Alfredo Cristiani coordinó y autorizó la ejecución de seis sacerdotes y dos mujeres

El expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani fue acusado por la fiscalía general de la República por ser partícipe de la reunión donde se coordinó y autorizó la ejecución de seis sacerdotes de la congregación Jesuita, que estaban catalogados como opositores políticos del régimen dictatorial. La matanza tuvo lugar en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989. El violento operativo fue realizado por Batallón Atlácatl, un cuerpo de élite responsable de numerosos actos de terrorismo de Estado. En el lugar, además de los religiosos, fueron asesinadas dos mujeres, que eran madre e hija.

En medio de un proceso de represión extrema contra las pandillas del crimen organizado -donde sobreabundan las denuncias por violación a los derechos humanos-, el gobierno de El Salvador a través de la fiscalía general de la República, anunció la denuncia formal contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, por los crímenes cometidos contra los religiosos. Los cargos imputados en la acusación son, homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo.

Cristiani ocupó la Presidencia durante el periodo comprendido entre 1989 y 1994, tiempo en que el país atravesaba una crisis política y social extrema, signada por el terrorismo de Estado, que pretendía justificarse en la represión de la guerrilla encabezada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Mártires por la paz

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del Batallón Atlácalt, fuertemente armado, irrumpió en las instalaciones de la UCA, que según las versiones del régimen se había convertido en un “refugio para terroristas”, dónde se profesaba la doctrina marxista-leninista. En una acción rápida y determinada, los militares, redujeron a los religiosos y los llevaron al patio central, los acostaron en el piso y sin más los fusilaron con ráfagas de metralla. Luego, asesinarían también a las dos mujeres.

Es importante considerar que la UCA, fundada en setiembre de 1965, fue la primera universidad privada de El Salvador, y tenía en aquellos años una fuerte impronta conservadora, que pretendía contrarrestar el discurso progresista y latinoamericanista de la universidad estatal. La expansión de la Teología de la Liberación, que tuvo como uno de sus máximos referentes a monseñor Arnulfo Romero -asesinado mientras daba misa en 1980-, calo hondo en la curia salvadoreña, e, inevitablemente, terminó infiltrándose en el ámbito universitario.

El sacerdote español Ignacio Ellacuría, de formación humanista, se instaló permanentemente en El Salvador a mediados de 1967, y desde entonces participó activamente en la vida política del país, motivo por el cual tuvo que exilarse en reiteradas ocasiones. A mediados de los 80, intervino como mediador entre el régimen gubernamental y el FMLN, en varias ocasiones, para contener distintos hechos de violencia política. Desde entonces, públicamente expresó que era necesario trabajar en un proceso de paz que permitiera una real convivencia democrática. Así mismo, su constante actividad a nivel internacional denunciando las innumerables violaciones a los derechos humanos, en virtud de un plan de sometimiento regional, le costó la enemistad de ciertos grupos concentrados de la economía y del poder. Ellacuría era el rector de la UCA, y aquella noche era el principal objetivo. Pero no el único.

Aquella noche, los sacerdotes Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amado López y Juan Ramón Romero, todos españoles y jesuitas, fueron fusilados junto a Ellacuría. El mismo destino sufrió el sacerdote salvadoreño Joaquín López. Elba Ramos, hacía varios años que trabajaba como cocinera en la universidad, y se hospedaba junto a su hija, Celina -que tenía 16 años-, en un cuarto dentro del predio. Los asesinos no tuvieron compasión, no querían dejar testigos, y cobardemente, las mataron.

El primer acto de justicia fue efímero

En 1991, ante la imponente presión internacional, el gobierno de Cristiani, condenó rápidamente a nueve militares, y antes incursionar en los autores intelectuales cerro el caso. Una vez que la presión mediática mermo, todos los condenados fueron liberados en el marco de la Ley de Amnistía de 1993, perpetuando, no solo la impunidad de los militares, sino también, la de los altos mandos civiles que ordenaron estos y tantos otros crímenes. Se calcula que durante los 12 años que duró la tensión política, que algunos consideran una “guerra civil”, hubo 75 mil homicidios y más de 15 mil desaparecidos.

En el año 2016, la Ley de Amnistía fue anulada, y a instancias de la UCA, la causa volvió a abrirse. En paralelo, la justicia española -ejerciendo el principio de justicia universal-, inició una investigación en el 2008, que logró en 2011 las condenas de 16 militares. Este proceso alcanzaría también al entonces viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Montano, que en el 2021 fue condenado a más de 133 años de prisión.

Prófugo

El expresidente Cristiani está prófugo desde febrero del año pasado, en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho, en el marco de la llamada “guerra contra la corrupción”, anunciada por el actual presidente Nayib Bukele. En la última semana desde la Fiscalía General, se anunciaron los resultados de una serie de allanamientos -realizados con el característico corte cinematográfico de Bukele-, en contra de una decena de propiedades vinculadas al expresidente, donde fueron incautados bienes por un monto superior a los 10 millones de dólares.

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