A seis meses del sexto hallazgo de restos óseos en el predio del Batallón 14 de Toledo, el Estado no ha definido aún su identidad
Meses de incertidumbre viven los familiares de uruguayos detenidos desaparecidos (y no solo), desde que fue hallado el cuerpo de una mujer el pasado 6 de junio en el Batallón 14 de Toledo. El cuerpo de una mujer tendida boca abajo, desnuda, torturada, violentada y cubierta en cal y por un bloque de cemento, que resistió la complicidad de algunos, la desidia de muchos y la ignorancia de otros, esquivando el olvido. Esta mujer, que es, y pudo ser, una hija, una hermana, una amiga, una compañera, una madre, una abuela, de cualquiera de todos nosotros, espera desde hace seis meses ser reconocida, ser identificada, para que su historia sea contada. Su vida, sus pasiones, sus luchas, sus sueños. Su secuestro, su calvario, su asesinato, su desaparición. Hay un torturador, hay un asesino, hay un desaparecedor, responsable directo de este crimen. Pero hay también una larga cadena de cómplices que incluyen a cada uno de los presidentes democráticamente elegidos, que han sometido a las víctimas del terrorismo de Estado al olvido. Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou. Cada uno de ellos, en su rol como comandantes en jefe del Ejército, han cumplido una tarea tibia, pobre, paupérrima, y por tal motivo son cómplice, al no someter a sus subordinados para que entreguen la documentación necesaria para esclarecer este, y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa militar de la dictadura cívica y empresarial.
A seis meses del hallazgo, Madres y Familiares de uruguayos detenidos desaparecidos del Uruguay convocó a una movilización bajo la consigna “¡Que nos digan quién es!”: “Porque esta causa no es sólo nuestra, porque es a la sociedad toda a la que se le debe una respuesta, es que exigimos y nos movilizamos. Nos urge nombrarla”, afirmaron desde sus redes sociales.
El encuentro tuvo lugar en la explanada de la Universidad de la República este jueves 20 de diciembre. Más de cinco mil personas acompañaron este nuevo peregrinaje sobre 18 de julio en búsqueda de respuestas. Las pancartas, con los rostros de quienes aguardan justicia, se izaron sobre la multitud mientras una tenue lluvia recubría el momento, dándole ese aire de solemnidad y dramatismo. La manifestación llegó hasta la Plaza Libertad, a las inmediaciones del Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.
“¿Quién es? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué?”, preguntó Laura Boiani, la nieta de Otermín Montes de Oca -quien fue desaparecido en 1975-, que puso la voz a la proclama redactada por Madres y Familiares. “Se volvió a reafirmar algo que venimos exigiendo hace mucho tiempo: son las Fuerzas Armadas, asesinas y cobardes, las que ocultan la verdad, las que mantienen secuestrados a nuestros familiares (…). Hoy les exigimos nuevamente que hablen, que rompan el pacto de silencio, que digan de una vez por todas la verdad".
No tuvieron dudas los manifestantes, en señalar al máximo responsable de tal encubrimiento: el presidente Luis Lacalle Pou. Las Fuerzas Armadas “obedecen a una jerarquía superior que puede y debe ordenar la búsqueda y entregar la información (…). Que el comandante en jefe actué y esté a la altura”, dijeron.
Pero el reclamo no incluyó solo al Ejecutivo. También fue dirigido a los señores y a las señoras parlamentarias, que el pasado martes firmaron en el Senado el proyecto de ley que pretende otorgar la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, rango etario que incluye a los condenados por los crímenes de lesa humanidad más aberrantes que conoció el país. Un gesto en estos tiempos que corren -cuando al otro lado de la orilla vuelve a asomar el peor de los fascismos-, que alienta los discursos negacionistas sobre el terrorismo de Estado, y abre la posibilidad de que las células de este cáncer se vuelvan más virulentas.
Fotos: Antimafia Dos Mil