Sra. Daniela Santanchè, (el calificativo de "Honorable" prefiero dárselo a los servidores del Estado por los que me siento representada) de algunas consultas técnicas a disposición de la fiscal adjunta Laura Pedio y de la fiscal Maria Gravina, surgen irregularidades financieras muy graves en las cuentas de las tres empresas gestionadas por usted: Visibilia, Ki-Group y Bioera.

Se habla de denuncias de falsedad en los balances, señaladas por la Guardia de Finanzas de Milán, investigaciones del Tribunal de Milán por apropiación de fondos públicos y falta de pago de salarios a los empleados, de abuso de los fondos del Covid por parte de Visibilia, que supuestamente presentó declaraciones falsas al fondo de pensiones INPS (en curso ante un Tribunal de Roma).

Me voy a presentar: soy Alessandra Rossi, una ciudadana veneciana y, desde hace muchos años, me ocupo de la educación en el ámbito de la legalidad, si bien últimamente he tenido serias dificultades para sostener el valor de la política ante los jóvenes que tengo honor de frecuentar. 

No sé qué responder a los estudiantes que me señalan la incoherencia de presidentes como usted, que les piden sacrificios a los empleados privados de su salario, mientras pasan a toda velocidad en un Maserati de 77 mil euros, pagado con dinero de la empresa, para llegar a una villa de 6 millones de euros, en el centro de Milán o a la mansión de Roma, cerca del Panteón, con todos los gastos pagados por la empresa.

Un estudiante me señaló que, a partir de hoy, 6 de julio, entra en vigencia el correo electrónico certificado obligatorio (PEC), por lo que las notificaciones de pago, decretos cautelares y ejecuciones ya no se realizarán en papel, sino mediante el envío de un correo electrónico certificado (a quienes no tengan uno se les asignará de oficio). Una notificación no vista puede conducir a una tragedia, ya que el acreedor puede atacar los bienes del deudor y un banco puede ejecutar la hipoteca incluso de la primera vivienda. Imposible no pensar en los muchos ancianos viven indefensos y sin ordenador.

El mismo estudiante siguió preguntando: ¿cómo pueden conciliarse estos despiadados controles fiscales contra los ciudadanos honestos con las recientes reformas cancerígenas que protegen a mafiosos, corruptos y estafadores, para lo cual basta con que accedan a un acuerdo de culpabilidad para seguir recibiendo fondos públicos sin ser molestados? (Antimafia Duemila del 4/7/23).

Y no solo eso. Gracias a la ley Cartabia, estos también podrán postularse para el Parlamento. Después de todo, observa el estudiante, la fila de ministros con olor a corrupción ya está muy nutrida, y no hay necesidad de abrirles las puertas con nuevos decretos.

Usted dijo hoy haciendo referencia al escándalo fiscal y financiero que ha envuelto a sus empresas: "Me siento feliz y me gusta lo que veo cuando me miro en el espejo".

Bueno, a mí este escenario inquietante de una credibilidad política en caída libre me causa un profundo disgusto y me pregunto por qué algunas figuras o corrientes políticas parecen casi impermeables al escándalo.

Me pregunto qué impacto tiene en los jóvenes la percepción de la traición a los valores éticos por parte del político o del partido al que pertenece.

¿Se ha preguntado alguna vez, entre un escándalo y otro, cuál será el umbral de tolerancia a las violaciones éticas por parte de los votantes, tanto en lo inmediato como en el medio-largo plazo? ¿Con qué coraje dice usted en el Parlamento que se siente una víctima?

Creo que Giuseppe Conte le respondió bien: "Usted no es una víctima, víctimas son las personas que trabajaron en una empresa que se apropió de fondos públicos y cuyos empleados no cobraron sus salarios".

Las víctimas, agrego yo, son los ciudadanos que se engañan creyendo que los servidores del Estado están haciendo reformas para garantizar la erradicación de una mafia que desde hace 150 años disfruta de un volumen de negocios exponencial y que apunta a los fondos del PNRR, cuando los propios servidores del Estado son los primeros en revolcarse sin vergüenza en la ilegalidad.

Concluyo invitándola a que presente lo antes posible su dimisión voluntaria y a dejar el cargo institucional en manos de quienes conocen la delicada relación entre ética y política y son capaces de representarnos a los ciudadanos honestos y a las futuras generaciones.