Siempre con bajo perfil, pero en la trinchera, (y con las manos en el arado, por decirlo de alguna manera) los antropólogos forenses del GIAF, bajo la supervisión de su coordinadora Alicia Lusiardo,  cuya presencia mediática la marcó (en los últimos tiempos, en el Uruguay, en la región y en el mundo) como una de las referentes en la búsqueda de enterramientos de detenidos desaparecidos en predios militares, continúan trabajando para poder lograr resultados sobre los restos óseos hallados en el Batallón 14 de Toledo, el pasado 6 de junio, es decir hace ya un poco más de dos meses, cercanos a tres. Oportunamente, la magister Lusiardo, en conferencia de prensa anunció que el laboratorio argentino (a donde fueron derivados los restos encontrados) sí pudo obtener material genético de los restos óseos, pero no pudo hallar coincidencias con las muestras que se poseen, de los más de 190 uruguayos detenidos desaparecidos en dictadura, confirmando puntualmente que los restos hallados pertenecían a una mujer que había hallado la muerte, en forma violenta, tanto sea en una sesión de tortura o por malos tratos. Todas las esperanzas sobre esos restos, entonces, y en el buen romance estarían depositadas en el trabajo que se hace, consistente en completar los donantes para cada familia, para luego hacer los correspondientes cotejos de ADN, único camino para superar obstáculos en ese más que árido quehacer científico y humano de hallar los restos de personas de ambos sexos jóvenes y no jóvenes,  que por el solo hecho de hacerle frente a la dictadura, bajo circunstancias diferentes y en tiempos cronológicos diferentes, fueron literalmente: primero, detenidas ilegalmente; segundo, torturadas;  tercero, asesinadas y después, enterradas en terrenos castrenses, concretándose así el delito de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, flagrante por donde se lo mire.

Solo por sentido común, el que nos comprende por las generales de la ley, y sin hurguetear mucho en los dramáticos pormenores de toda esta incesante búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, desde los finales de la dictadura, hasta nuestros días, la sola idea de pensar que la casta militar -por la naturaleza misma de su existencia institucional- hace y deshace (cadena de mando mediante) registrándolo todo, hace que desemboquemos en suponer -muy certeramente, y no estoy equivocado, ni estoy descubriendo la pólvora, ni muchos menos- que los enterramientos deben estar detallados, mencionados y o anotados, en algún registro, en algún lugar. Y, además, no hay que olvidar que, por aquellos nefastos días, esas anotaciones, esas marcas de punto de enterramiento, con nombres y apellidos, de víctimas y victimarios, estuvieron almacenadas en alguna oficina, en algún mueble de escritorio. En algún cuartel. O en alguna oficina del comando de turno. O en alguna vivienda de algún militar de ese entonces. ¿Pero hoy, esas anotaciones de la muerte, dónde están?

El poder político sabe de todo esto. No está (y antes del hoy, tampoco lo estuvo) durmiendo el sueño de la ignorancia. Hoy está durmiendo el sueño de la indiferencia, algo así como decir, el sueño de la complicidad a la cultura de la impunidad imperante. Es más, el poder político sabe que tiene todas las cartas a su favor para poner punto final a esa impunidad. Y no lo hace, porque no quiere. O porque sabe, que, si lo hace, seguramente las consecuencias serán pavorosas, porque está, lo que se dice “agarrado” “enganchado”. Bajo amenaza de consecuencias que irán contra los intereses espurios de su casta.

Entonces, a espaldas del pueblo, de los sectores que sufren la pérdida de sus seres queridos, de una franja de la sociedad que fue víctima directa de la represión de la dictadura cívico militar, el juego político sigue su curso. ¿Significa que por bastantes años más, la gran pancarta de Madres y Familiares de Detenidos Uruguayos Desaparecidos, con el “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. ¿Es responsabilidad del Estado “de la Marcha del Silencio- seguirá siendo portada, como un estandarte institucionalizado, por la avenida 18 de julio de la ciudad de Montevideo? Y van 28 años. Uno tras otro, en democracia. 

No hubo ni hay voluntad política para que los restos de los desaparecidos sean hallados. Y esa es la llave maestra que impide que los antropólogos puedan trabajar, con todas las de la ley. Un trabajo de campo en trincheras de terrenos militares de la muerte, que ha sido por años realizado a ciegas, o con muy escasa información.

Trabajo en trincheras, saboteado desde el vamos. Trabajo en trincheras, corroído desde el vamos. Trabajo en trincheras, aguijoneado, desde el vamos. Pero, a pesar de todo, hubo logros. Logros palpables: se hallaron restos de cinco detenidos desaparecidos: Ubagesner Chaves Sosa, el 29 de noviembre de 2025; Fernando Miranda, el 2 de diciembre de 2005; Julio Castro Pérez, el 21 de octubre de 2011; Ricardo Blanco Valiente; y Eduardo Bleier Horovitz, el 27 de agosto de 2019. 

Solo la irresponsabilidad (insensibilidad) política, la irresponsabilidad (insensibilidad) del Estado -post dictadura, en todos los gobiernos democráticos -de derecha y de izquierda-  y el explícito silencio de la casta militar (en uso y abuso de la cultura de la impunidad) hicieron que esos logros fueran menguados, desde l985 a la fecha, es decir, en 38 años. 

Los antropólogos, no bajan los brazos, y por eso afirmo y resalto, que su trabajo no es solo trabajo en trincheras, es militancia. Es la militancia. Es la materialización de la vocación de servicio. La verdadera vocación de servicio. No, aquella “vocación de servicio” de la que tanto hablan los que están sentados en los tronos de la casta política, a la hora de hacer campaña; a la hora de prometer lo que no se habrá de cumplir. 

Desde el pasado día 6 de junio de este 2023, vivimos la espera. Vivimos la incertidumbre, frente a los restos óseos de una mujer, cuya identidad sigue mecida por la cuna de la desaparición forzada, distanciada de la verdad. Distanciada de la paz del sepulcro, porque toda la trama de su muerte, antes, durante y ahora, ha sido cruel e intrincada. Los antropólogos forenses se aproximan, día a día, a la verdad. Esa verdad, con nombre y apellido, que saldrá a la luz pública, triunfante. Y esos restos tendrán la debida sepultura, para que después, al día siguiente, la labor de la antropología forense, siga adelante, en la trinchera de la incesante búsqueda de otros restos, de los detenidos desaparecidos, cuyo paradero sigue siendo una asignatura pendiente.

Ojos, muchos ojos han visto esos huesos del 6 de junio en la trinchera donde fueron hallados. Miles de ojos y cámaras hicieron foco en esos huesos. ¿También los ojos de los represores, también los ojos de los enterradores? Quizás. ¿También los ojos de los políticos que no tuvieron, ni tienen las agallas, de obligar -lícitamente- a los militares, para que digan ubicaciones y coordenadas, para que confiesen dónde están registros anotaciones con todos los datos necesarios para la antropología forense? También, de eso estamos seguros. Muy seguros.

Nos duele asumir, que siguen estando cerrados los caminos para llegar a las verdades que incomodarían al sistema. Pero mal que les pese a la casta militar y a quienes les son funcionales, en paralelo, siguen los trabajos de los antropólogos para echar aguas claras, no solo sobre los restos óseos recientes del Batallón 14, sino sobre otros desaparecidos, esparcidos en tierras militares, donde la muerte fue el césped y dónde la “omertá” fue la cómplice.

Y como nos duele una cosa nos honra otra: saber que no todo está perdido, porque es la antropología forense, la que, en definitiva, se hace depositaria, como digo en el comienzo, de todas las esperanzas para la verdad histórica de los detenidos desaparecidos.

Hoy, al menos, es así, salvo que, ellos, los represores, hablen y señalen, sin trapisondas ni medias tintas, los enterramientos. Los enterramientos, que hoy sabemos, se hicieron en terrenos militares.

En los terrenos de la muerte.