Unos 135 activistas han sido asesinados desde el 2014

En horas de la mañana del pasado viernes 16 de junio dos hombres fuertemente armados arremetieron contra la vivienda del activista ambiental Oscar Oquelí Domínguez, de 42 años, y sin mediar palabras, lo ultimaron a balazos. El hecho tuvo lugar en la pequeña comuna de Guapinol, en el departamento de Colon. Durante el ataque también fue herida su madre, pero hasta el momento de escribir estas líneas, su vida no corre peligro.

Este cobarde y frívolo crimen, se inserta en un contexto de extrema violencia en el país, que está atravesado por un sinnúmero de resistencias y luchas comunitarias ante el avance despiadado de las corporaciones que pretenden explotar impunemente sin límites y sin medir consecuencias los recursos naturales del país. En este sentido, según un comunicado de prensa de la organización Guapinol Resiste, de la cual Domínguez era parte, denunciaron que el crimen ocurrió inmediatamente después de una serie de protestas contra “la empresa minera Los Pinares, del Grupo Emco, de Lenir Pérez, luego de que despidiera a cientos de empleados por motivos desconocidos, provocando aún más un ambiente de miedo y riesgo para las personas defensoras de la región”.

Es importante recordar que los primeros días de enero fueron asesinados los activistas Jairo Bonilla y Aly Domínguez, este último, hermano de Oscar Oquelí. Ambos se desplazaban en una motocicleta cerca de la aldea La Concepción, cuando un grupo de sicarios los ataco a tiros. Una vez en el piso, a causa de las heridas, ambos fueron rematados en la sien. En un primer momento la policía de la zona había declarado que ambos habían sido víctimas de un robo. Este reduccionismo, sin lugar a dudas malicioso, forma parte del proceso de deslegitimación al que son sometidos en todo momento los activistas sociales del país. Maniobras que son realizadas en conjunto desde los aparatos comunicacionales y judiciales al servicio de las empresas y de la corrupción estructural. Aly Domínguez incluso había estado preso algunos meses antes, luego de presentar una seria de denuncias contra la empresa Los Pinares.

La misma lógica mafiosa de deslegitimación y muerte, sufrió la lideresa lenca Berta Cáceres, que fue asesinada en marzo de 2016, cuando luchaba en contra de los proyectos predatorios de la empresa DESA y de la familia Átala. Por su crimen fue condenado a 30 años de prisión el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo Mejía, junto con otras siete personas. Así mismo, la familia de Berta Cáceres y sus compañeros del Copinh, continúan reclamando que se esclarezcan las responsabilidades de altos funcionarios de gobierno y de miembros del empresariado hondureño.

Violencia e impunidad sin límites

Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), desde el 2014 se han registrado 135 atentados letales en contra de activistas sociales, de los cuales el 95% permanecen completamente impunes, sin avances mínimos contra los autores materiales y mucho menos contra los autores morales. La titular del organismo, Blanca Izaguirre, considera que la impunidad en los crímenes cometidos contra los activistas ambientales, “alimenta, aún más, la violencia contra ellos”. Respecto a la criminalización de las protestas y de los representantes en resistencia, Izaguirre considera que generan “un efecto intimidatorio contra la sociedad”.

En el marco de la violencia generalizada que azota al país -desde el 2021 se han registrado más de 120 masacres-, la CONADEH, mantiene una fuerte crítica en contra del estado de excepción impuesto por la presidente Xiomara Castro desde diciembre de 2022, y que se extiende por al menos 132 municipios. “Para atender las causas de la violencia delincuencial, que afecta el territorio nacional -dice Izaguirre en dialogo con La Tribuna- se deben tomar medidas encaminadas a combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad, la discriminación y abrir nuevas oportunidades de empleo para que la población viva dignamente”.

Foto: redes sociales