Lunes 22 Julio 2024

La reciente publicación por parte de la Suprema Corte de Casación de los fundamentos en mérito del proceso de la Tratativa Estado-mafia, como todas las sentencias de este Tribunal, debería haber cerrado definitivamente la cuestión, y no sólo desde el punto de vista procesal.

Si hubiera sido una sentencia relativa a un proceso por homicidio vehicular, robo u otros tipos de delitos, seguramente hubiera sido así.

Sin embargo, una vez publicados los fundamentos, la sentencia ha producido muchas dudas y dejado diversas consecuencias que ya están saliendo a la luz, entre cuestiones de derecho y de hecho que parece que los jueces del Tribunal Supremo no quisieron tomar en cuenta, alejando la verdad procesal de la verdad de los hechos.

El caso en cuestión, ciertamente, es muy diferente de cualquier otra noticia sobre crímenes, y la llamada Tratativa se ha convertido ahora en la "franja de Gaza" de la lucha contra la mafia, objeto de disputas y comparaciones, ejercicios dialécticos y equilibrios de diversa índole, tanto políticos como exquisitamente intelectuales, además de procesales.

Los tonos de censura utilizados en algunos pasajes de los fundamentos, especialmente hacia los jueces de primera instancia, más que ser el contenido de un documento redactado por los jueces de la Suprema Corte de Casación, parecen extraídos de un editorial de uno de los tantos periodistas que a lo largo de los años se han esforzado por desmantelar el "teorema de la tratativa", y pone claramente de relieve el deseo de cerrar este tema espinoso y embarazoso colocándole una lápida.

Capítulo cerrado, y punto.

Pero el capítulo no puede considerarse absolutamente cerrado salvo en el agotamiento de las instancias del juicio, y los temas tratados en este proceso, los acuerdos entre ciertos aparatos estatales y la mafia, las connivencias, las desviaciones y las colusiones, siguen aflorando y son objeto de atención en otras causas judiciales aún abiertas y cuyos protagonistas resultan ser más o menos siempre los mismos, muchas veces implicados e imputados en múltiples asuntos judiciales.

Se puede citar a los casos Ilardo, Lombardo, Manca, o la desaparición de la agenda roja del juez Borsellino, sólo para recordar (más allá del aburrimiento) a algunos que todavía tendrán mucho que decir incluso sobre el tema de la tratativa.

No estamos ante víctimas de accidentes domésticos individuales, aunque la Comisión Antimafia intente narcotizar a la opinión pública y a los profesionales con una peligrosa labor de "atomización y fragmentación, considerando sólo una de las masacres, como si estuviera separada de las demás y, por lo tanto, alejándose de la verdad". El Dr. Di Matteo tuvo la oportunidad de decir esto recientemente, incluso antes de que se hicieran públicos los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Casación, agregando que "no es cierto que no se haya hecho nada, de los procesos han surgido situaciones que nos hacen comprender que es absolutamente probable la participación de sujetos externos a Cosa Nostra y no entender lo que estaba pasando en ese momento, no entender por ejemplo el hecho de que algunos estaban hablando con Riina, Ciancimino y Provenzano significa alejarse de la verdad".

Entonces, es preciso hacer una pregunta.

Frente a verdades procesales que entran en conflicto con las verdades históricas, ¿debe cuestionarse a la verdad procesal o a la verdad histórica de los hechos?

Las leyes, que sirven para identificar cargos y redactar sentencias, se prestan a ser interpretadas y, muchas veces, el propio legislador, al redactarlas, crea las condiciones y espacios para sustentar la inocencia o culpabilidad del imputado en base a diversos puntos de vista o interpretaciones.

Pero, la historia se forja con hechos que sólo la desinformación, o la información nacida de la mala fe y la deshonestidad intelectual de quienes la difunden, puede alterar temporalmente.

Las mistificaciones históricas emergen tarde o temprano, no prescriben ni, en un país libre, habrá quien decida si el caso debe cerrarse.

Porque, en la mayoría de los casos, la historia, cuando el historiador es objetivo e interpreta su papel de manera intelectualmente honesta, se compone de hechos que siempre resultan irrefutables, indelebles y que no son interpretables.

Además, con todas las distinciones y correcciones que puedan requerir los dos niveles de análisis, nos parece que, en definitiva, las fuentes de prueba que, desde el punto de vista procesal, normalmente están constituidas por cosas, documentos, manifestaciones orales, coinciden con las fuentes históricas que normalmente son fuentes escritas (documentos, periódicos, cartas), fuentes materiales (objetos, artefactos), fuentes orales (entrevistas, testimonios).

Y, por lo tanto, con todas las "precauciones" del caso, ¿no pueden los hechos "históricos" en sí mismos ser prueba procesal?

¿Por qué entonces esa actitud de censura hacia los jueces de mérito por parte de la Corte de Casación? Censura y reprocha cuando dice que "sin perjuicio del reconocimiento del compromiso asumido en la instrucción por los jueces de mérito, hay que señalar sin embargo que la sentencia impugnada, y más marcadamente la de primera instancia, optó por un modelo de reconstrucción del hecho penalmente relevante realizado según un enfoque metodológico historiográfico".

Al no estar de acuerdo con estas conclusiones, también nos parecen el resultado de un análisis alejado de los hechos, pero, quizás debamos decir que la Corte parece haber ignorado estos hechos, probablemente por estar demasiado ocupada en reiniciar un mecanismo que estaba sacando a relucir verdades incómodas, y restablecer así, mediante su reunificación, el estatus "anterior".

Además, no nos parece que a lo largo de largos años de investigaciones y audiencias los jueces en cuestión transformaran las salas de audiencia en salas de biblioteca o, metafóricamente, se quitaran las togas y se vistieran con el hábito de los historiadores.

Más bien, lo que ahora es impugnado por los armiños de la Casación, parecería representar ese valor añadido que facilita la búsqueda de verdades procesales que coincidan con las verdades históricas.

Y allí donde esto no sucede, aumenta el sentido de desconfianza y de desilusión por parte de los ciudadanos hacia las instituciones, con el riesgo de que cuando este sentimiento, por desgracia, no se transforma en rebelión, se convierta en frustrante e igualmente peligrosa resignación.

Por tanto, el caso no está cerrado, al contrario.

Así, parece empezar la segunda mitad de una comedia (que en este caso no debería haber sido así) con un cambio de escenario y un proceso de transmutación con la llamada tratativa de venganza.

Y, en esta Comedia, ciertamente muy poco Divina, esos magistrados que a lo largo de los años, de manera minuciosa y coherente, han recogido y producido esas pruebas que hoy se consideran inexistentes, aparecen destinados al vigésimo sexto Canto del Infierno de Dante, revisado en versión 2.0, condenados a sufrir la aplicación de la ley de represalia, culpables de haber apoyado, pero también demostrado, la existencia de la Tratativa Estado-mafia.

Sin embargo, es difícil imaginar a estos jueces representados como lenguas de fuego por haber expresado consejos engañosos durante su vida.

A lo dicho hay que agregar que, en forma contextual al conocimiento de los fundamentos de la sentencia, al cabo de unos días, comienzan a aparecer los primeros libros de los "protagonistas", historiadores nóveles de este asunto judicial.

¿Causalidad, coincidencia fortuita?

¡Audaces fortuna iuvat!

El Tribunal de Casación señala también que "en la reconstrucción llevada a cabo por la sentencia impugnada, la iniciativa de los altos mandos del ROS no pretendía inducir a Cosa Nostra a abordar las amenazas al Gobierno, sino más bien perseguía el objetivo opuesto de poner fin a la temporada de masacres, tratando de comprender si las condiciones planteadas por estas últimas podrían o no considerarse útiles para prevenir nuevos ataques criminales".

En cualquier tipo de tratativa y especialmente cuando lo que está en juego es de interés sensible, el intento de reducir o aumentar el precio es inevitable, cuando nuestro interlocutor percibe que estamos dispuestos a pagar cualquier precio, o en todo caso precios superiores a los propuestos, para llegar a una conclusión.

No creemos en absoluto que frases como "se acobardaron, les hice un montón de peticiones como ésta" o "tenemos que ir a la guerra para luego hacer la paz, tenemos que venderle los muertos al Gobierno" pronunciadas por Totò Riina, fueran declaraciones sugeridas por algún hombre de las instituciones.

Pero es igualmente cierto que la pregunta planteada a Vito Ciancimino por el general Mori (según su declaración en 1997 con motivo del juicio por la masacre de Georgofili): "¿Qué es este muro contra muro entre el Estado y la mafia? ¿Qué quieren estos señores detener las masacres? Traten de entender lo que quieren", fue la señal clara de que se quería llegar a un acuerdo, que se estaba dispuesto a evaluar las exigencias.

Una posición diferente a este respecto es la del Tribunal de Casación, cuyos jueces sostienen que "la apertura del diálogo con los líderes de Cosa Nostra no puede considerarse como una forma de reforzar la finalidad criminal de otros, ya que sólo creó la ocasión en la que se ha cumplido el intento de chantaje autónomo de los dirigentes de Cosa Nostra, una expresión más de la estrategia amenazadora que ya estaba en marcha contra los organismos estatales".

Puntos de vista, podríamos decir, usando una frase de moda.

Pero no es sobre puntos de vista que se cincela la verdad de los hechos y, considerando que los protagonistas de este diálogo no eran vendedores de pescado del mercado de Porticello y no estaban allí para negociar el precio de unas cajas de mejillones y almejas, o unas rodajas de pez espada, sino que el contenido y el objeto eran muy diferentes, tanto en ese como en otros contextos y con diferentes actores; en el platillo de la balanza, era obvio que los mafiosos traficantes de muerte con quienes el Estado se había prostituido para tratar, no dudarían en poner la mayor cantidad de víctimas posibles. Cosa que hicieron con las masacres que siguieron.

Negar la tratativa significa negar la historia, pero, sobre todo, el gran riesgo de legitimar, de cara al futuro, a la mafia y similares, como interlocutores en la gestión de la lucha contra la mafia.

Una contradicción en los términos, lo grotesco en la paradoja.

Sin querer ahondar en la maraña de otros acontecimientos de larga data ocurridos en nuestro país en tiempos igualmente oscuros, recordemos cómo, en los años de predominio del terrorismo, se decía y fue ampliamente compartido el hecho de que "ante cualquier cosa que pudiera parecer una debilidad ante el terrorismo, el ataque de éste se habría extendido por todo el país".

Un claro no a la tratativa y, volviendo a nuestro "casus belli" ¿no fue acaso la expansión del ataque a todo el país, reflejada en ese plan de vender los muertos, lo que luego se materializó en los atentados que siguieron?

Hablar de la necesidad de "firmeza constitucional", es decir no hacer pactos, como condición previa para no caer en el riesgo de institucionalizar y legitimar el chantaje, ¿es acaso un concepto "políticamente incorrecto"?

¿No sigue vigente esta necesidad? ¿Qué ha cambiado en los principios que subyacen en la base de nuestro Estado?

Pero no queremos en absoluto creer que estos aspectos hayan escapado a los ilustres armiños de la Corte de Casación, aunque necesitemos ayuda para convencernos de ello.

Resulta descorazonador pensar que, a los ciudadanos ahora desilusionados con el trabajo de las instituciones al ver, como en este caso, epílogos judiciales como al que hacemos referencia, no les quede más remedio que creer en los hechos, en la Historia.

Pero, incluso frente a los hechos inequívocos de la historia de la lucha contra la mafia, es igualmente preocupante ver cómo alguien intenta construir, en otros niveles, una desconcertante historia paralela.

La historia que la actual comisión antimafia intenta escribir, o la historia que no se quiere escribir silenciando fuentes y socavando la libre información, como se está haciendo con el periodista Sigfrido Ranucci, que fue citado a informar ante la Comisión de Supervisión de la RAI, culpable de buscar y sacar a la luz las verdades que afectan roles neurálgicos de nuestro Estado, expresión de un sistema reunificado, derivas preocupantes en el camino de la democracia y las libertades constitucionales.

Y mientras tanto, la verdad de los hechos sigue estando ahí, en esa "franja de Gaza" nuestra, en medio de fuegos cruzados que corren el riesgo de destruirla, víctima de un sistema de poder tortuoso e hipócrita que la agita con una mano, como un eslogan cautivador entre sus propias banderas y luego, con la otra mano, la entierra y la oculta de la vista de todos.

Foto: Imagoeconomica