Patear una puerta, entrar a un domicilio a los gritos a mitad de la noche, recorrer las habitaciones vertiginosamente tirando todo a su paso, arrancar a las personas de su sueño, arriar a punta de fusil a todo el mundo, golpear, manosear, insultar, vejar cuanta inocencia se atraviese.

“Censo”: este es el eufemismo que utilizaban las patotas catamarqueñas -del aparato represivo de la dictadura cívico, empresarial y eclesiástica, durante la etapa militar- para referirse a los allanamientos nocturnos donde eran secuestradas las personas enemigas del régimen.

Este fue el caso de Griselda Ponce y Julio Genaro Burgos, secuestrados durante un allanamiento ilegal a las tres de la madrugada el 15 de diciembre de 1976, en la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la provincia de Catamarca. El juicio que investiga su causa comenzó una nueva etapa.

Griselda tenía 34 años, y desde hacía meses realizaba gestiones para dar con el paradero de su hermano, Francisco Gregorio Ponce, que era dirigente sindical de SMATA y había sido desaparecido en agosto de 1976. La familia llegó a entrevistarse con Pedro Alfonso Torres Frías, obispo de Catamarca quien les contesto: "No se puede hacer nada. ¡Qué se le va a hacer! Si andaba en la subversión, ésa es la única forma de terminar". Julio Burgos era sobrino de Griselda y aquella madrugada se encontraba de visita, tenía tan solo 18 años.

En el año 2012, habían sido condenados Carlos Alberto Lucena y a Juan Daniel Rauzzino, por ser organizadores de la privación ilegítima. Luego en el 2015 también se logró la condena de Enrique Henzi Basso y a Darío Otero Aran por la muerte y desaparición de Griselda y Julio, así como también de Francisco Ponce y Yolanda Borda. Todos los condenados eran miembros del Ejército y del regimiento de la aerotransportada, la cual estaba abocada a las tareas de inteligencia.

En esta nueva etapa será juzgada la responsabilidad del coronel retirado Francisco Gabriel Castañeda, no solo por el secuestro y posterior desaparición de las víctimas, sino también por el encubrimiento del hecho, cargo por el que también estaba procesado el teniente coronel Juan Daniel Rauzzino, quien falleció el pasado 17 de abril.

Castañeda era el jefe de la compañía A, y durante la etapa de instrucción de la causa declaró que el día de los secuestros se encontraba de licencia. Además, agregó que no se ocupaba personalmente de los censos de población, sino que se limitaba a dar las órdenes a los jefes de sección e incluso muchas de estas prácticas no eran notificadas por los ejecutores porque eran consideradas de rutina. El subteniente Carlos Mujica, quien secundaba a Castañeda, reconoció la firma de este en un papel que fue hallado por los familiares de Ponce luego del allanamiento, y que se convirtió en prueba fundamental de la causa.

Esta tercera etapa es llevada adelante por el tribunal conformado por los jueces Enrique Lilljedhal, Federico Bothamley y Mario Eduardo Martínez, además por primera vez en la provincia se implementó el nuevo Código de Proceso Penal federal que permite los alegatos de apertura de las partes.

"Catamarca no fue una isla. Hubo secuestros y la desaparición de jóvenes en el marco de este plan de exterminio. Estas dos familias no saben dónde están los cuerpos de sus seres queridos, pero siempre creyeron en la Justicia, y la Justicia debe estar a la altura de las circunstancias", declaró Ramiro Fresnada por parte de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

------------------

*Foto de portada: pagina12.com