Los antropólogos forenses del GIAF continúan sin respiro con la búsqueda

Restos óseos del 6 de junio: se sabe que son de una mujer que tuvo muerte violenta, en tortura

Sorpresivamente, el pasado viernes al atardecer, el periodismo local e internacional fue convocado a la sede de la Fiscalía General de Cerrito y Misiones (Ciudad Vieja, de Montevideo) para ser informado sobre los restos óseos hallados, el pasado día 6 de junio, en predios del cuartel militar de Toledo, conocido como Batallón 14, en el departamento de Canelones, Uruguay. La coordinadora de las excavaciones, la Magister en Antropología Forense del GIAF (Grupo de Investigación de Antropología Forense) Alicia Lusiardo fue categórica al señalar -a los cuatro vientos- que el laboratorio argentino (a donde fueron derivados los restos encontrados) sí pudo obtener material genético de los restos óseos, pero no pudo hallar coincidencias con las muestras que se poseen, de los más de 190 uruguayos detenidos desaparecidos en dictadura. Sin embargo, y pese a ese obstáculo, informó, con sólidos fundamentos, dos cosas: la primera,  que quien en vida fuera una mujer -hasta hoy sin nombre- había perdido la vida en forma violenta, tanto sea por tortura o por malos tratos; y la segunda, que la investigación por parte del equipo de antropólogos forenses a su cargo continuará con el cometido primordial de lograr muestras con las que se pueda comparar el ADN obtenido, dentro de un contexto de trabajo que podría incluir la exhumación de restos de familiares de mujeres, de la cuales se carece material de neto corte genético. En definitiva, el anuncio, no fue ni más ni menos que el más sincero y frontal compromiso militante (si se quiere y no creo estar errado) público, y hecho ante las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la sociedad uruguaya, de que ese grupo de trabajo no bajará los brazos, ni en lo concerniente a las excavaciones ni en tareas más específicas tales como la obtención de muestras para hacer el comparativo indispensable, y que es llave para lograr una resultado concluyente relativo a la identificación de la mujer que fuera asesinada hace ya casi 50 años en un contexto de represión. Estoy seguro que la respuesta -respecto a la identidad de la fallecida- sobrevendrá con la misma carga de sorpresa que la noticia que nos ocupa, porque, de hecho, ahora mismo, mientras redacto estas líneas, estoy más que convencido que en el seno del equipo de Lusiardo reina una sola consigna: trabajar a full, para cerrar el círculo en uno de los casos más recientes, en el contexto de búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos desaparecidos. Una vez que se prepararon las muestras acá en el Uruguay, los integrantes del equipo del GIAF las derivaron a la vecina orilla, y allí tomó cartas en el asunto el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Progresivamente se fue definiendo el panorama: se obtuvo un perfil genético de la persona fallecida, pero el obstáculo mayor se centró en que los datos obtenidos no establecieron coincidencias con las muestras de los familiares de los detenidos desaparecidos, que posee el laboratorio de Argentina.

Los detalles técnicos los aportó Lusiardo, en los siguientes términos: “El informe del EAAF establece que el análisis de los restos permitió obtener un perfil de marcadores STR apto para comparación con perfiles obtenidos a partir de muestras de referencia de familiares de personas desaparecidas que conforman el banco genético del EAAF. Las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa, y por lo tanto concluyentes, en términos de identificación. No obstante, existen varios casos de mujeres desaparecidas para las que se cuenta con pocas muestras de referencia, resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión”.

Dado este panorama, entonces, quedó claro que los restos hallados no pertenecen ni a la maestra Elena Quinteros, ni a María Claudia García de Gelman, en virtud de que en ambos casos sí hay información genética suficiente para una comparación adecuada, cuyo resultado fue negativo. Ergo, la etapa de comparación quedó trunca.

Entonces, en medio de toda esta suerte de desazón, todos los caminos que llevaban a la identificación de los restos hallados el pasado día 6 de junio quedaron enfrentados a un callejón sin salida, pero no totalmente, porque los estudios que se realizaron a los restos óseos hallados, tanto en el entorno de los antropólogos como de la junta médica, permitió conocer datos de la fallecida, aún sin nombre y apellido.

Es que, ya a poco de hallarse los restos óseos, según el primer informe de autoría del GIAF al informarse fehacientemente que los mismos pertenecían a una mujer, lo que fue ratificado ampliamente por el análisis genético, y más tarde por una junta médica integrada por las doctoras Eliana Vallejoe y Rosana Manikowsky, es que la posible causa de muerte tuvo lugar en un contexto de violencia y torturas en el tiempo que esa persona estuvo detenida contra su voluntad. De hecho, cuando Alicia Lusiardo informó sobre los resultados del análisis de las muestras de ADN de los restos óseos, el viernes 21 de julio en la conferencia de prensa en fiscalía, dijo enfáticamente: “Por ser este un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado a la desintegración cadavérica, con restos óseos humanos que presentan traumatismos peri-mortem a nivel de columna cervical, producto de violencia, y que puede estar relacionado con la causa de muerte, y traumatismos en mandíbula y séptimo arco costal izquierdo, también derivado de violencia, esta Junta Médica Forense establece que la forma médica legal de la muerte fue violenta, por la acción de terceros, en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. En conclusión, tenemos que seguir trabajando en pos de lograr los pasos necesarios para la identificación de estos restos y queda plenamente establecido el contexto de violencia y que esta persona es una detenida desaparecida, por el contexto de hallazgo y por las lesiones encontradas en el cuerpo”.

Y hubo más información en aquella conferencia, de boca de la profesional Lusiardo, en el sentido de que afirmó que los trabajos de zarandeo de la tierra de la trinchera 405 habían culminado, recuperándose fragmentos óseos y pequeños huesos, por lo que se entró ahora en la etapa de trabajar excavando en el predio del Batallón 14, en la zona vinculada a la bodega en la que se hallaron los restos de esta mujer aún sin identificar.

Y en eso están, estimo que al momento mismo de publicarse estas líneas. Una tarea que no ha cesado, al menos desde el seno mismo del GIAF, lo que demuestra que todo el equipo de Alicia Lusiardo se ha puesto sobre sus espaldas, una honrosa y muy ética responsabilidad de trabajo sin respiro, que en definitiva -y esta afirmación corre estrictamente por mi cuenta- visibiliza que este esfuerzo unilateral, no es fiel reflejo de la muy poca voluntad demostrada por los gobiernos desde el advenimiento mismo de la democracia, por dar prioridad a un tema sensible hasta el tuétano, que involucra, ya no exclusivamente a las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, sino a la democracia en sí misma. ¿Por qué? Porque sencillamente me resulta inconcebible que los antropólogos, sea del GIAF, como del EAAF, no hayan recibido adecuada información gubernamental o castrense en todos estos años, para poder moverse con todas las herramientas habidas y por haber en esta importante tarea de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en terrenos pertenecientes nada más ni nada menos al Ejército Nacional, ergo al Estado uruguayo, cuyos presidentes de turno, ergo, como Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, de hecho no fueron más que figuras decorativas, observadoras, pasivas e indiferentes, frente a una tema de contenido sensible -humano y delicado-  por su naturaleza misma.

Y digo más, esta situación de faltante de datos genéticos relacionados con el último hallazgo del 6 de junio, quizás no habría sucedido, no porque no se habría llegado a encontrarlos, sino especialmente, porque las informaciones con las cuales se han venido haciendo los trabajos de excavación por parte de los antropólogos uruguayos y argentinos, han sido escasas, o si se quiere distorsionadas, lo que, es decir, que los antropólogos trabajaron y trabajan con limitaciones y sin la suficiente información para cumplir con su trabajo en las mejores condiciones. Condiciones que deberían haber sido proporcionadas desde el final de la dictadura, por parte del sistema político que abrazo las riendas de la democracia, olvidándose, sin mucho rodeo, que no dando la debida atención al tema derechos humanos, estaban siendo funcionales a una nefasta cultura de la impunidad, ilegítima herramienta que desde siempre ha sido bandera de la casta militar, antes, durante y después de la dictadura, es decir, hasta hoy mismo.Con este contexto, dentro de este frondoso bosque de búsqueda de la verdad, el árbol que significa construir una democracia en justicia y en paz -allanándose coherentemente la búsqueda de restos óseos y humanos de los uruguayos detenidos desaparecidos- no está siendo considerado ni contemplado sanamente por el gobierno uruguayo. No está siendo contemplado en los hechos, porque en el terreno de la dialéctica, la canilla abierta de promesas y de demagogias ha sido y es asombrosa, diría yo hasta obscena, perversa y cruel.

Apenas pocos días después de verse en imágenes televisivas de los noticieros centrales y en diarios capitalinos, el dolor de lo que significa extraer de terrenos militares huesos pertenecientes a una mujer que fue torturada, asesinada y enterrada, ningún político del gobierno actual, ni tampoco los expresidentes (Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y José Mujica), ni tampoco el presidente en ejercicio Luis Lacalle Pou, tuvieron, ni la deferencia y ni la decencia de mencionar en sus sendos discursos dados por aquí y por allá, en ocasión del 50 aniversario del golpe de estado cívico-militar, de que en el Uruguay, ese golpe de Estado, no fue más que la aplicación criminal de un terrorismo de Estado, dentro de un igualmente nefasto (y fascista) Plan Cóndor, que descargo toda la violencia de un aparato institucional para sembrar la muerte, siendo las víctimas ciudadanos y ciudadanas de diferentes edades, cuyo único “crimen” fue resistirse a la dictadura y al terror practicado por los militares y las fuerzas policiales, con la oprobiosa venia dada por hombres del sistema político. Un sistema político variopinto que incluso hoy en día, muchos de sus integrantes -salvo escasas excepciones- tienen la desvergüenza y la inmoralidad (cuando no el cinismo, y la hipocresía) de no reconocer y de no aceptar que no hubo una teoría de los dos demonios, sino que literalmente hubo un solo demonio, representada en una criminalidad organizada, para eliminar al opositor, bajo la forma que fuese. Aun cometiendo a discreción delitos de lesa humanidad, como el mas grave que se ha calificado hasta hoy, que es el de la desaparición forzada de personas, con todo lo que ello implica.

Y si seguimos por ese camino, de hipocresías, demagogias, negacionismos, insensibilidades e indiferencias desde filas gubernamentales y desde el sistema político rancio y militar (porque la presencia de Cabildo Abierto, es la evidencia más visible y más tangible de que la casta militar asesina y desviada, está sentada en el Parlamento Nacional y en el gobierno, conviviendo con el presidente de los uruguayos Luis Lacalle Pou, ya que se trata de un gobierno de coalición) vamos rumbo a un inevitable destino. El destino que más desaprobación nos generará a nivel local e internacional, la de estar viviendo una democracia teñida por la sangre de casi dos centenares de compatriotas que fueron detenidos ilegalmente, torturados, asesinados, y enterrados en cuarteles militares, para que no hubiese posibilidad alguna de hallarlos, tierra y cal de por medio sobre sus restos.

Pero el tiro les salió por la culata a las fuerzas conjuntas del terrorismo de Estado, porque hoy por hoy la antropología forense hace a la justicia, lo que ni los políticos, ni los militares y ni los policías honestos, hicieron, a su compromiso con su pueblo, y con la Constitución de la República.Hoy, la antropología forense, dará las respuestas. Respuestas vitales para poder vivir en paz, previa aplicación de la justicia. Al menos esa sería la ecuación. Pero momentáneamente, y siendo que no todos los represores están presos (hay muchos con los cuales nos cruzamos en las calles y en los caminos y plazas del territorio nacional, y a veces en el  extranjero) y todavía hay quienes interpretan que pedir justicia es venganza, y todavía hay quienes hacen mover cielo y tierra para que los represores sean alojados en sus domicilios, y que sean considerados como presos políticos, tendremos que reconocer merecidamente que hay profesionales que aplican su talento y su profesión para ejercer una acción de justica, sin ser magistrados, cargada de una ética y de una integridad admirables, como es la de hallar los restos de los desaparecidos, apelando a su honrosa profesión de antropólogos forenses, que son en realidad los únicos que están verdaderamente en las trincheras, y con un cometido muy claro y muy esperanzador.

Ellos están para hallar los restos de los desaparecidos del pueblo uruguayo, en medio de políticos y militares, que cruelmente ponen palos en la rueda, morbosamente y cínicamente, y a la vista de todos, con el fin de que las excavaciones no se realicen con todas las informaciones necesarias, sin mencionar una serie de obstáculos colaterales que de hecho abundan (como ser intimidaciones, robos de materiales y amenazas que se recibieron) y que parecerían no existir.La omertá vigente de la castas afines y serviles al poder, es otra canallada más, de un sistema pútrido, antidemocrático también, porque esto ocurre, así como así, porque hay quienes miran al costado, con impunidad pasmosa, estando en puestos de mando que podrían revertir la situación ampliamente.

El contrapunto más loable, hoy 2023, es la antropología forense, la que en el Uruguay practica desde hace 18 años, día a día, y silenciosamente muchas veces, la muy justa militancia de buscar desaparecidos en las trincheras. Que no es tarea nada menor, entendámoslo de una buena vez. 

Foto de portada: Presidencia de la República

Foto 2: Antimafia Dos Mil

Foto 3: Grupo de Investigación de Antropología Forense