Fiscal Ricardo Perciballe apelará el fallo

A paso de tortuga avanza la justicia uruguaya a la hora de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívica y militar. En esta ocasión la jueza de tercer turno de Fray Bentos, Selva Siri Thove, procesó sin prisión al mayor retirado Ivo Dardo Morales Machado por cuatro delitos de abuso de autoridad contra detenidos, en calidad de autor responsable, y otros tres delitos de privación de la libertad en calidad de coautor. La medida deja en libertad a un elemento de un sistema criminal que operó bajo la lógica del terrorismo de Estado.

La investigación se realiza a partir de las denuncias de Susana Zanoniani, quien habiendo sido secuestrada por el régimen en dos ocasiones (en 1976 y en 1980), logró sobrevivir y relatar las torturas padecidas por ella y otros ciudadanos de la localidad de San Javier.

En lo que respecta a la negativa de procesar con prisión, la jueza Thove alega que “cada vez que el Sr. Morales fue citado a audiencia compareció, o lo hicieron sus defensas. No existe una denuncia de que haya entorpecido la investigación ni ha tenido contacto con las víctimas. Carece de antecedentes judiciales”, según publicó El Observador. Además, agregó que “nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal”.

Por su parte, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe dijo: “No comparto en absoluto el fallo, que es contrario a la normativa nacional e internacional, y por eso el lunes mismo estaré presentando un recurso”.

El represor Morales, fue considerado por la Justicia Militar, como el agente que “interrogaba” al médico Vladimir Andrés Roslik Bichkov, cuando este murió en una de las salas de torturas del cuartel de Fray Bentos, el 19 de abril de 1984, cuando la etapa militar de la dictadura estaba en su recta final, y se barajaba la posibilidad de una transición a un sistema gobernado por los partidos políticos. La muerte de Roslik fue catalogada como “natural” por el médico militar Eduardo Saiz, pero el contexto político de la época -signado por los pactos de impunidad y gobernabilidad-, forzó a que la Justicia Militar actuara, declarando como responsable del operativo al mayor Sergio Caubarrere, quien cumplió una condena de cuatro meses y 18 días. El juez militar que dio sentencia fue Oscar Vilche.

La cusa por el asesinato de Roslik intentó ser investigada por la justicia civil, pero el tribunal de Apelaciones en lo Penal la consideró cosa juzgada en el 2014. Luego en julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia, rechazando el pedido de la fiscalía especializada de Delitos de Lesa Humanidad, archivó de forma definitiva el caso.