y los ejecutores del asesinato, quedaba por identificar a uno de los primeros. El 1º de diciembre de este año, la fiscalía, a través de la División de Delitos contra la Vida, libró orden de aprehensión contra Daniel Atala Midence, exdirector financiero de Desarrollos Energéticos, empresa concesionaria para la construcción de la represa Agua Zarca.

La familia Atala Zablah, grandes accionistas de la empresa DESA y una de las más ricas e influyentes de toda Honduras, siempre había sido señalada por la organización de Berta, el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y por las hijas Bertita, Laura y Olivia, como punto de partida de la orden de asesinato, y Daniel Atala había sido denunciado públicamente en repetidas ocasiones como uno de los instigadores morales de la ejecución de la activista indígena. Atala Midence, hijo de uno de los accionistas mayoritarios de Desa, ya había sido investigado (y absuelto), en el 2021, en el juicio contra David Castillo, y en aquella ocasión también fue llamado a declarar. A 93 meses del asesinato, Daniel Atala deberá responder ante los magistrados por haber coordinado iniciativas, esa es la acusación, para procesar y criminalizar a militantes del Copinh por parte de la empresa para la que trabajaba, involucrando a agentes de seguridad pública. También se lo acusa de actos de corrupción por la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Aqua Zarca, así como de comentarios racistas contra las comunidades lencas de Río Blanco.

Berta fue asesinada por oponerse a la construcción de la presa Agua Zarca que habría destruido el río sagrado de su pueblo. A casi ocho años del magnicidio, la lucha por la verdad y la justicia que llevan a cabo sus hijas y su organización continúa.

Copinh y la familia de Berta esperan que la acción del Ministerio Público no sea sólo un alarde mediático y esperan la detención y por tanto el inicio de un juicio que demuestre la responsabilidad de Daniel Atala en la planificación y organización de la ejecución de la activista lenca.

Foto: UN Environment