Jueves 25 Abril 2024
Por Alejandro Díaz-7 de agosto de 2021

“La dilación de justicia no hace más que agravar el daño causado por la mora en la justicia a quienes son víctimas de estos atroces hechos y a la sociedad toda, ya que los crímenes cometidos se hicieron contra la humanidad en su conjunto”, esta es la declaración que presentó la organización HIJOS de Jujuy, ante las idas y vueltas, entre los distintos sectores del Estado por la causa Blaquier, que investiga al empresario dueño del ingenio Ledesma, por los crímenes de lesa humanidad, cometidos en aquella provincia durante la llamada “Noche del apagón”.

Las investigaciones, por los crímenes ocurridos hace más de 45 años, fueron y son sistemáticamente obturadas, entorpecidas, demoradas, dilatadas, abusando permanentemente de los tiempos procesales, del sueño de una prensa cómoda, de una cadena ininterrumpida de funcionarios que hacen caso omiso a sus deberes. Funcionarios del ancho espectro político que abandonan los deberes inherentes a su función, entre ellos la responsabilidad de ser un contralor del resto de los funcionarios públicos, en este caso del sistema judicial. Porque no debemos engañarnos, quienes teniendo responsabilidades constitucionales se acomodan en sus butacas como espectadores pasivos ante la irregularidad permanente y sistematizada del Estado que representan, son en realidad, un componente necesario y cómplice de esas irregularidades. Toda esta perífrasis tiene como centro la impunidad.

Carlos Pedro Tadeo Blaquier cumplirá 94 años en breve, pero como dije en otra ocasión, su muerte es irreversible, así mismo el sistema de poder que ayudo a construir y a consolidar seguirá operando. Y pese a que en las últimas horas la Cámara de Casación Federal decidió rechazar los recursos presentados, en el año 2013, por las partes demandadas, permitiendo que la causa sea llevada al juzgado Federal de Jujuy donde seguirá su curso investigativo, el proceso judicial en líneas generales continua cesante e impune, salvo que uno quisiera considerar estas logomaquias burocráticas como un elemento indispensable de la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Sinceramente no lo creo.

El Poder Ejecutivo que, representado por la secretaria de Derechos Humanos, promovió los llamados de atención para destrabar el proceso judicial; y que durante estas semanas recordó sistemáticamente que la demora en el tratamiento de esta causa “puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, que está obligado a investigar, juzgar y sancionar los delitos contra la humanidad”, debería con el mismo énfasis promover los recursos administrativos necesarios para investigar y esclarecer la responsabilidad de aquellos funcionarios públicos que durante 45 años pusieron en riesgo “la responsabilidad internacional del Estado argentino” al no hacer nada para investigar correctamente y condenar, si así lo validaran las conclusiones, a este y otros responsables de los crímenes aberrantes, de la etapa militar de la dictadura cívico, empresarial y eclesiástica.

Porque la impunidad no es Blaquier, que afrontara la justicia en otro lado, la impunidad es el sistema que contiene a Blaquier y a tantos otros. No podemos, sobre todo los funcionarios de gobierno, hablar de impunidad reiteradamente si reiteradamente no se revisa el correcto desempeño de los funcionarios del Estado. Quizás Blaquier haya organizado las matanzas, pero los que intentaron enterrarlas en el olvido son muchos de los funcionarios que se arrancan las vestiduras hablando de democracia.

Esperemos que la pandemia o una gripe cualquiera no jueguen a favor de la impunidad, y aunque sea a Blaquier, le lleguen a leer el titular del diario que diga que fue citado a prestar declaración indagatoria.

Este caso, y la muerte de este caso, nos deben alertar en la necesidad de comprender que las personas mueren, pero el sistema criminal perdura. Y su correcta identificación de manera académica, jurídica y en materia de política criminal, es desde hace años una necesidad imperiosa, porque la “obediencia debida” supera ampliamente las castas militares, y las relaciones, deudas y favores, que hay por detrás de esta impunidad es una estructura criminal permanente, con todo lo que eso implica.

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*Foto de portada: radiokermes.com