También por las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González

Con la faltante del presidente Luis Lacalle Pou y casi seis meses de retraso en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado uruguayo realizará un reconocimiento público por su responsabilidad en los asesinatos de las Muchachas de Abril, y las desapariciones forzadas de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. El próximo jueves 15 de junio a las 17:30 horas el gobierno asumirá uno de los puntos más relevantes de la sentencia conocida como “sentencia Maidanik”.

El lugar del homenaje será el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, y será llevado adelante por la vicepresidenta Beatriz Argimón como representante del Estado, mientras que la voz de Madres y Familiares será la de la hermana de Tassino, Carina.

Dice la sentencia: la Corte “declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (…) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares. También determinó la responsabilidad internacional de Uruguay por violaciones a derechos humanos en perjuicio de los familiares de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio. quienes fueron ejecutadas por militares en la misma época”.

“Adicionalmente, en relación con las investigaciones referidas, Uruguay vulneró los derechos de los familiares de Luis Eduardo González González, Óscar Tassino Asteazu, Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, a conocer la verdad”.

En un comunicado emitido por la agrupación de Madres y Familiares, llamaron a “inundar” el Palacio de las leyes, y hacer “escuchar nuestras voces”.

En el texto, exigieron “verdad para tener un conocimiento completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas de las violaciones perpetradas y su motivación”.

“Los familiares necesitamos saber, la sociedad uruguaya toda necesita saber.Justicia para continuar con las investigaciones de los hechos, a fin de identificar, juzgar, y en su caso sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales así como las desapariciones forzadas sin más maniobras dilatorias. Porque las graves violaciones cometidas durante la dictadura son incompatibles con un Estado de Derecho. Memoria porque saber y recordar es la garantía de no repetición. Porque el respeto por los derechos humanos debe ser un ejercicio permanente por encima de partidos e ideologías”.

Zaffaroni: “El gobierno de coalición bombardea las causas judiciales”

Algunas semanas atrás conversamos con Elena Zaffaroni, viuda de Luis Eduardo González, en una entrevista exclusiva a Antimafia Dos Mil. Sobre el tema, nos explicó que, hasta mediados de mayo de 2023, lo que el Estado cumplió “fueron las publicaciones, que era uno de los puntos de la sentencia”.

“Lo del acto ellos (las autoridades, ndr) plantean que no se cumplió porque las familias no estuvimos afines”, dijo y explicó: “Los abogados de IELSUR, que son los que nos representan estuvieron en febrero del 2022 -en diciembre de 2022 se cumplía el año-, plantearon a Presidencia que había que armar cómo se iba a continuar para dar cumplimiento a la sentencia y que había que armar un lugar de intercambio por el acto, que tenía que ser consensuado, y también queríamos saber cómo iban a ser los pasos que iban a dar para cumplir con el tema de encontrar a los dos desaparecidos, cuáles eran los avances que se planteaban y cómo; el tema de la formación en derechos humanos con las Fuerzas Armadas, que tenía que ser una política transversal de toda la formación, cómo habían pensado empezar a instrumentarla, bueno, todos los puntos".

“También está la indemnización, la atención psicológica. Y de la causa Maidanik que a lo largo de este año y al final, cuando ya pasada la sentencia terminó de expresarse el Tribunal de Apelaciones, porque estaba trancado en el tribunal de Apelaciones donde presentó (su apelación a la sentencia en su contra, ndr) Rebollo, que era de los que quedaban vivos el que faltaba sentenciar. Y estuvo la sentencia antes de que se hiciera el acto reparatorio, que era parte de lo que tenía que quedar cumplido”.

“En medio de eso, el Parlamento y estas mismas voces, han bombardeado esa sentencia. La sentencia de las Muchachas de abril ha sido de una agresividad tremenda, el homenaje que hicieron en el Parlamento el 21 de abril fue tremendo. Los familiares se fueron algunos por la agresividad, cuando los invitaron por otra cosa. ¿Cómo cumplen los gobiernos al frente del Estado esas sentencias? Siempre son lentos”.

“Se pidió eso y no se respondió hasta el día 18 (o 19) de diciembre, diciendo que iban a hacer el acto al día siguiente para cumplir la sentencia, que era el 20. Cuando nos dicen, decíamos, ¿y cómo va a ser el acto? ¿Qué van a hacer? Dijimos que no, y que se estableciera que iban a juntarse los abogados con ellos e íbamos a poner una fecha más adelante. Y por lo menos que la fecha se marque con 15 días de anticipación al acto mismo al menos para dar tiempo a convocar una vez hecho el acuerdo”.

“No nos llama la atención”, lamentó Zaffaroni. “La misma Corte ingresa nuestro caso en el 2007. Se expide por nuestro caso en el 2021. O sea, los ritmos de la justicia no son los ritmos de la vida humana. Y la atención psicológica en estos 50 años, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a plantear?”.

“Es importante que hagan el reconocimiento porque a pesar de todos los pesares, se retomó ese espacio para acordar porque nosotros creemos importante que ese acto se haga, es importante para la ciudadanía, es importante para que el Estado uruguayo se diga a sí mismo: ‘Estamos reconociendo que estos crímenes los cometió el Estado, estamos reconociendo una sentencia internacional’ a la que el Estado uruguayo adhiere, a la que el Estado uruguayo conforma”, comentó, recordando que “Pérez Manrique integra (la CIDH) por haber estado en la Suprema Corte, por ser una personalidad. No puede actuar en los casos de su país, pero integra por este ordenamiento genérico de defensa de los derechos humanos”.

“En ese sentido, nosotros que pusimos una cantidad de características a las que aspirábamos, consideramos que lo primero es que el acto se haga, por esta motivación. Y mucho más en un momento en que hay un gobierno de coalición que, esencialmente la coalición en este caso, sale a bombardear las causas judiciales, a hacer apología prácticamente de lo que nos hizo el terrorismo de Estado, a impulsar y a presionar por estas leyes tremendas en su concepto. Es tremenda en los motivos porque las hacen. Porque en sí ellos pueden reparar como Parlamento, pueden decidir reparar cualquier injusticia, cualquier muerte, cualquier situación que se dé. Pero la justificación de eso nunca puede ser a los terroristas de Estado por el servicio que dieron o para igualar este tema, ‘esto no fue el Estado el criminal, sino que fue una guerra’. Y (ese discurso) entra. Las personas no están tan atentas; yo también opinaría lo mismo. Una muerte es una muerte; una vida vale. Una muerte no es justificada”.

Foto: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos