Para Victoria Sequeira, el proyecto de ley para resarcir a las víctimas de la guerrilla en Uruguay presentado por Cabildo Abierto, podría pretender “reflotar la teoría de los dos demonios”. La representante del colectivo Memoria y Libertad, que nuclea a niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado, señaló además que a las víctimas se les han quitado ayudas, principalmente, las prestaciones de salud.

Sequeira, representando a la agrupación en una entrevista brindada al programa de Canal 12 Desayunos Informales, se refirió a la iniciativa presentada en diciembre pasado en el Parlamento: “Este colectivo no está en contra de ese proyecto de ley, sino de que senadores de la República ocupen su tiempo en eso y no en que el Estado termine de reparar y cumplir con las leyes reparatorias que están vigentes con sus víctimas directas”.

La duda que planteó Sequeira es “si esto es un proyecto de ley porque realmente estos senadores están preocupados por estas víctimas (...) o si es una estrategia política para reflotar la teoría de los dos demonios”. Y dijo que “las víctimas civiles de cualquier conflicto pueden demandar al Estado también”.

“No sé a qué se refieren cuando quieren hacer un proyecto de ley”, cuestionó.

El otro reclamo del colectivo es que no se está cumpliendo con la reparación a nivel sanitario de las víctimas de la dictadura: “Quedamos sin atención en salud mental desde 2020, no se renovó un contrato con psicólogos especializados para tratarnos a nosotros (…). Se nos han quitado todas las prestaciones”, dijo Sequeira; aunque reconoció, que desde el Estado aún se les brinda alguna ayuda, pero que no son atendidos por profesionales especializados en su problemática, lo que implica “empezar tratamientos que llevaban años, empezar todo de nuevo”.

Aunque “la única ley que nos ampara es la salud”, Sequeira se lamentó: “Nos desalienta un poco escuchar en la interpelación al ministro (de Salud, Daniel) Salinas, decir que todo funciona bárbaro, cuando no es así. Tenemos pruebas, millones de mails, de visitas a la oficina, en las cuales se nos niegan prestaciones”, y puso como ejemplo el servicio odontológico.

En ASSE, contó Sequeira, se les dijo que el dinero “para aplicar la ley” se empezó a trancar, y mencionó que para que una ley no se cumpla, “es muy fácil, hay leyes, que si en la Rendición de Cuentas no se le otorga dinero para que esa ley funcione, es la forma de que esa ley no se cumpla”.

“Son voluntades políticas”, dijo.

Archivos de la dictadura

Otro de los temas a los que se refirió, concierne a los dichos del senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, sobre la reciente destitución del presidente del Supremo Tribunal Militar, Daniel Castellá (*). En esa oportunidad Lozano dijo que los archivos que mencionaban el rol del militar en la dictadura siempre han estado a la vista, a lo que Sequeira respondió: “No es cierto, porque Madres y Familiares vienen hace más de 20 años pidiendo que se muestren los archivos para encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y las fuerzas armadas no los entregan”, “junto con la voluntad política, que tampoco existe, desde hace años”. “No hubo una voluntad política real de encontrar a nuestros desaparecidos”, por parte de los gobiernos que se han sucedido luego de la dictadura, dijo, y reclamó: “el Estado en sí mismo todavía tiene deudas que pagar”.

“Cuando un juicio sale favorable en condena a un militar, tenemos senadores que dudan todavía de ese Poder Judicial que tenemos, lo cual nos parece gravísimo” cuestionar “la objetividad de ese Poder Judicial; pero además esa gente no es presuntamente criminal, hay pruebas y hay un jurado que los condena (…). Son condenas, no sospechas”. “No sé de qué están hablando estos senadores”, insistió.

Además, hizo hincapié en que el Estado uruguayo ha firmado tratados con la ONU desde hace muchos años, “y no cumplimos después lo que nos piden; eso es lo terrible”. “Por más que haya gente que diga que la Constitución tiene que estar por encima de todas las cosas, hay acuerdos que nuestro país va y firma y ratifica una y otra vez, se pone a disposición de la injerencia de Naciones Unidas”. Sequeira recordó además que “desde el caso Gelman está siendo amonestado este Estado por no cumplir con esas normativas”.

Los integrantes de Memoria y Libertad vivieron en su propia carne el terror infringido por militares, policías y civiles, funcionarios de un Estado que al día de hoy sigue sin dar todo de sí para responder por sus crímenes.

“Hay una gran responsabilidad del Estado”, que ejerció “con todo su aparato violencia sobre niños, niñas y adolescentes”. “Estamos hablando de allanamientos, presidios, nacimientos en cautiverio (…), abusos sexuales a niños en allanamientos, abusos sexuales a niños en las visitas” además de “tortura psicológica y física en las visitas”. “Muchos de nosotros crecimos yendo cada semana a visitar a nuestros padres a las cárceles desde nuestro 0 año en adelante; hay niños nacidos en cautiverio que estaban unos años con sus madres y después eran separados",así como “niños que se fueron clandestinos por medio de embajadas y terminaron en otros países creciendo, viviendo”, también están los “hijos de desaparecidos”.

“Eso es lo que hemos vivido nosotros”, “hemos crecido y tenemos las secuelas (...) de este tipo de prácticas, que eran sistemáticas”, sostuvo la vocera de Memoria y Libertad.

“Somos la última generación de víctimas directas que podemos contar de primera mano” los horrores que cometió el Estado contra sus ciudadanos.

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(*) Daniel Castellá, fue destituido como presidente del Supremo Tribunal militar luego de que el ministro de Defensa Javier García descubriera que participó en el interrogatorio al médico Vladimir Roslik en el departamento de Río Negro, donde falleció por torturas el 16 de abril de 1984

*Foto de portada: YouTube / Victoria Sequeira en diálogo con Desayunos Informales de Teledoce