CONDENAN POR ATENTADO A SIETE PERSONAS QUE RESPALDARON A LA JUEZA MOTA

: DERECHOS HUMANOS; 02 Noviembre 2021

Fue hace ocho años en la sede de la Suprema Corte de Justicia

Imputados denuncian el fallo como disparate jurídico y como una criminalización de la protesta

Por Jean Georges Almendras-2 de noviembre de 2021

Ocho años después de aquella jornada, que entiendo resultó ser indignante para nuestra vida nacional -15 de febrero de 2013- en la que una jueza penal de entonces, me refiero a la doctora Mariana Mota, fue conminada por resolución interna a formalizar ante los miembros de la Suprema Corte de Justicia, su inesperado traslado a la órbita civil (siendo que ella venía trabajando con ahínco y con absoluta dedicación, en casi un medio centenar de causas relacionadas con delitos de violación de derechos humanos, y la comisión de delitos de lesa humanidad, por parte de efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, durante la dictadura cívico militar), sobrevinieron los efectos colaterales que sufrieron algunos ciudadanos que se hicieron presentes en la oportunidad, acompañando (respaldando) a la jueza en tan difícil momento, lo que fue interpretado por las autoridades de la época, como una suerte de atentado, siendo que en realidad todos los allí presentes, que no eran pocos, no hicieron otra cosa que marcar su presencia en un acto público y burocrático (una tradición, en el buen romance, dentro de la órbita del Poder Judicial) que por su naturaleza misma ya generó crítica y desaprobación a nivel popular.

La desaprobación ciudadana, bajo ningún concepto, significó agresión física a la autoridad presente, ni mucho menos a los funcionarios policiales -que estaban portando palos y escudos de reglamento, y cascos protectores- y ni por asomo a los miembros del Poder Judicial. La presencia popular, en el recinto de la Suprema Corte, allí a escasos metros de la calle San José, en la plaza Libertad, de Montevideo, fue numerosa; fuertes y nutridos fueron los aplausos y los vítores que recibieron a la doctora Mota; y fueron enaltecedores los gritos de reconocimiento a su gestión. Pero estas democráticas manifestaciones públicas de demostración de afecto y reconocimiento a la labor judicial, no fueron valoradas, sino que más bien, no hicieron otra cosa que despertar los demonios de otros tiempos, y en definitiva, ese legítimo y circunstancial acompañamiento a un operadora de justicia -que fue literalmente arrebatada de una labor encomiable, como jueza penal, y derivada a casos de neto corte civil- se transformó en un descontrol generalizado, pero no en un asonada ni mucho menos, como se pretendió calificar el episodio.

Condenan por atentado a siete personas

Un episodio de la vida ciudadana protagonizado por una multitud dentro del recinto y fuera de él -estando entre ellos el escritor y periodista Eduardo Galeano- incluidos periodistas, y reporteros gráficos de informativos de televisión, cuya tarea de informar no pudo ser llevada a cabo con normalidad. Todos los allí presentes vivieron instancias de tensión, lisa y llanamente, cuando las fuerzas policiales pretendieron desalojar el recinto, aplicando protocolos de seguridad, que, a ojos vista, resultaron desproporcionados ante personas que no portaban ni palos, ni piedras, ni armas propias, y que lo único que anhelaban era estar presentes, junto a la magistrada, en el sector de la planta alta del edificio, donde habría de cumplirse una formalidad meramente burocrática. Pero este hecho, que fue mediático, oportunamente desató debates, y críticas al Poder Judicial, y a la jueza penal que dispuso la intempestiva intervención policial, aquella tarde de febrero, en medio de un clima de generalizada desaprobación con la medida de traslado, desatando, además, una tormenta jurídica, sobre determinadas personas que según las autoridades era inevitable su comparecencia ante la justicia. Y así ocurrió en los días subsiguientes: los imputados comparecieron con sus abogados ante la sede judicial de la calle Misiones, las respectivas causas siguieron su curso, hasta que finalmente -en el correr de las últimas horas, o sea ochos años después- sobrevinieron las condenas, es decir, algo así como el sablazo final para los imputados, por haber osado expresarse en acto de apoyo pacífico hacia la magistrada. Vaya ironía: un apoyo ciudadano a la tarea de hacer justicia, desencadenó un posterior fallo judicial, que recayó directamente en siete personas.

Condenan por atentado a siete personas

Después de ocho años entonces, transcribimos el fallo textualmente: “Condenase a Irma Gladys Leytes Dalto, a Jorge Pedro Zabalza Waksman y a Álvaro Jaume Bockino como autores penalmente responsables de un delito de atentado especialmente agravado a la pena de veinticuatro (24) meses de prisión, con descuento de los días de privación de libertad si correspondiere”.

“Condenase a Aníbal Emilio Varela Budes, a Diego Jaume Favaro y a Eduardo Jaume Favaro, como cómplices penalmente responsables de un delito de atentado especialmente agravado a la pena de ocho meses de prisión, con descuento de los días de privación de libertad si correspondiere”.

“Suspéndasele condicionalmente el cumplimiento de la pena a los imputados. Si hicieren uso de la opción o vencido el plazo de diez días desde la notificación de la presente sin haberlo manifestado, cúmplase con lo dispuesto por el artí. 102 del C.P.P; resérvese por el plazo legal, vencido el cual, agréguese planilla actualizada del I.T.F.”.

“Ejecutoriada, cúmplase, comuníquese, liquídese la pena, y remítase a sus efectos al juzgado letrado en lo penal de ejecución y vigilancia que por turno corresponda. Ana Margarita de Salterain Gutiérrez”.

Comunicado a la opinión pública

Transcribimos textualmente un comunicado que nos ha llegado a nuestra redacción, firmado por algunos de los imputados, con fecha de noviembre de 2021 y bajo el título “¿Corte 'atentada' o impunidad intocada? La resurrección de los demonios".

“Un caso emblemático en derechos humanos: el traslado de la jueza M. Mota de la órbita penal a la civil, (15 de febrero,2013) ¡De no creer! Ocho años después de lo ocurrido ese día en la SCJ, de haber sido juzgados en su momento, se acaba de emitir el siguiente fallo judicial: Irma Leites, Jorge Zabalza y Álvaro Jaume, procesados en calidad de autores de un delito de ATENTADO ESPECIALMENTE AGRAVADO, con una pena de 24 meses de prisión, y tres compañeros más en calidad de cómplices, con una pena de ocho meses de prisión”.

“No es este un 'relato', una ficción del “mundo del revés”, sino un episodio real de nuestro Uruguay actual. Aquel día fuimos un par de miles que asistimos a la explanada del llamado Palacio de “Justicia”, convocados por el PIT/CNT, FEUU, FAMILIARES, CRYSOL, y el conjunto de organizaciones de DDHH. Asistimos con la clara conciencia que dicho traslado era un OPERATIVO POLÍTICO destinado a congelar las decenas de causas que tenía entre manos la jueza. Destinado a legitimar la impunidad de la que han gozado y aún gozan, los terroristas de Estado. Por ello la demostración de respaldo. Ese mismo día fuimos cientos que subimos a la sala de ceremonias, exteriorizando pacíficamente nuestra protesta. Los más diversos rostros; las más diversas edades; todos impactados por la descarada maniobra de las 'supremas' autoridades“.

“¡Se aplicó la violencia para desalojarnos!

Finalmente abandonamos el recinto, también voluntaria y pacíficamente.

De los cientos, selectivamente seleccionan a 7 (nosotros 6; más P. B. que va en causa aparte), procesándonos por el delito de Asonada”.

“En abril de 2015, una SCJ “ad hoc”, falla a favor del recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por nuestros abogados defensores. Suponíamos que sería el cierre definitivo de la causa. Si bien la gran mayoría de los torturadores de aquellas aciagas épocas no han sido juzgados, esperable era que quienes hemos sido sus víctimas, al menos no fuésemos injustamente procesados”.

“Pues, todo lo contrario: nuevamente, POR LOS MISMOS HECHOS, de aquel entonces, ¡¡se nos procesa ahora por ATENTADO!!Sin duda, que éste disparate jurídico tiene nombre: criminalización de la protesta, persecución política, y sobre todo, castigo ejemplarizante, para aquietar rebeldías, ante una inmoral y vergonzosa impunidad. Impunidad difícil de sostener, en el tiempo, para quienes enarbolan la bandera de Uruguay como modelo de “país democrático”.

“Denunciamos públicamente éste atropello judicial, decididamente indigno, y reiteramos que nuestro reclamo, como el de gran parte de nuestro pueblo, sigue siendo tenazmente el mismo: ¡VERDAD Y JUSTICIA!".

Irma Leites, Jorge Zabalza, Alvaro Jaume”.