Me llegó el Boletín Informativo de la Comisión de Defensa del Partido Justicialista de este mes de septiembre, que contiene un rotundo mentís a la pretensión de la candidata a la Vicepresidencia de Javier Milei de representar a “la familia militar” cuando, en realidad, representa al poder económico que estuvo detrás de la dictadura, con el que nada tienen que ver los militares de hoy. Dicho boletín denuncia no solo “la reivindicación de la última y feroz dictadura militar” hecha por Villarruel, sino que también incurrió “en la barbaridad de afirmar que Estela Carlotto, la extraordinaria presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, ‘ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país’”. Y remata: “Lo dicho y hecho por Villarruel es tan indignante como despreciable".

En eso estaba cuando leí la medulosa investigación que publicó Ari Lijalad en El Destape. Que pide ser difundida urbi et orbi por lo que la reproduzco a continuación. Al final, un comentario de Artemio López.

Negacionismo y negocios: abogados, corporaciones y operadores de la City, los poderosos nombres detrás de Villarruel

El Destape accedió a la escritura fundacional del CELTYV, el sello de Victoria Villarruel. Aparecen los abogados del establishment, socios de los estudios jurídicos más poderosos del país que representan a las grandes empresas, que esperan armar negocios con un eventual gobierno que integre la negacionista.

Por Ari Lijalad de El Destape

Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, se presenta como una simple militante de la memoria completa, que no es otra cosa que un eufemismo del negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado. Pero oculta algo que queda al descubierto en la escritura fundacional del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimcas (CELTYV), a la que accedió El Destape, y es la red de contactos que la vinculan no sólo a ex funcionarios dictatoriales sino principalmente a los estudios jurídicos más importantes de la city porteña, es decir, a los representantes de las principales corporaciones del país, incluidos los abogados y recaudadores de Mauricio Macri.

La historia se repite: detrás del genocidio iniciado en 1976 hubo un plan de miseria planificada y concentración de la riqueza; detrás de su reivindicación actual también.

En ese doble esquema de funcionarios civiles de dictaduras (que traen como anexo a los defensores de genocidas) y abogados del establishment es que radica el poder real detrás de Villarruel. El lugar donde se nuclea ese establishment jurídico es el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una entidad centenaria que aportó durante generaciones funcionarios a las dictaduras empresario-militares y planes de gobierno los presidentes constitucionales alineados con los intereses corporativos. Lo hicieron con los dictadores Jorge Rafael Videla y Pedro Eugenio Aramburu, a quienes apoyaron públicamente; lo hicieron con Mauricio Macri, con quien decían que “fue una fiesta” por las comisiones que se llevaron con los negociados hechos con los Fondos Buitre, las colocaciones de deuda y la obra pública a medida; y, en caso de que gane, lo harán con Javier Milei y su vice, Villarruel, que es el nexo entre La Libertad Avanza y el Colegio de Abogados del establishment.

Detrás del negacionismo vienen los negocios.

Las pistas de esa red de contactos están en el CELTYV, el sello que preside Villarruel, cuyos documentos oficiales obtuvo El Destape a través de un pedido de acceso a la información pública a la Inspección General de Justicia (IGJ). La asociación no presenta balances hace 10 años, pero a esta altura es una anécdota: los montos que informan son mínimos. Lo importantes es que tiene entre sus fundadores (a quienes ocultan en su página web oficial) a varios representantes de ese universo de relaciones con los civiles que fueron funcionarios de las dictaduras, los abogados de las principales compañías del país e incluso vínculo directo con Macri. Que los nombres sean desconocidos es directamente proporcional a su influencia.

En la escritura fundacional del CELTYV, con fecha del 27 de mayo del 2008, figuran:

• Jorge Luis Pérez Alati, uno de los socios del poderoso estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM). Grondona es el hijo del vocero y escriba dictatorial Mariano Grondona. La M de la sigla era de Martínez de Hoz, hijo del ministro de Economía dictatorial que hace poco fundó su propio estudio dedicado a temas energéticos. Perez Alati comanda su bufete con sedes en Buenos Aires, Santiago de Chile, Uruguay y Nueva York, que figura siempre en el top 10 de los estudios más influyentes del país y que además recaudaba fuerte para las campañas de Mauricio Macri. Para las PASO 2023 Pérez Alati aportó 4 millones de pesos. Pérez Alati es el socio 3.787 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Figura en la comisión revisora de cuentas suplente del CELTYV y con poder especial de la asociación para actuar en su nombre. Su estudio es el que maneja los papeles de la asociación que preside Villarruel.

• Máximo Fonrouge, socio del poderoso estudio Cassagne, que entre sus clientes tiene al propio Mauricio Macri en el caso Correo y con el que además armaban los pliegos de las licitaciones PPP durante su gobierno. También integró el directorio del diario La Nación. Fonrouge es socio 4.250 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y fue su presidente durante el gobierno de Macri. Alternaba ese cargo con la presidencia de otro sello de goma, la ONG Será Justicia, con la que armaban causas en tándem con el gobierno de Cambiemos. Figura como tesorero del CELTYV.

• Horacio Adolfo García Belsunce, ex funcionario de la dictadura fusiladora que derrocó a Juan Perón, vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje al almirante Isaac Francisco Rojas, integró las organizaciones empresariales promotoras de los golpes de estado como ACIEL y el CEA y fue vicepresidente de FIEL, el think tank que puso todos los ministros de economía de la última dictadura. Falleció en 2022. Era el socio 1.354 del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, uno de los 7 socios honorarios. Figura como vocal suplente en el acta fundacional del CELTYV.

• Alejandro Fargosi, hombre de Juntos por el Cambio, representó al PRO en el Consejo de la Magistratura. Fue abogado en Argentina del fondo buitre Burford, el que compró el juicio contra el país por la expropiación de YPF. Figura en la comisión revisora de cuentas titular del CELTYV.

• Eugenio Carlos José Aramburu, otro de de los 7 socios honorarios del Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

• Enrique Francisco Maschwitz, el escribano a cargo de anotar el CELTYV. Es el histórico escribano de La Nación.

El resto de los integrantes de la comisión directiva originaria del CELTYV eran familiares de lo que denominan “víctimas del terrorismo” y Carlos Manfroni, coequiper editorial de Villarruel. Pero la presencia de abogados corporativos revela algo más: el poder económico detrás de este aparato de propaganda renovado de la dictadura empresario-militar y la línea que la une con Macri. Detrás del negecionismo vienen los que tienen un plan de negocios.

El Colegio

No cualquiera integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo. No es el Colegio Público de Abogados porteño, que tiene más de 130.000 matriculados, sino un reducto exclusivo y cerrado de lobby judicial y corporativo de poco más de 1.500 socios. La lista de socios desapareció de su página web, pero este cronista la guardó cuando todavía estaba disponible. Figuraban 1.508 socios, 7 de ellos honorarios y 97 vitalicios.

Villarruel es la socia 5.709 y, por su pertenencia y por los vínculos que tiene desde el CELTYV, el nexo en caso de que gane Milei con este enclave del poder en la Argentina forjado durante décadas en el entramado de relaciones entre Estado-Empresas-Fuerzas Armadas. En la formación original del CELTYV hay: 2 de los 7 socios honorarios del Colegio del establishment, García Belsunce y Aramburu; uno de sus expresidentes, Fonrouge; y el poderoso Pérez Alati.

Para asociarse a este selecto club, su estatuto requiere “poseer título habilitante para ejercer la profesión, gozar de reputación intachable, ser presentado por no menos de cinco socios, y admitido por el Directorio previa noticia de la solicitud en el tablero de la Institución por el término de diez días”. La reputación intachable es algo subjetivo y a Villarruel no se le conoce trabajo como abogada; lo interesante sería conocer quiénes son los cinco o más socios que la recomendaron.

Fundado en 1916, este Colegio de Abogados del establishment no estuvo siempre en Montevideo 640. Hasta 1950 tenía sus oficinas en el Palacio de Tribunales gracias a un acuerdo con la Corte Suprema. En pleno gobierno de Perón fueron eyectados de ese espacio público. Su antiperonismo tiene explicación, lo que no la tenía era que una entidad de lobby privada tuviera un despacho en el Palacio de Tribunales. En 1955, tras el derrocamiento de Perón, publicaron: “Ha caído la dictadura (…) hombres de todas las tendencias, entre los que se destacan muchos socios de este Colegio, se ocupan de asegurar el imperio del Derecho (…) después de haber consagrado la tarea heroica de terminar con el déspota y su sistema“. Desde entonces algunos de sus socios ocupaban cargos en las dictaduras mientras otros escribían los planes económicos y las licitaciones y negocios a medida de las empresas que patrocinaban.

En su apoyo al golpe del 24 de marzo de 1976, el Colegio de la calle Montevideo declaró: “Ante el fracaso de los intentos de una solución dentro de las normas institucionales, la asunción de la conducción del Estado por las Fuerzas Armadas fue una penosa pero ineludible obligación“. En una entrevista con Mauro Viale, rescatada y viralizada hace poco en redes sociales, el periodista le pregunta a Villarruel sobre el terrorismo de Estado. Ella niega que existiera. Le pregunta entonces dónde pone el golpe del 76. Villarruel responde: “Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchos atentados por día. Y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población empezó a estar más protegida“. El mismo argumento con el que el Colegio defendió el golpe en 1976: “Una ineludible obligación“. Es una buena socia.

Entre los socios vitalicios del Colegio está Alberto Rodriguez Varela (socio 2.884). Es un oxímoron, pero tenía el cargo ministro de Justicia de la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. En democracia, fue abogado de Videla en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. En 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó su detención como parte de los delitos de lesa humanidad contra la familia Graiver, cuando Rodriguez Varela aún era fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Otro vitalicio es Guillermo Walter Klein (socio 2.702). Integró el gabinete de Martinez de Hoz durante la dictadura, a cargo de Programación y Coordinación Económica, y es el responsable de la ingeniería financiera del megaendeudamiento dictatorial. Fue denunciado por el asesinato de Juan Caros Casariego del Bel, un funcionario del ministerio de Economía que se negó a participar de la estafa de la estatización de la compañía Italo, cuyo beneficiario era nada menos que Martínez de Hoz. En democracia, Klein armó un estudio de abogados con Héctor Mairal, otro socio del Colegio. Le dieron trabajo a los hijos homónimos de José Martinez de Hoz y Mariano Grondona, que luego abrieron su propio bufete junto a Pérez Alati.

Actualmente Villarruel integra la Comisión de Derechos Humanos del Colegio que apoyó y fue parte de las dictaduras empresario-militares. La Comisión la preside Pérez Alati, fundador a su vez del CELTYV. Todo se encadena.

Una fiesta

Para entender lo que puede deparar este vínculo de Villarruel con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo solo hay que mirar lo que sucedió durante el gobierno de Macri. En junio de 2016, el Colegio hizo una actividad en la Bolsa de Comercio bajo el título “Diálogos para Argentina”. El cierre estuvo a cargo Macri, entrevistado por Julio Blanck de Clarín y José del Río de La Nación. Macri aprovechó para criticar a Alejandra Gils Carbó ante sus aliados en la persecución judicial de la procuradora. En abril, el Colegio y su sello Será Justicia habían lanzado, junto a Gobierno, la avanzada judicial contra ella. Una de las figuras claves que presidía alternadamente el Colegio y Será Justicia era Fonrouge, fundador del CELTYV junto a Villarruel.

El entonces presidente del Colegio era Guillermo Lipera, que Macri nombró como conjuez de la Corte Suprema. Lipera a su vez alternaba con Fonrouge las presidencias del Colegio y del sello Será Justicia, brazo judicial del macrismo. En ese acto, con Macri presente, Lipera dejó clara la alianza. “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”, arengó. Lo mismo que decían en dictadura. No hubo metáforas: llamó a los socios del Colegio de la calle Montevideo, a los abogados del establishment, a “jugar el partido” a favor del Gobierno de Macri. Todo era un negocio.

La revista Apertura, en su edición de agosto de 2016, puso en tapa una bola de boliche y publicó la participación de varios estudios de la City en la ingeniería jurídica de la eliminación de las restricciones a la compra de dólares y del pago a los Fondos Buitre. La nota principal decía: “Cepo y holdouts fueron dos señales claras, con impacto inmediato en los estudios de la City. ‘Después de eso, fue una fiesta’, se sincera Perez Alati”. Se trata justamente de Perez Alati, compañero de Villarruel en el CELTYV y en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio del establishment. Perez Alati fue uno de los principales aportantes y recaudadores de las campañas de Macri. En 2015 el estudio aportó 934.000, Perez Alati puso otros 1.736.000 pesos que habría que preguntarle si eran todos propios. El 10 de julio pasado puso 4 millones de pesos para la campaña camino a las PASO de Juntos por el Cambio. En el macrismo tuvo su recompensa. Y no sólo él: la mayoría de los socios corporativos del Colegio de la calle Montevideo.

Los negocios de los socios del Colegio con el macrismo fueron muchos. Un breve listado permite avizorar lo que puede suceder si los correligionarios empresariales de Villarruel tienen llegada también a un eventual gobierno de Milei. Por empezar un dato: Mariano Cuneo Libarona (socio N 3.472) es uno de los vitalicios del Colegio y se lo menciona como parte de los equipos jurídicos de Milei.

Luis Caputo, el ministro de Deuda, fue CEO del Deustsche Bank. Ahí tenía como abogado a Javier Errecondo, del estudio Errecondo, Gonzalez & Funes. Cuando, ya como funcionario de Macri, fue a pactar el pago con los Fondos Buitre, Errecondo estuvo a su lado. Errecondo es el socio 3.956 del Colegio de la calle Montevideo. El estudio Errecondo, Gonzalez & Funes participó de la emisión de los bonos que se utilizaron para cancelar la deuda con los buitres y de los acuerdos con bonistas para la colocación de 16.500 millones de dólares. La comisión es multimillonaria. De esta movida participó también el estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Los últimos dos apellidos también son socios del Colegio. Ahora Brouchou se asoció con Daniel Funes de Rioja (socio 3.673), presidente de la UIA y la COPPAL.

El estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi también hizo buenos negocios con el macrismo. Fueron, según su web, el único asesor legal argentino de los bancos que participaron en la emisión del bono a 100 años que lanzó Macri por 2.750 millones de dólares. Organizaron el préstamo que recibió el Banco Central por más de 5.000 millones de dólares al inicio de la gestión Macri-Sturzenegger. También participaron de colocación de más de 5.000 millones de dólares de deuda de la provincia de Buenos Aires bajo impulso de Maria Eugenia Vidal. Todos socios del Colegio, todos se llevaron comisiones por ese mega endeudamiento.

Otro que hizo buenos negocios fue el estudio Cassagne, entre cuyos socios está Fonrouge, fundador del CELTYV junto a Villarruel. La misma revista Apertura contaba que “el ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. Armaron el esquema de negocios y lo ejecutaron. Es evidente que con Milei piensan hacer lo mismo y Villarruel es el nexo.

En el Colegio de la calle Montevideo, donde Villarruel es socia y sus cofundadores del CELTYV tienen mucha influencia, figuran los socios de los estudios más poderoso de la city porteña: Marval, O´Farrell & Mairal; Baker McKenzie; Brouchou & Funes Rioja; Allende & Brea; Beccar Varela; Perez Alati, Grondona, Benites & Arnsten; Bomchill; Martínez de Hoz & Rueda; Cassagne; entre otros de los principales patrocinadores de corporaciones empresariales y hacedores de políticas de Estado en las sombras. Son los verdaderos escribas del poder, cuando no el poder en sí mismos.

“Fue una fiesta” durante el macrismo, como se sinceró Perez Alati, que comparte la Comisión de Derechos Humanos del Colegio y el CELTYV con Villarruel. ¿Se vendrá otra?Negacionismo y negocionismo.

El establishment los amontona

En listado de socios del Colegio de Abogados de la calle Montevideo también figuran el exjuez de la Corte Suprema automática Augusto Belluscio (socio 3.468), el exsupremo y ministro de Justicia Rodolfo Barra (socio 3.595) y el autor intelectual de las privatizaciones Roberto Dromi (socio 4.014). Y la lista sigue.

Otros de los que comparten este espacio con Villarruel son:

• Ricardo Gil Lavedra (socio 5.698), operador judicial del macrismo.

• Gabriel Bouzat (socio 5.093), socio histórico del supremo Carlos Rosenkrantz

• José Claudio Escribano (socio 4.266), jerarca del diario La Nación

• Guillermo Fanego (socio 5.239), abogado de genocidas

• Tomás Farini Duggan (socio 5.678), armador de operaciones judiciales del macrismo

• Facundo Gómez Minujin (socio 5.084), de JP Morgan

• Alberto Gowland (socio 3.196), Síndico General de la Nación designado por Macri

• Horacio Tomás Liendo hijo (socio 4.534), director del Banco Central en la era Macri

• Alcides Javier López Aufranc (socio 2.948), hoy fallecido, figura clave en las Fuerzas Armadas en la importación de las tácticas de represión clandestina y tortura y luego directivo de empresas

• Beltrán Fernando Louge (socio 4.500), abogado de la familia Macri

• Ignacio José María Saenz Valiente (socio 4.978), abogado del Grupo Clarín

• Julio César Saguier (socio 4.081), socio del diario La Nación

• María Eugenia Talerico (socia 5.535), exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Macri, armadora de causas judiciales.

El establishment los cría y amontona.

Historiar a la ultraderecha liberal

Este trabajo de Ari Lijalad ofrece una clave central para historiar a Javier Milei y mostrarlo como lo que es: Un mascarón de proa para desplegar la 4ª ola neoliberal en el país. Los sectores del poder económico no lo “miran” por sus “ideas”, a las que le prestan escasa atención, sino por su capacidad política de nuevo portador del proyecto neoliberal. Al respecto señala Carlos Pagni, gran intérprete de pensamiento del establishment: “El mercado no está mirando el programa económico del candidato más competitivo, sino que mira su capacidad política, su capacidad para gobernar. Habrá que ver cómo hacen para garantizar gobernabilidad y generar alguna confianza, pero a su vez ocultarlo para que no parezca que los que vienen en contra de la casta en realidad ahora están siendo vehículos de la casta”.

Para entender a Milei hay que observar sus bambalinas, qué hay por detrás, y dirigir entonces la mirada a Victoria Villarruel y sus soportes jurídicos, políticos y militares que se describen claramente en esta nota. Enfrentar con eficacia a la ultraderecha requiere historiarla.

(*) Gentileza de Pájaro Rojo

Fotos: El Destape web