Es un desafío participar de esta conferencia que tiene como objeto el estado actual de la lucha contra la mafia, muy cerca del aniversario de Paolo Borsellino y en medio del clima caliente que se respira en estos días.

La evolución de Cosa Nostra es una de las expresiones, de las modificaciones del tejido social porque la mafia es una realidad que también alcanza al tejido social. Son los instrumentos los que han cambiado a lo largo de los años y los que produjeron las modificaciones que vemos hoy.

Han pasado 31 años desde las masacres.

En estos años hemos vivido una temporada de grandes reformas judiciales, que comenzaron en 1991, cuando Giovanni Falcone era director general del ministerio de Justicia. Después de las masacres de 1992, estas reformas se fortalecieron aún más con una estructura que tenía tres requisitos fundamentales: el régimen del art. 41 bis, esto es, prevención penitenciaria; la incautación de los activos mafiosos, es decir, medidas de prevención de activos; y el uso estratégico de testigos y colaboradores de Justicia.

Los años que siguieron, los más recientes, registraron una incapacidad total para comprender cuán grave y peligrosa era la transformación que había sufrido Cosa Nostra, la cual, obviamente, a raíz de lo que fue la respuesta del 92, experimentó una desestabilización y la necesidad de organizarse de otra manera en el tejido social.

En los últimos años hemos sido testigos de un entusiasmo irresponsable por la victoria sobre la mafia que dispara contra las instituciones, sin tener en cuenta que Cosa Nostra simplemente ya no juega ese juego. Entonces, decir como se ha dicho, que el Estado ha vencido a la mafia solo porque la mafia ya no afecta al Estado, es un error muy grave. Porque es como alegrarse por ganarle una partida a un adversario fantasma respecto a la realidad concreta.

En los últimos años, este estado de cosas y la creencia de que el problema se ha resuelto han llevado inevitablemente a lo que todos hemos visto. A la renuncia a los instrumentos, un formidable ataque a la legislación antimafia, al 41bis en primer lugar y más en general a la prevención penitenciaria, a las medidas patrimoniales y a los colaboradores de justicia.

El efecto es el de un retroceso increíble que nos ha devuelto a los años que precedieron a las masacres.

La novedad es una enorme cantidad de dinero sucio que se ha reinvertido. Una gran capacidad para invadir las realidades económicas: hoy se crean empresas, se venden participaciones accionarias, se contratan mafiosos, en una cesión de recursos hacia los poderes ilegales que se ha convertido en una transferencia masiva. Hasta el punto de haber contaminado fuertemente la economía real.

Tengamos en cuenta el hecho de que, con las medidas de prevención, no llegamos a alcanzar todo este trasvase a la economía real. Por el contrario, digamos que nos estamos moviendo en números que son fraccionarios por una serie de razones, por los cuellos de botella de los instrumentos, pero también por la dificultad de reconstruir todo esto. Y por lo tanto tenemos como consecuencia que sectores enteros de la economía, no solo los viejos sectores de inertes, movimiento de tierras y subcontratación, sino también distintos sectores de aprovisionamientos, víveres, transportes, del juego legal que el Estado decidió crear y que obviamente terminó en manos del crimen organizado.

El riesgo es que todos estos sectores puedan fortalecerse y dar un salto cualitativo en proyección. Y eso es hacer que la mafia se convierta en una verdadera realidad financiera.

Para lograr este diseño hay un pequeño ejército de profesionales, facilitadores y empresarios sin escrúpulos, listos para transportar el dinero sucio a la economía real. Son sujetos no afiliados que ejecutan el actual plan estratégico de Cosa Nostra. Esto se llama concurso externo.

¡Hoy la mafia es el concurso externo!

La mafia es la relación entre la delincuencia mayor y los poderes institucionales. La mafia es una realidad que no vive solo de la energía independiente sino de la relación con los poderes fuertes, y por tanto con las instituciones, con los poderes financieros, con el Estado. Y por eso tienen razón esos jóvenes que gritan "fuera la mafia del Estado". Porque la mafia se nutre de este endurecimiento institucional. Si se quisiera buscar un eslogan, no se podría encontrar uno mejor que "fuera la mafia del Estado". Sin embargo, esos jóvenes fueron detenidos con cachiporras. Eso es exactamente lo que les sucedió a los muchachos del Frente de la Juventud el 12 de septiembre de 1982, en la primera gran manifestación antimafia que tuvo lugar en Piazza Politeama, en Palermo, 9 días después del asesinato del general dalla Chiesa, por haber pedido que la mafia se fuera del Estado. 

Es un eterno retorno el de los que denuncian y piden que haya un muro que separe las instituciones de un mundo diferente. Pero este es un razonamiento que debemos considerar en términos no solo ideales, que pueden parecer propagandísticos, sino funcionales.

Hoy corremos el riesgo de que la mafia se convierta en poder financiero. Con todo lo que eso conlleva. El poder financiero en Italia controla los periódicos, tiene una relación orgánica con la política, cada vez más diferente de lo que sucedía en un tiempo en que existía un claro muro de separación en las carreras y las vocaciones públicas.

Y, por lo tanto, pensar en abolir el concurso externo sería una temeridad a nivel político-criminal, pero también a nivel jurídico, porque es concurso externo es una aplicación del artículo 110 del Código Penal. Si se modificara el artículo 110, también habría que modificar e imposibilitar la participación del que ayuda en el robo o la del autor intelectual en el homicidio. Es complejo operar sobre el concurso externo. Solo se podría hacer creando el tipo legal del concurso externo. El concurso externo es actualmente objeto de una interpretación minimalista por parte de la Casación. Una interpretación que lo reduce a la mínima expresión, porque la jurisprudencia tiene una enorme responsabilidad al establecer el umbral del concurso externo. Si se lo tipificare aumentaría la posibilidad de caer en la figura del concurso externo. Entonces, es difícil desde el punto de vista legal y sería desconsiderado desde el punto de vista de la política criminal abolirlo. Por otro lado, se ha dicho que el concurso externo condiciona a la clase dirigente. Francamente, creo que esta afirmación es infundada. Yo digo que una clase dirigente de espalda recta, alejada del dinero fácil y de las relaciones con la mafia, no tiene nada que temer del concurso externo. 

Lo dicho hasta aquí es el marco de fondo en el que encontramos el estado de la prevención criminal y por tanto de la lucha contra las mafias. Uno de los espejos que nos refleja un poco el nivel al cual llegó la lucha contra la mafia son las cárceles.

Las cárceles lamentablemente están fuera de la atención pública, fuera del conocimiento tanto del gobierno como de las instituciones, están en un gran desorden.

Porque en las cárceles está ocurriendo algo único en la historia democrática de nuestro país. Hay dos sistemas en las prisiones. En las prisiones de todo el mundo, en las civilizadas y no civilizadas, un orden es el del Estado, el de las leyes penitenciarias. El otro orden es el que los presos se dan a sí mismos en la institución carcelaria, cuando el Estado está ausente. Así sucede que una prisión es civilizada cuando el Estado está presente en la mayor medida posible. Cuanto más presente está el Estado, menos está presente el gobierno mafioso. En nuestro sistema, hace algunos años, se decidió retirar la presencia del Estado: se dio la orden de abrir las celdas, para dejar salir a los agentes de las salas de detención. Por lo tanto, el sistema subordinado y sustitutivo de la mafia se ha extendido. Esto ha hecho que las prisiones se hayan transformado en centros de control telefónico y telemático de las actividades delictivas (cada año se incautan cientos, si no miles, de teléfonos y, sin embargo, cada vez que alguien, sobre todo de la mafia, entra en la prisión, la primera dotación que recibe de la organización criminal es un teléfono).

Todo esto tiene lugar en absoluto silencio. También hemos visto lo ocurrido recientemente con un importante operativo policial en la cárcel de Opera, en el que se define a la prisión como un centro del tráfico de drogas. Es decir, las cárceles se convierten en sucursales de los barrios en los que Cosa Nostra tiene esencialmente su propio dominio. Todo este caos introducido a lo largo de los años, que no alivia a quienes tienen una responsabilidad que cumplir, aunque sea solo por un día, necesita una intervención urgente en el sector.

Este caos nada tiene que ver con la civilización del castigo porque si es cierto que los prisioneros deben ser tratados como seres humanos -para usar las palabras que Yourcenar pone en boca del emperador Adriano- "deben ser inofensivos a fuerza de bondad, siempre que sepan que la mano que los desarma es firme". Hoy podemos decir que la mano del Estado no es firme en las cárceles. La mano que desarma a los poderes criminales no es firme. Por otro lado, el sistema de la pena no se mantiene. Mirando las estadísticas de hace unos años, la presencia efectiva en prisión de quienes cometen homicidio es sostenidamente inferior a los diez años. Y ha disminuido notablemente en los últimos años. Cualquiera que tenga treinta años de servicio como yo es testigo de la tercera ronda de crímenes cometidos por mafiosos que fueron arrestados en la década de 1990, condenados y liberados de prisión al final de sus sentencias, luego arrestados, condenados y liberados nuevamente de prisión. Y ahora están en la tercera ronda de crímenes. Creo que, para un ciudadano, para la familia de Renato Caponnetto, por ejemplo, que es un empresario que fue asesinado en Catania después de que su asesino fuera condenado por matar a seis personas, es difícil explicar cómo pudo suceder. Y el tema candente son las reformas penales que, lamento decirlo, siempre han sido completamente desproporcionadas. Reformas que lamentablemente en los últimos tiempos han dado la sensación de falta de comunicación entre los técnicos y los responsables de adoptar las decisiones normativas. Desde hace años, bajo el pomposo nombre de reforma de la justicia, se han adoptado cambios normativos particulares que atañen a sectores específicos, si no a normas específicas del código penal y del código procesal penal que a veces callan ante la oleada emocional de hechos contingentes. A veces se trata de modificaciones, por ejemplo, de las penas estatutarias que son modificaciones totalmente inútiles. Los cambios para aumentar las penas legales se traen al Parlamento con gran interés y entusiasmo, pero debemos saber que hay una disposición en nuestro código penal que establece que la pena cumplida es única. Hay una acumulación judicial de penas por la cual, si me dan 30 años por un hecho, e hipotéticamente otros 30 por otro hecho, y otra vez más 30 por un tercero, tenemos que 30+30+30 es siempre 30. Es el sistema de mantenimiento de la pena lo que no funciona. Así que no hay necesidad de aumentar las penas de los delitos. Se le da el pomposo nombre de reforma judicial a cambios que sinceramente han puesto de rodillas a la maquinaria judicial en los últimos años. Hablo desde una perspectiva técnica, no me interesa saber qué gobierno o Parlamento ha adoptado o promovido estos cambios. Por ejemplo, recientemente, con la reforma Cartabia, es necesario agregar los documentos y papeles de las investigaciones que se han realizado, pero como en las investigaciones de delitos mafiosos a veces se emiten medidas cautelares después de un año de investigación y el juez de instrucción tarda un año más en decidir, naturalmente el tiempo no es suficiente, habría que hacer un descubrimiento y mostrar a los sospechosos los documentos con los que están a punto de ser detenidos. Y entonces hay una norma que establece que el fiscal puede solicitar al Ministerio Público que lo autorice a ampliar estos plazos. Entonces el Ministerio Público deberá mirar estos documentos, decidir si emite un proveído, todo con un límite máximo. En definitiva, se ha introducido una burocracia en el sistema judicial que, al menos en comparación con lo que sucedía antes, obviamente resta tiempo a las investigaciones, a la actividad investigativa y a la búsqueda de culpables. Este es un hecho absolutamente indiscutible. Y lamentablemente también se han hecho otras reformas que tienen presupuestos más orgánicos como la justicia restaurativa que, tal como está concebida, aunque sea un asunto grave, es decir, con sólo ventajas para los perpetradores de los delitos y ninguna ventaja de ningún tipo para las víctimas del delito, sinceramente no resulta convincente. También se extiende a los mafiosos, puede solicitarse después del primer día de la detención: el violador o extorsionador podría pedir reunirse con las víctimas durante la investigación, es decir, mientras su cargo aún está siendo examinado por el juez cautelar. Son reformas a las que les falta coherencia, amplitud de conjunto, evaluación de recursos, cálculo de tiempos. Reformas adoptadas sin mirar las estadísticas de delitos, la estancia media en prisión, la duración de los juicios. Lamentablemente, son adoptada con una sencillez desarmante, sin estudio y sin evaluación de los intereses públicos globales, con un método que si se aplicara en el sector privado daría lugar a acciones de responsabilidad inmediata pero, lamentablemente, esto no existe.

Es preciso tener conocimiento de los efectos devastadores de estas reformas a veces también de las actividades de investigación. Pero hoy es poco probable que esto suceda porque se han aprobado leyes que ponen una barrera al conocimiento de los ciudadanos, incluso respecto de hechos que son relevantes. Y solo una parte de esta reforma se refiere a los derechos individuales. Una porción más importante se refiere al conocimiento del funcionamiento de los mecanismos de justicia en nuestro país. La reforma Cartabia ha puesto a prueba la estabilidad del sistema de prevención del delito. Esperábamos que se cambiara, y en cambio ahora tenemos el anuncio de la reforma Nordio que, entre otras cosas, prevé la idea de un tribunal colegiado de medidas cautelares respecto de las cuales el imputado, ente quien se solicita la medida, es advertido que debe ser interrogado y esto implica un problema de incompatibilidad entre jueces y por lo tanto se corre el riesgo de paralizar los tribunales. Y luego hay una relación básica con la verdad que la justicia debe recuperar en este momento. Hay cuestiones que deben abordarse, aunque sean dolorosas y deben abordarse por entero. La cuestión de las cárceles, la cuestión del proceso penal. Cuestiones que a mi juicio deberían ser investigadas por los órganos institucionales. En el fondo también está el problema de la relación política-justicia, que les digo francamente, desde mi punto de vista descansa sobre cimientos infundados. Este no es el lugar para hablar a fonde del tema, pero les aseguro que a veces presenciar ataques como los que sufrió mi amigo y colega Nino Di Matteo, por haber desempeñado de sus funciones, no es un espectáculo agradable. Los ciudadanos no entienden, no entienden y están confundidos con esta realidad porque no se les puede decir ahora mismo que las herramientas estén funcionando. Les digo que hay algo más importante que las herramientas para combatir la mafia, y es la pasión que es el motor que mueve al hombre investido de funciones públicas. Lo que deseamos sinceramente en este momento es que muchos magistrados que todavía tienen ganas, transmitan las ganas de cumplir con su deber hasta el final. Porque detrás de estas reformas, la inercia respecto a la situación delictiva en las cárceles, las polémicas y el conflicto con los magistrados, acecha el riesgo de cancelar lo que en definitiva es nuestro compromiso, haciéndonos sentir un poco extraños. Existe un peligro real de que se forme una clase repleta de magistrados burocráticos, cuidadosos sólo de no equivocarse, que rehúyen sus funciones institucionales. Esto sería un desastre no para el poder judicial sino para el pueblo italiano, el fracaso de ese modelo ideal que nos legó Paolo Borsellino. Pero a pesar de todo, creo que tenemos el deber de seguir creyendo en nosotros mismos, de tratar de ser dignos de quienes nos antecedieron, de enfrentar todos los riesgos que conlleva el amor a nuestra patria. Queremos esperar poder sentir, una vez más, el fresco perfume de la libertad.