Caso Berta Cáceres
 
Por Nicolás Toobe, desde Argentina-2 de julio de 2021

Estamos transitando los días previos a la emisión del fallo del tribunal compuesto por Joselyn Marie Donaire, Esther Carolina Flores y José Anaim Orellana, luego de que finalizara el juicio oral y público contra David Castillo, acusado de ser autor intelectual por el asesinato de la lideresa hondureña Berta Cáceres.

A estas alturas del proceso, con de más de tres años de retrasos y con una defensa que utilizó todos los medios para dilatar los tiempos procesales y desgastar a organizaciones nacionales de Honduras e internacionales, que siguen día a día las audiencias, es contundente e irrebatible, con más de 70 pruebas, la comprobación de la participación de Castillo en el crimen de Berta y otros delitos.

El COPINH y los familiares de Cáceres que están llevando adelante este pedido de justicia, han demostrado en el juicio que David Castillo fue un elemento esencial para la comisión del delito, como parte activa en el seguimiento y persecución para la planificación y dotación de recursos para ejecutar el asesinato. Siendo nexo entre la estructura inferior sicarial y la estructura superior, en la que se encuentran miembros de la familia Atala, una de las más ricas y poderosas de Honduras, como ejecutivos de DESA, destacándose Daniel Atala Medince como director financiero.

Por eso desde la organización, se hace principal hincapié en que David Castillo es co-autor, siendo una suerte de ejecutor de órdenes que venían “de arriba”, como puede escucharse en algunas de las grabaciones de las llamadas que fueron expuestas por peritos en el juicio para dar certeza sobre estos vínculos delictivos. Todo esto es para evitar que la justicia cierre el caso con este veredicto y avance en esclarecer las esferas superiores de poder que dieron la orden para perpetrar el homicidio de la activista.

La empresa DESA empezó la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en 2013 en la cuenca del río Gualcarque, en Río Blanco y se encontró con una importante oposición por parte de las comunidades indígenas Lencas afectadas por los impactos negativos del proyecto a la economía local, al medio ambiente y por tratarse de un sitio sagrado para su cosmovisión. Esta oposición provocó grandes pérdidas económicas para los socios de la empresa y lograron que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china SINOHYDRO, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.

Pero este no es un caso aislado, ya que Honduras ha sido sede de repetidos enfrentamientos entre miembros de grupos indígenas y operaciones hidroeléctricas o de minería. El presidente Hernández, quien ganó la reelección en diciembre de 2018 en unos comicios plagados de acusaciones de fraude, ha buscado impulsar la inversión en esas actividades.

Per cápita, Honduras es el país más mortífero en el planeta para activistas medioambientales. Catorce fueron asesinados en ese país solo en 2016, incluida Cáceres y otros dos miembros de su organización y fueron al menos cinco asesinatos de miembros activos del COPINH los que se produjeron antes del asesinato de Berta Cáceres.

Mientras los gobiernos se reúnen constantemente a discutir en foros globales el cambio climático, quienes están a la vanguardia de la defensa de ríos y bosques mueren impunemente sin siquiera generar cobertura en la prensa internacional.

Por eso, el caso de Berta es sumamente trascendente y representa en sí mismo un hito histórico, es un juicio que trasciende a la situación en Honduras y que apunta de lleno a otros muchos conflictos de intereses entre gobiernos y empresas, a impunidad de las grandes empresas que hacen y deshacen incumpliendo la ley, a la corrupción en el sistema judicial, a las entidades financieras internacionales que las financian y a los gobiernos que se inhiben y miran para otro lado en el mejor de los casos.

La líder del COPINH denunció formal y públicamente ante el Ministerio Público el otorgamiento y la aprobación ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos en los territorios lencas.

Consciente que sus denuncias enfrentaban grandes intereses económicos y políticos, Berta Cáceres expresó que el modelo extractivista y explotador en las regiones lencas de Honduras, era ilegal, entre otras razones, porque no respetaba la Consulta dispuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual otorga el derecho a los pueblos indígenas de decidir el uso de sus territorios.

Caso Berta Cáceres 2

Por sus acciones en defensa del pueblo y el territorio lenca, fue perseguida, amenazada y acusada criminalmente. Los hostigamientos no cesaron hasta su asesinato. Su defensa era ciudadana, porque del Estado no recibió más que criminalización, a pesar de que gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligaban al Gobierno de Honduras a darle protección a su vida e integridad física.

El juicio contra Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen de la ambientalista. Él fue una pieza clave, pero tan solo una pieza de una estructura criminal compleja.

A 12 años del golpe de Estado de Honduras, la justicia tiene la oportunidad de dar un paso enorme contra la criminalidad y brutalidad de los poderes económicos que son los que manejan el país. El Estado debe destruir la impunidad, si no, la fuerza de Berta y de tantas otras mártires, en los pies del pueblo, lo hará.

Berta Cáceres, ambientalista, feminista, indígena y latinoamericana, es el símbolo de la lucha por otro modelo productivo en América Latina. Un sistema para todas y todos, que sea inclusivo, democrático, ecológico y feminista.

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*Foto de portada: www.radioprogreso.com / David Castillo, acusado

*Foto 2: www.radioprogreso.com / Berta Cáceres

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