Domingo 23 Junio 2024

El magistrado: "En mi despacho es práctica habitual expedir copias de las órdenes"

La ley que impide a los periodistas publicar el texto de las órdenes de prisión preventiva íntegramente o en forma parcial hasta el juicio "no es útil ni oportuna. Ninguna emergencia la justifica en este momento histórico".

Así lo afirma el fiscal de la República de Perugia, Raffaele Cantone, al diario 'Fatto Quotidiano'.

"Esta ley -agregó- es un paso atrás en comparación con los mecanismos de transparencia introducidos con la entrega de documentos a los periodistas por parte de las oficinas judiciales. Si alguien empieza a denegarlos, tendrá que obtenerlos en el mercado paralelo de quienes los tienen a su disposición". Es decir, abogados, magistrados, policía judicial o a través de "un mercado paralelo".

Para el fiscal de Perugia, nada explica la necesidad de esta ley, "ni siquiera el contexto normativo en el que se inserta. La ley que transpone las directivas comunitarias es un contexto espurio y técnicamente incorrecto". Además, no hay justificación alguna ni siquiera en la intención de defender la presunción de inocencia: "Cuando leo que la prohibición de publicar la orden reforzaría la presunción de inocencia del detenido, no entiendo la conexión. La presunción de inocencia es proporcionar una información correcta para evitar que se formen prejuicios, por lo que es todo lo contrario: una información incompleta podría causar daño al sospechoso, impidiéndole aportar elementos útiles para su defensa y el contexto en el que actuó. La información completa es la mejor garantía para todos: para la opinión pública, para el sospechoso y para los ofendidos". El magistrado destacó que "estamos hablando de una ley que aún no existe" y añadió que "es una práctica habitual" en la fiscalía que dirige entregar copias de las órdenes cautelares a los periodistas.

Una práctica ya introducida por el fiscal nacional antimafia Giovanni Melillo en el 2019, cuando estaba al frente de la fiscalía de Nápoles, con una circular sobre la comunicación judicial: luz verde para los periodistas a las órdenes de custodia cautelar sobre hechos, personajes y acontecimientos de interés público, detrás del pago del sello de derechos de copia. "No tengo ninguna duda de que será posible seguir emitiéndolas (las órdenes de aprehensión) aunque con las debidas precauciones, como las de protección de los ofendidos. Yo, por ejemplo, nunca emitiría una orden en un caso de violencia sexual", afirmó el fiscal de Perugia.

Cantone no fue el único que se pronunció contra la súper mordaza en los últimos días, incluso el fiscal de Potenza, Francesco Curcio, declaró al 'Fatto' que seguirá entregando una copia de la ordenanza a los periodistas: "Las órdenes no están clasificadas, su conocimiento sigue siendo posible. Los contenidos concretos no pueden publicarse, pero el periodista, una vez obtenida la copia, si antes podía transmitir algunos pasajes como extracto copiando y pegando, ahora los resumirá según su sensibilidad y su estilo". Sin embargo, también tiene dudas sobre por qué los periodistas deberían verse "obligados a presentar un resumen ciertamente menos preciso que el texto del acto": "La posibilidad de informar sobre el contenido de algunos pasajes con exactitud hace que el informe sea más preciso y la presunción de inocencia permanece en cualquier caso vigente hasta que una posible condena esté firme. No entiendo la intersección de las dos cuestiones", dijo Curcio.

Sus palabras no agradaron al ministro de Justicia, Carlo Nordio, por cuanto la oficina del Guardasellos teme que las palabras del magistrado puedan allanar el camino a otras posiciones similares adoptadas por otros colegas fiscales y parte de la magistratura organizada.

Nordio, aunque apreció la enmienda de Costa a pesar de la oposición del partido Fratelli d'Italia, quiso pedir más aclaraciones para evaluar la legalidad de dictar órdenes de detención cautelar para periodistas. En particular, en el Ministerio de Justicia se planteó la cuestión de si esta posibilidad violaba la legislación de la reforma Cartabia, que implementó la directiva sobre la presunción de inocencia al exigir a los magistrados que se comunicaran sólo a través de conferencias de prensa y sólo para investigaciones de interés público. Por el momento no se están aplicando medidas disciplinarias ni controles, pero la intención de las "investigaciones en profundidad" corre el riesgo de convertirse en una advertencia para cualquier magistrado que quiera expresar posiciones contrarias, como lo hizo Curcio con respecto a la enmienda.

Fuente: ilfattoquotidiano.it

Foto: @ Imagoeconomica

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