El represor, prófugo de la justicia durante décadas, fue detenido a principio de mes en EEUU
Más de 8 billones de personas hay en el mundo. Imagínese, usted que lee, la difícil tarea que emprenden aquellos que por cielo y tierra buscan a los represores de las dictaduras latinoamericanas que -amparados por complejas redes de impunidad-, han logrado esconderse durante décadas.
Pedro Barrientos era un joven teniente, tenía tan solo 24 años, cuando en septiembre de 1973, luego de participar de las grotescas torturas cometidas contra el cantautor chileno Víctor Jara, le dio dos tiros a sangre fría para terminar con su vida. Según se pudo reconstruir durante las audiencias judiciales que lo condenaron en ausencia, a mediados del 2016, Barrientos solía blandir su arma y jactarse del crimen. “Con esta lo maté”, decía con total impunidad. Y con ese aire de soberbia se mantuvo al margen de todo castigo durante décadas, hasta que finalmente, el pasado 5 de octubre fue detenido por agentes de policía del Estado de Florida, en la pequeña localidad de Deltona, distante a 50 kilómetros de Orlando.
Barrientos, hoy de 74 años, se mudó a florida en 1990, cuando Chile iniciaba su transición hacia la democracia, intentando dejar atrás la cruenta y violenta dictadura de Augusto Pinochet. El militar, sin muchas complicaciones, logró obtener la ciudadanía estadounidense, y desde entonces, como tantos otros represores latinoamericanos, se dedicó a vivir el “sueño americano”.
Varios años tendrían que pasar, hasta que finalmente en junio de 2016 -luego de una demanda civil presentada en el 2013 por la viuda de Víctor, Joan Jara, ante los tribunales norteamericanos- Barrientos fue encontrado culpable por torturar y asesinar de manera extrajudicial al cantante. Al ser una demanda civil la condena no contemplaba tiempo de prisión. Pese a la gravedad de los hechos comprobados por el tribunal, solo fue impuesta una compensación por daños y perjuicios por una cifra millonaria. Esta condena, que implicó un triunfo moral para la familia, y toda la comunidad internacional que defiende los derechos humanos, se fue topando contra las burocracias legales para avanzar con los procesos judiciales que en Chile esperaban por el ahora condenado. El tema es que, al ser ciudadano estadounidense, el país que avaló el golpe de Estado contra Salvador Allende, negaba el proceso de extradición.
Recién en julio de este año, el juez del Distrito Central de Florida, Roy Dalton, anuló la ciudadanía de Barrientos, y su certificado de naturalización, al considerar que el exmilitar había cometido un delito al declarar falsamente su participación en ejecuciones extrajudiciales.
Ahora Barrientos, espera bajo custodia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, a la espera de que la extradición al país transandino se formalice.
Mientras tanto, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos, le exigen al gobierno de Gabriel Boric “que las autoridades pertinentes tomen todas las medidas precautorias para asegurar que Barrientos llegue a Chile y sea detenido en forma inmediata y sometido a juicio y condenado”.
Foto: malaespinacheck.cl