Lunes 22 Julio 2024

El Corriere della Sera retoma las intervenciones de los dos magistrados

En el Senado se está llevando a cabo un acalorado debate sobre la reforma de la justicia. El periodista del Corriere della Sera, Ferruccio Pinotti, quiso volver sobre el tema escuchando a los magistrados Nino Di Matteo (ex miembro del CSM y actual fiscal adjunto de la Dirección Nacional Antimafia) y Luca Tescaroli (fiscal adjunto de la Fiscalía de Florencia que colabora en la coordinación de la DDA, Dirección Distrital Antimafia), "dos magistrados importantes, que siempre han estado en primera línea en la lucha contra la mafia y se han visto obligados a vivir bajo estricta custodia durante al menos treinta años", se recuerda en el artículo. Ambos no se limitaron al tema, el primero por su intervención en el programa Piazzapulita y el segundo con el artículo escrito para Micromega, donde expresaron sus inquietudes.

Y en el Corriere della Sera, Tescaroli quiso sentar una premisa: "En cualquier reforma es necesario respetar a la Constitución para garantizar un ejercicio equilibrado e independiente del trabajo del juez y del fiscal. Es muy importante lo establecido en el párrafo 107, inciso 3 de la Constitución, según el cual los magistrados se distinguen únicamente por la diversidad de funciones, sin que la Carta haga referencia a carreras separadas. Otro principio fundamental está en el artículo 104 que establece como piedra angular de la democracia el hecho de que el poder judicial constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder, representando así una garantía para todos los ciudadanos".

En Micromega, Tescaroli, después de un recorrido histórico, analiza las propuestas de "reforma" que se han producido recientemente, incluidas las de Cartabia y Nordio. "Es cierto que el enorme número de delitos previstos sugiere la oportunidad de racionalizar el ejercicio de la persecución penal -dice el magistrado de la DDA florentina- pero parece necesario evitar los riesgos descritos que llevarían a debilitar el principio de obligatoriedad, que debe defenderse con convicción porque, hay que reiterarlo, es una fuente esencial para garantizar la independencia del Ministerio Fiscal (sentencias del Tribunal Constitucional 420/1995 y 84/1979) y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se sabe que, estando el fiscal obligado a procesarlos, todos los sospechosos contra los cuales se hayan obtenido pruebas significativas de cualquier delito, serán llevados ante un tribunal penal o un tribunal para ser juzgados, sin distinción de sexo, raza, religión. y sin posibilidad de influir en el resultado de las investigaciones con un eventual poder político o económico".

Tescaroli también ve "un intento en marcha para reescribir las relaciones entre la magistratura y el poder que ella ejerce y los demás poderes del Estado, lo cual corre el riesgo de comprometer la autonomía y la independencia del orden judicial y el equilibrio de poderes, secular principio de nuestra democracia, a través de múltiples palancas que actúan sobre principios clave de la actual disciplina del poder judicial: la obligatoriedad del procesamiento penal, la participación política en la gobernanza de la magistratura y el principio de la separación de los magistrados únicamente en razón de sus funciones. Estas palancas actúan al margen del objetivo de asegurar la separación de las carreras entre jueces y fiscales, y su imposición podría nutrirse de diferentes concursos de acceso, de Consejos Superiores distintos y separados (con un componente laico inalterado). De esta manera la política crearía las condiciones concretas para influir en la independencia y la autonomía".

Por su parte, el magistrado Nino Di Matteo (autor junto a Saverio Lodato del libro El golpe de olvido de Editorial Fuoriscène), al ser entrevistado por el Corriere della Sera, reiteró: "Las reformas que se han producido en el derecho común en los últimos años y más aún, los proyectos de reforma constitucional que se refieren a la separación de carreras y la derogación del principio de acción penal obligatoria, la composición del CSM con el fortalecimiento del componente laico de derivación parlamentaria, todos van en la misma dirección: la compresión de la independencia del poder judicial por los demás poderes del Estado y su transformación en un orden colateral y subordinado respecto del poder ejecutivo". Y finalmente concluyó: "Lo que está en juego aquí no son los privilegios del poder judicial, sino prerrogativas constitucionales encaminadas a proteger el principio fundamental de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ante un peligro tan grave, creo que quienes como nosotros, los magistrados, hemos prestado juramento sobre la Constitución, no sólo tienen el derecho de intervenir en el debate público, sino que deben sentir el deber de hacerlo".

Foto de portada: © Imagoeconomica