Lunes 22 Julio 2024

Las protestas y manifestaciones en Uruguay por el suministro de agua salada que está brindando OSE a la población de la capital y zona metropolitana son cada vez más fuertes. Y es que la situación es muy preocupante. Horas atrás, desde presidencia de OSE (Obras Sanitarias del Estado) se anunció que, quedan 17 días de agua "apta" para consumo humano, y que pasado el plazo, se pasará a suministrar agua no potable y en condiciones de no consumo. En paralelo, la ciudadanía lleva siete movilizaciones en ocho días. Y lejos de una resolución positiva, el gobierno solo tira leña al fuego, evade responsabilidades y emite declaraciones bochornosas frente a una situación, que se le fue de las manos.

El agua ya no es potable, y su consumo está afectando a niñas y niños, personas mayores y de todas las edades, que no tienen posibilidades de comprar agua embotellada. En las escuelas hay informaciones de que muchos niños tienen reacciones físicas como vómitos, diarrea y dolores de cabeza, lo que asocian directamente con el agua de la canilla.

En paralelo, las autoridades encabezadas por Presidencia, el Parlamento, la OSE, los ministerios de Salud Pública, Ambiente y Ganadería, no ponen restricciones al consumo de agua de grandes empresas como UPM o megaproyectos como el Data Center que Google instalará en Uruguay, dando rienda suelta al extractivismo desenfrenado que exprime los suelos, las cuencas de agua, atentando contra la vida en pos de un liberalismo económico que desconoce al ser humano.

Por esta y otras razones, este martes 16 de mayo, cientos de personas se concentraron frente al shopping Tres Cruces. La movilización tuvo un solo sentido: un fuerte y desesperado reclamo al Estado por la falta de responsabilidad de las autoridades frente a esta crisis hídrica, y por el intento de privatización del agua, algo prohibido en la Constitución uruguaya; un airado reclamo que comenzó hace días, y que va en aumento a medida que el medidor del agua disminuye y se acerca a cero.

Los manifestantes comenzaron a marchar por Bulevar Artigas hacia el Ministerio de Salud Pública. Con carteles, protestaban que los gobernantes “venden el agua y le dicen progresar”, tal como decía una de las pancartas que llevaban los ciudadanos autoconvocados por una de las calles más importantes de la capital uruguaya.

El día anterior, la manifestación se dio frente a la residencia de Suárez y Reyes, donde vive el presidente Luis Lacalle Pou. Allí, en el barrio Prado, la policía vigiló bien los pasos de los manifestantes, que finalmente decidieron marchar alrededor de la manzana de la residencia, cortando la Avenida Millán.

El 11 de mayo, el Palacio Legislativo fue escenario de amplias protestas, reclamando por “un derecho que debería ser básico”. El día anterior, las movilizaciones fueron frente a la Torre Ejecutiva, sobre la Plaza Independencia que está en el corazón de Montevideo. Y con anterioridad el lunes, las protestas fueron frente al Ministerio de Salud Pública.

Y es que la población está indignada y sumamente preocupada por la escasez de medidas óptimas para enfrentar esta grave crisis, que el gobierno y los anteriores debieron prevenir. Pero como suele pasar, quienes toman las decisiones, no toman en cuenta realmente a quienes afectan con esas decisiones.

Días atrás OSE comenzó a suministrar agua salada en los departamentos de Montevideo y Canelones que, según palabras del ministro de Ambiente Robert Bouvier, “no es potable” en estas condiciones, y agregó una afirmación maravillosa: “Pero es bebible”. Las recomendaciones para la salud apuntan a que no beban personas con problemas de hipertensión, enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis y tampoco embarazadas.

El déficit hídrico que provocó la sequía más importante que vive el país en 75 años, ha sido el causante de la decisión del gobierno de tomar agua de la represa de Aguas Corrientes, a una altura que se mezcla el agua dulce del río Santa Lucía con el agua salada del Río de la Plata –salada de efluentes fabriles, humanos, cloacas, puertos-. Los dichos de las autoridades, a partir de esa decisión, han sido tajantemente provocadores y altaneros. Un ejemplo claro es el de la vicepresidenta de OSE Susana Montaner, que el pasado 8 de mayo sugirió: “Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca Cola y comprarse un agua”.

Mientras tanto, la ciudadanía denuncia que el gobierno no respeta la Constitución, donde está establecido por voto popular -en el artículo 47- que el agua es un derecho humano y como tal, debe ser preservado por el Estado. Además, y entre muchas otras cosas, reclama a la OSE que no cobre el servicio “mientras el agua no sea potable”.

Abogado Gustavo Salle presenta recurso de amparo

Frente a la falta de acciones positivas por parte del gobierno que beneficien a la población, ante un problema que venía siendo anunciado desde años atrás por actores sociales, por grupos organizados en torno a la cuenca del río Santa Lucía, y hasta por operadores judiciales como fue el exfiscal Enrique Viana, se han tomado diversas medidas. El abogado Gustavo Salle presentó junto a 81 personas, un recurso de amparo contra Presidencia, el Ministerio de Ambiente y OSE, solocitando a la justicia –representada por el juez Javier Gandini- que se realizaran pericias para controlar la composición del agua que está repartiendo OSE. De esta tarea se harán cargo peritos de la Facultad de Medicina, que chequearán que coincidan los elementos encontrados por ellos con la documentación presentada por la entidad estatal. Mientras, aguardan resolución de Gandini sobre la medida cautelar que exige dejar de tomar agua del Río de la Plata y volver a los valores normales de sodio.

“Como durante 30 años la OSE no hizo nada para prever una situación como esta, y como además le entregó el río Negro a UPM, no tiene más remedio que dejar que entre agua salada de la cloaca del Río de la Plata y mezclarla con la cloaca del Santa Lucía”, fue la valoración de Salle a la salida de la audiencia.

En las últimas horas, el PIT-CNT convocó finalmente a una marcha para el 24 de mayo por la situación “gravísima”. “Estamos en medio de una emergencia”, manifestó el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

Por su parte y luego de una reunión el pasado lunes en Torre Ejecutiva, el presidente de OSE Raúl Montero, dijo que la crisis hídrica que atraviesa la zona metropolitana es “bastante dura”.

La solución de emergencia que definió el directorio del ente es levantar una represa “precaria” en el embalse de Aguas Corrientes, sobre el río Santa Lucía en el Paso Belastiquí, que estaría funcionando en unas tres semanas. Su costo será de más de 20 millones de pesos.

Más de un año atrás, en marzo de 2022, la empresa estatal israelí Mekorot, especializada en desalinizar aguas para su potabilización, firmó un contrato de consultoría con el gobierno uruguayo para asesorarlo por el desarrollo del proyecto Neptuno. Uno de los técnicos que vino a Uruguay, Diego Berger, recomendó enfáticamente: "Mejor es poder mezclar el agua salada del Río de la Plata con el agua potable que está en las reservas" de Aguas Corrientes. A este proyecto no solo se niegan muchas organizaciones sociales sino también uno de los directivos de OSE, Edgardo Ortuño, y el sindicato del ente, FFOSE, por considerarlo inconstitucional.

En paralelo, se espera que el próximo 6 de junio el gobierno firme contrato con el consorcio de cuatro empresas extranjeras (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) denominado "Aguas de Montevideo", para construir el embalse en Arazatí, San José; el ya mencionado proyecto Neptuno.

La desconfianza en la población respecto a las decisiones políticas sobre el cuidado del agua en sus distintas facetas está cada vez más justificada, y lamentablemente, ninguna de las autoridades se esfuerza en cambiar está perspectiva. El grito de justicia retumba en las paredes secas de las represas, en los suelos infértiles por los agrotóxicos, en los caños oxidados que se cubren de agua sucia y en mal estado, por el despilfarro que hicieron de la naturaleza, como si se tratase de un juego en el que hacer trampa constante para ganar, y pierda el que pierda.

Pero no quieren entender, que perdemos todos.

Foto: Antimafia Dos Mil