Represor Hermes Tarigo, fue extraditado de Italia y ha sido procesado; hoy goza de prisión domiciliaria

Como un boomerang implacable, por más que hayan transcurridos los años, el aparato judicial uruguayo logró cercar a la impunidad, con asombrosa precisión en torno a un crimen de la dictadura en el Uruguay:  la muerte por tortura de un joven militante del Movimiento Nacional Tupamaros (MLN), de nombre Gerardo Alter. Un hecho detestable que tuvo lugar en el Batallón de Infantería 1 Florida, del barrio Buceo de Montevideo (que fuera demolido hace ya bastantes años) en el mes de agosto de 1973, apenas dos meses después de instalarse la dictadura cívico militar en el Uruguay. Una vez más, felizmente, los tentáculos de la justicia dieron alcance a uno de los torturadores -y no escapa al sentir popular, de que además haya sido uno de los asesinos- identificado como el coronel retirado Hermes Tarigo, hoy de 83 años, y que en aquellos momentos era integrante de las Fuerzas Armadas uruguayas, en el grado de Capitán. El oficial en cuestión que estaba prófugo desde octubre de 2011, momento en que la Justica lo requirió para iniciarle proceso en relación a la muerte de Alter, fue detenido a inicios de este año en Italia y en consecuencia, gestiones mediante, y tal como estaba previsto,  fue finalmente extraditado desde Roma al Uruguay, hace escasos días, para que en definitiva se le dictara procesamiento ajustado a Derecho, a pedido del fiscal de delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, actuando en la causa la magistrada Silvia Urioste quien en el auto de procesamiento con prisión domiciliaria -preventiva- le caratuló el delito de “homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor”, quedando pendiente a torno al militar retirado el informe médico que deberá decidir respecto a su lugar definitivo de reclusión, hasta que culmine el proceso, que podría ser también la cárcel de la calle Domingo Arena en el barrio Piedras Blancas, establecimiento del Ministerio del Interior en el que se encuentran exclusivamente represores.

La resolución de la jueza Urioste en torno al exmilitar hace parte del lento quehacer de la justicia uruguaya en torno a los represores de los años 70, pero en alguna medida también resulta ser un notorio avance en esa materia, siendo que los años transcurridos -en el que la cultura de la impunidad sigue siendo uno de los baluartes de quienes se oponen o niegan de que en aquellos años hubo terrorismo de Estado- han permitido que muchos de los represores hayan ya fallecido o que dada su avanzada edad, sus abogados defensores, hayan interpuesto justificativos para ser beneficiados por la prisión domiciliaria, como es el caso del represor Tarigo, cuyo patrocinador legal doctor Emilio Mikolic expuso que su defendido padece una enfermedad cardíaca.

El caso del militante del MLN Gerardo Alter involucró, además del aquel entonces capitán Tarigo, a otros dos militares que cumplían tareas en el Batallón Florida, tales como Arturo Aguerre y Antonio Gómez Graña, oportunamente procesados por la justicia uruguaya, bajo la carátula de coautores.

Pero hay más en este punto, porque en el curso de las investigaciones a cargo de la justicia y de la fiscalía a cargo del expediente, se pudo establecer que en oportunidad del operativo en el que fue detenido Gerardo Alter, con fecha 19 de agosto de 1973, otros militares además de Aguerre y Gómez Graña tomaron participación, siendo éstos Armando Méndez (recientemente fallecido) y Antraning Ohannessian. El procedimiento de captura de Alter, quien estaba acompañado de Walter Arteche y otro militante identificado como Jorge Selver, cuyo testimonio fue vital para inculpar a los militares hoy procesados, se materializó exactamente en Camino Carrasco y la calle Veracierto, de Montevideo, siendo ambos ingresados por la fuerza al interior de un vehículo Fusca color amarillo.

Oportunamente el militar Antraning Ohanessian, ante la Justicia Militar, en setiembre de 1973 -es decir, un mes después del deceso de Gerardo Alter- declaró: “El día 19 de agosto, a la hora 9.30, se concurrió a Veracierto y Cno. Carrasco, lugar donde iban a realizar un contacto las personas de alias Gustavo, Marcos y El Pato. Se realizó el contacto y fueron detenidas estas personas y llevadas al Batallón de Infantería 1, donde se les sometió en forma apresurada los interrogatorios primarios con la finalidad de detectar sus próximos contactos locales y personas ocultas o enterraderos”.

Lo que en esa declaración se define como interrogatorios primarios era literalmente la aplicación de torturas. En ese marco, por ejemplo, el testimonio del sobreviviente de ese hecho, Jorge Selves, dado a la Justicia Penal, bastantes décadas después, es contundente “Nos tiran al suelo desnudos y literalmente nos estaquean boca arriba en el piso (…) nos aplican magneto a los tres y en cierto momento escucho que dicen ‘paren, paren’ y escucho que uno dice ‘se peló’ y se produce un silencio muy profundo. Yo presumo que en ese momento es que se produce la muerte de Alter. Yo escucho voces que van y vienen, luego escucho que sacan un cuerpo. Luego de un tiempo, tal vez una media hora, unos 20 minutos (…), escucho que dicen ‘este también se peló’, y es cuando muere Arteche. Yo estoy convencido de que él murió en la tortura al lado mío”.

Cabe consignar, a propósito de este testimonio, que en aquel episodio de represión brutal -uno de los cientos que se cometieron impunemente, y que hoy medio siglo después también se encubren impunemente y que hicieron parte material del terrorismo de Estado, que insisto, hoy la casta militar uruguaya y algunos integrantes del sistema político, tienen la desvergüenza, el cinismo y la osadía de negar, distorsionando la verdad- halló igualmente la muerte el militante del MLN Walter Arteche, cuya causa está siendo investigada hoy por hoy por la jueza penal Isaura Tórtora, la que seguramente -y así lo difundieron los medios de prensa uruguayos- solicitará una ampliación referida a la extradición del coronel retirado Hermes Tarigo, para que en definitiva, en futuro,  también pueda ser juzgado por esa segunda muerte, en tortura.

Hay que señalar, como complemento en todo este caso, dos cosas: la primera, que oportunamente los militares retirados Aguerre y Antonio Gómez Graña, habrían reconocido -ante la Justicia penal- no solo la detención de los militantes del MLN en la zona de Carrasco Norte, sino además la práctica de torturas; y la segunda, sobre la muerte de Alter, que la versión oficial -la versión castrense- dibuja el hecho en un contexto diametralmente opuesto a la verdad: como que el detenido logró convencer a sus captores que se realizaría una entrega y que fue asesinado al pretender fugarse en la zona del Cerro. 

Otro aspecto, que conviene informar al lector, es que Tarigo, de hecho, para salvar su pellejo, sobre la muerte de Gerardo Alter inculpó al mando del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas OCOA y del Departamento E-II del Estado Mayor Conjunto. Pero no hubo caso, con la justicia, porque el procesamiento echó por tierra esa posición. No obstante, hubo más de parte del defensor del represor, en el sentido de que en torno a la causa presentó excepción de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad Nro 18.831, elevada a la Suprema Corte de Justicia, pero sin efectos suspensivos.  

¿Y quién era Gerardo Alter, un joven de 27 años? Era un militante argentino del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo, que oficiaba de mensajero del MLN-Tupamaros, en 1973, quien se encontraba en el Uruguay desde julio de ese año. No formó parte de la nómina de detenidos desaparecidos porque sus restos fueron sepultados en el Cementerio del Norte y luego repatriados a su país natal, Argentina por pedido de sus familiares. 

Una muerte más que no queda impune, por más tardía que haya sobrevenido la resolución judicial, en la etapa de procesamiento, restando aún la etapa final de la sentencia. El represor en cuestión, Hermes Tarigo, hoy un anciano, tuvo la posibilidad de tener un proceso dentro de un marco de Estado de Derecho. Y en ese marco ha sido beneficiado por la posibilidad de esperar el proceso en su hogar, con las bondades que sugiere la Ley para tales efectos, tomando en cuenta su estado de salud, por más que ahora se aguarde el informe de una junta médica para definir su futuro lugar de reclusión. 

Gerardo Alter, y Walter Arteche, ambos fallecidos, como muchos militantes más de organizaciones revolucionarias, tras su respectiva captura -ya ilícita en sí misma- no pudieron ser beneficiados por todo un aparatoso sistema judicial ajustado a la legalidad, porque en este país, como en otros de Latinoamérica, por aquellos días, reinaba el terrorismo de Estado, servil a un plan que más tarde se conoció como Cóndor. Aquellos días en los que campeando impune la bota militar, adueñada criminalmente de la vida humana, y abrazada al timón del autoritarismo, en un país donde por causa de una alevosa, rancia y nefasta ideología de supremacía del poder, por el poder mismo, y amparándose en la defensa de las instituciones, la clase civil que hubo sido electa legalmente, no hizo más que pisotearlas y degollarlas de cuajo, transformándose en el más cruel soporte de una casta militar, literalmente sicaria, de una asonada antidemocrática, sedienta de imponer un modelo económico y un modelo de vida, favorable a los sectores más privilegiados de la sociedad uruguaya. Y por si fuera poco, alineada con el imperio estadounidense, y a prácticas en las que modalidades mafiosas, intrigas de masonería desviada y saqueo, se daban la mano para defenestrar una democracia, ya mal herida antes del 27 de junio de 1973.    

Una circunstancia histórica, de inequívoco tenor terrorista, nada cercano a una guerra, ni mucho menos a un episodio que encaje con la teoría de los dos demonios, que hoy, cincuenta años después, todavía se sigue enarbolando como buscando, cinismo de por medio, justificar el baño de sangre, y una impunidad que hace que nuestra democracia, se torne más bien, en una suerte de emblema de la hipocresía más letal que pueda concebirse, que en una forma de gobierna honesta, transparente y justa.

Vaya forma de degradación institucional que osa pasar -a ojos vista- ante todos nosotros. ¿Y cómo respondemos? Unos con el compromiso. Pero hay quienes, con la insensibilidad, el cinismo y lo que es peor, con la complicidad.