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“Los medios hablaban de ramificaciones de la RAM en nuestro país”

“Los medios hablaban de ramificaciones de la RAM en nuestro país”, dijo el prefecto mayor Julio César Mostafá, durante la quinta audiencia del juicio por el asesinato del comunero mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, durante un operativo desmesurado -como mínimo-, ejecutado por la Prefectura Naval Argentina, bajo órdenes del juez Gustavo Villanueva, y con el aval operativo y moral del Ministerio de Seguridad, entonces dirigido por Patricia Bullrich, actual candidata a presidente.

Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda -como lo marca la autopsia-, por una bala de la Prefectura Naval Argentina. Esta simple y compleja verdad, intenta ser dilucidada en los tribunales federales de General Roca, en la provincia de Rio Negro, donde están acusados de homicidio cinco prefectos del grupo Albatros, el cuerpo de élite de la fuerza naval.

Aquel día, el prefecto Mostafá era el jefe de los 40 miembros de Albatros que habían viajado más de 1.500 kilómetros desde San Fernando, en provincia de Buenos Aires, para sumarse al operativo, evidentemente desmesurado. El grupo de Mostafá debía custodiar el predio desalojado de forma violenta por las fuerzas de seguridad, en las jornadas previas. Llevando al límite las órdenes inferidas por el juez, los Albatros, se adentraron al territorio y dieron persecución a un grupo de comuneros mapuche -entre los que se encontraba Rafael Nahuel-, que había quedado desperdigado en el monte luego del allanamiento. Contra toda racionalidad de preservación de la vida, los prefectos, dispararon a mansalva contra los comuneros quienes intentaban escapar de las balas. 130 municiones fueron disparadas en un trayecto de más de 100 metros. Aquello, sin lugar a dudas, fue una cacería.

En calidad de testigo, Mostafá, fue interrogado por el abogado de la querella Sebastián Feudal, sobre la información con la que contaba al momento de desplegar el operativo. A lo que el prefecto escuetamente contestó: “Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Como lo que había pasado en Chile, sabíamos de la R.A.M. y de las quemas de viviendas y bloqueos de rutas. No teníamos información ni del terreno ni a quién íbamos a desalojar, ni la cantidad que eran, sólo que era en Bariloche. Íbamos en apoyo a la Policía Federal para el desalojo y sabíamos que seguramente iba a haber algún tipo de agresión”. Ante la repregunta del abogado, agregó: “Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto”, según publicó la agencia Télam.

“Usted entonces tomó determinaciones en base a lo que decían los medios de comunicación”, preguntó el abogado. “Y, si se quiere, si”, dijo muy sueltamente el agente.

El prefecto mayor Julio César Mostafá declaró -palabras más palabras menos-, que basó sus decisiones -entre ellas la de utilizar munición letal- en las noticias difundidas por los medios de comunicación, en particular las del grupo Clarín. Noticias -la de esos días en particular, pero no solo-, que tienden notoriamente a exaltar las características “violentas” de las comunidades mapuches a uno y otro lado de la Cordillera de Los Andes. Noticias que elevaron a un cuerpo de autocuidado a la categoría de una célula terrorista, siguiendo los parámetros del Consejo de Seguridad de la ONU, con todo lo que eso implica. Una declaración, la del prefecto, que nos sumerge en la peor de las realidades. Las Fuerzas de Seguridad de la República Argentina no miden sus acciones a partir de tareas de investigación (en el marco del Estado de derecho, por supuesto), sino que despliegan su potencial beligerante en base a los prejuicios raciales, sociales, culturales y de clase, de medios de comunicación que fueron históricamente parte activa de los procesos de violencia política -y en algunos casos genocida-, del país. Esto por supuesto bajo una mirada ingenua que analiza este caso de forma aislada y deja de lado las similitudes -sobre todo, ideológicas-, que acompañan a los numerosos casos de víctimas fatales bajo responsabilidad del Estado.

En diálogo con Canal Abierto, el abogado de la familia de Rafael Nahuel, Rubén Marigo -quien es además miembro de APDH-, consideró que “lo importante de Mostafá, como quedó demostrado con algunas declaraciones de otros prefectos, es que hay una clara formación en la fuerza de discriminación hacia el pueblo mapuche”. Y agregó que “en el lugar se encontraron 130 proyectiles todos los cuales pertenecen al grupo Albatros de la Prefectura, y no hay una sola bala o algo del grupo mapuche (…) lo cual demuestra la ausencia de un enfrentamiento”.

Peritos

“Claramente es una huida, sin dudas”, dijo el médico forense Leonardo Saccomano, respecto a la trayectoria que recorrió la bala en el cuerpo de Rafael Nahuel, y que ocasionó su muerte por un “shock hipovolémico”.

En la sexta jornada del juicio, también se presentaron los peritos balísticos Roberto Nigris y Karina Uribe, quienes realizaron la primera de las tres pericias sobre la munición extraída del cuerpo del joven y las armas secuestradas a los oficiales. Entre ambos peritos confirmaron que “si uno compara la cantidad de cartuchos con los que subieron (los prefectos) con los que bajaron, faltan 150 cartuchos”. Lo que deja en evidencia el desenfreno de los agentes. Del faltante, solo pudieron recuperarse 31 vainas servidas de calibre 9mm, que estaban dispersas en un espacio de cien metros, entre la primera y la última, lo que deja en claro que hubo una persecución. La bala, que asesino por la espalda a Rafael, es coincidente con uno de los subfusiles MP5, que portaba el agente Francisco Javier Pintos.

Recordamos que la segunda pericia fue realizada por la Gendarmería Nacional, y que según declaró Nigris, el juzgado le negó la posibilidad de presenciar los estudios, que no pudieron confirmar los resultados de la primera pericia. Esto llevo a que se pidiera un tercer examen científico, el cual recayó en el Ministerio Publico de la provincia de Salta. Este último informe concluyó que el proyectil que asesino a Nahuel, coincidía con la pistola Pietro Beretta que portaba el cabo 1° Sergio Cavia, quien finalmente llega a esta instancia acusado de “homicidio agravado en legítima defensa”. Una caratula que se justifica en las declaraciones de los uniformados que siempre alegaron un enfrentamiento, del cual, hasta el momento, no hay evidencias.

Es importante destacar que, Nigris denunció durante la audiencia que antes de la tercera pericia, recibió un llamado desde el juzgado para preguntarle si tenía en su poder el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel, lo que dejaba en claro que se había perdido la custodia de la evidencia. “Sentí molestia por esa llamada”, dijo el perito.

Odio e impunidad, son las dos caras de esta moneda lanzada al aire, que marcó la muerte de Rafael Nahuel, pero que pudo y, lamentablemente, pude ser de cualquiera de nosotros. Abiertamente, los funcionarios de antes y los presidenciables de ahora, defienden el abuso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que sistematizadas, se convierten en terrorismo de Estado, un terrorismo ideológico, cultural y fascista que está próximo a ser avalado democráticamente. Dios no lo permita.

Foto: Chaco Día por Día