También en octubre fueron imputados nueve militares por el asesinato del médico Vladimir Roslik
Los militares Gustavo Urban Saavedra, Juan Antonio Rodríguez Goñi, Roberto Cáceres, Enrique Ribero Ugartemendía y Walter Alcides Pintos, fueron procesados con prisión por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo en la base aérea Boiso Lanza del Ejército uruguayo, entre 1972 y 1985. Se calcula que en los años en que funcionó como centro clandestino de detención y torturas, en esa división de la Fuerza Aérea pasaron más de 100 personas, que fueron víctimas de secuestro, tortura, violencia sexual, asesinato y desaparición forzada.
El caso fue denunciado por el reconocido abogado de derechos humanos, Óscar López Goldaracena, que llevó adelante la causa de un conjunto de unas 50 víctimas afectadas por los criminales.
Los delitos por los que fueron imputados son “reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados y muy especialmente agravados, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de violencia privada especialmente agravados”. En el caso de Walter Pintos, también se lo procesó por “atentado violento al pudor”, tipificaciones solicitadas por el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien llevó adelante la investigación.
La jueza Silvia Urioste de 27º turno estableció las condenas, y emitiría una orden de captura internacional contra un militar prófugo, que fue llamado a audiencia, pero no se presentó: Roberto Freddy Amorín.
Los exmilitares de la Fuerza Aérea uruguaya, Alfredo Ángel Fresia Dubois y José Eduardo Delgado, se encuentran también prófugos de la justicia.
Las indagatorias del caso continúan, por lo que no se descarta que surjan más condenas en las próximas semanas.
Enrique Ribero Ugartemendía ya estaba condenado como autor material del homicidio de Ubagesner Chávez Sosa, militante del Partido Comunista, cuyos restos fueron encontrados el 29 de noviembre de 2005 en la “chacra en Pando”, un campo propiedad de la Fuerza Aérea. El último lugar donde se le vio fue en la base aérea, donde fue asesinado.
En Boiso Lanza también fueron secuestrados, torturados y asesinados, José Arpino Vega (aún desaparecido) y Julio Enrique Pereira Llamas, asesinado el 10 de diciembre de 1973 mientras intentaba escapar de la tortura militar.
Asesinato de Roslik: nueve militares declarados culpables
El 4 de octubre fueron procesados en el juzgado de Fray Bentos, nueve militares, por su vinculación al asesinato del médico de Fray Bentos, Río Negro, Vladimir Roslik, el 16 de abril de 1984. En el marco de esta causa, que además incluye a unas 25 víctimas oriundas de San Javier -un pueblo fundado por familias rusas en Río Negro, lo que los puso en la mira militar por ser “posibles comunistas”- la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, había pedido el 15 de octubre de 2021 la formalización de los ahora imputados.
La jueza Selva Siri Thove, que está a cargo del caso, determinó como medidas cautelares mientras prosigue la investigación, prisión domiciliaria, uso de tobillera electrónica, prohibición de salida del país, y presentarse ante la policía cada semana. Además, estableció la prohibición para los nueve imputados de acercarse a las víctimas.
Los exmilitares imputados por los delitos de abuso de autoridad, lesiones graves y privación de libertad, fueron Rodolfo Costas Bentancour, Roberto Ramírez, Abel Pérez Cirilo, Sergio Caubarrere Barrón, Ricardo Soloviy Feris, Eduardo Saiz Pedrini, Pedro Estebenet Stasiak, Edgardo Castellá Lorenzo y Oscar Rocca Baraldi. Por su parte el militar Luis Calvetti Santos no se presentó debido a problemas de salud. Otro de los militares vinculados a la causa era Juan Loitey Oyhazabal, pero falleció antes de la audiencia.
Meses atrás, fue rechazado el pedido de imputación contra el militar Dardo Ivo Morales, quien practicaba el “interrogatorio” de torturas a Roslik cuando murió. Esta decisión de la jueza Siri, fue apelada por la familia del médico.
El 8 de mayo de 2018, Mary Zabalkin y Valery Roslik -viuda e hijo de Vladimir Roslik-, se presentaron ante la justicia para solicitar el desarchivo de la causa por el asesinato de su marido y las torturas recibidas por otros habitantes de San Javier. Si bien la Suprema Corte de Justicia no dio lugar a la apertura, sí aclaró que, de haber nuevas pruebas presentadas luego de la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal de noviembre de 2017, podría abrir una nueva investigación, lo que finalmente sucedió.
Foto de portada: lr21.com.uy
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