La nada democrática postura de un partido militar funcional a la cultura de la impunidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado uruguayo a reconocer su responsabilidad en los asesinatos de Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik, así como en las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. Por este motivo, realizará -con seis meses de atraso- un reconocimiento público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Pero el partido del gobierno de coalición Cabildo Abierto (CA) determinó que no concurrirá.

La decisión de CA, partido militar que desde que llegó al gobierno brega por crear leyes en favor de los militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado durante la dictadura en Uruguay, fue ratificada por su dirigente, Guido Manini Ríos.

Ante los micrófonos de Radio Oriental, el ahora senador rechazó el cumplimiento de la sentencia dictaminada por la CIDH, organismo internacional que regula situaciones vinculadas a los derechos humanos; organismo con el cual Uruguay realizó acuerdos, y que debe acatar sus dictámenes. Un hecho que aunque el gobierno no pudo evadir, hizo todo por retrasarlo, y finalmente quitarle relevancia. De hecho, el presidente Luis Lacalle Pou no concurrirá, y el acceso al histórico Salón de los Pasos Perdidos tendrá acceso restringido, por invitación.

Manini dijo al aire en el programa Estado de Situación, que el “relato que se quiere imponer no ajusta a la realidad de los hechos”, en referencia a cómo las tres jóvenes fueron asesinadas. Para el excomandante en jefe, las cosas “no ocurrieron de la manera en que se presentan ante la opinión pública y son repetidos hasta el cansancio”.

No conforme con su relato proterrorista, el cabildante protestó contra la CIDH (presidida desde 2022 por el exministro de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, Ricardo Pérez Manrique), calificando de “intromisión” la sentencia dictada contra Uruguay. "Es bochornoso que desde afuera sigan digitando y ordenando lo que tiene que hacer el Estado uruguayo", fueron sus palabras.

En la misma línea argumentativa, nombró a Pascasio Báez, peón rural asesinado por el MLN-Tupamaros: “Lo mismo diríamos si nos obligaran a realizar un homenaje público” a Báez, sostuvo.

Para sumar puntos a su inconformidad, protestó por la imposición de la sentencia a que el presidente se encuentre presente en el acto y que todavía, el Ejecutivo esté dispuesto a cumplir con estos requisitos.

“Cabildo Abierto no participará en este bochornoso episodio”, ratificó el militar devenido en político.

Pero no es la primera vez que el partido militar se manifiesta en contra del reconocimiento por los crímenes que el Estado cometió contra estas cinco personas. En abril, durante un homenaje en la Cámara de Diputados a las Muchachas, el diputado de CA, Carlos Herrera, sostuvo que la historia habría sido manipulada, y que el relato contendría medias verdades. Basándose en esa idea que marcó su partido, dijo que "estas señoras eran cómplices del movimiento guerrillero que actuaba en esa época", defendiendo de esta manera a sus asesinos.

Semanas atrás, otro cabildante, el senador Guillermo Domenech, habló en igual sentido sobre las tres jóvenes: "Estas no eran unas niñas, estaban comprometidas con un movimiento guerrillero". Con esta visión de los hechos, reniega al igual que todo su partido, de la reconstrucción de pruebas y hechos que determinaron la responsabilidad institucional del Estado uruguayo. Por esto y porque entiende que “se quiere tergiversar la historia con el apoyo de organizaciones internacionales que, desde el exterior, buscan imponer homenajes y condenas que no se ajustan a la verdad histórica”, manifestó públicamente la decisión de su grupo político de no homenajear a las muchachas.

Cabildo Abierto se trata quizás del actor político más frontalmente a favor del terrorismo de Estado y de las sangrientas violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo hace apenas medio siglo en el país. Otros lo hacen, quizás más solapadamente, tal vez por estrategia política que, en definitiva, parece ser siempre la motivación final de la gran mayoría de cargos políticos que llenan las bancas en los distintos entes e instituciones del Estado.

Son los únicos que abiertamente, y sin miedo al escarnio de la sociedad, reniegan de la justicia internacional y del órgano máximo que imparte justicia en Uruguay. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de Juan Rebollo, excomandante en jefe, responsabilizado por la masacre sangrienta que llevó a cabo un grupo de uniformados –policías y militares, de las Fuerzas Conjuntas- contra las tres jóvenes –una de ellas embarazada- de 19 y 21 años, el 21 de abril de 1974.

La sentencia se dictó en diciembre de 2020, y tenía como plazo un año para concretarse. Allí, la CIDH determinó que el Estado uruguayo es responsable “por las violaciones a distintos derechos humanos” de González y Tassino, y por falta de “diligencia investigativa” para esclarecer los crímenes cometidos contra estas personas, por lo que debía dar con todos los responsables en los asesinatos de las tres muchachas y de las desapariciones de Tassino y González. Además, debía reparar a los familiares ya que “Uruguay vulneró los derechos de los familiares (…) a conocer la verdad”.

Foto: Cámara de Senadores de Uruguay