El expresidente chileno Sebastián Piñera declaró, en calidad de imputado, ante la fiscal en jefa del tribunal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en el marco de la investigación por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país, entonces bajo órdenes de Piñera, durante la revuelta popular que tuvo lugar a partir de octubre de 2019. Hechos que están calificados como de lesa humanidad, y que dejan al descubierto la lamentable y reiterativa costumbre de las instituciones chilenas. Es importante contemplar que el exmandatario no se presentó a prestar su testimonio en sede judicial, sino que por el contrario lo hizo cómodamente desde sus majestuosas oficinas, gozando de un privilegio cuanto menos inmoral.

Durante la represión desenfrenada contra la revuelta popular chilena, que inició a principios de octubre del 2019, y se extendió masivamente hasta mediados de marzo del 2020, millones de personas se volcaron a las calles bajo un sinnúmero de consignas tendientes a reflejar la histórica disparidad social y económica del país trasandino, así como también el profundo y afatado racismo cultural e institucional. La represión fue salvaje y desmedida. Formaciones militarizadas arremetieron contra civiles, volcando sobre ellos una fuerza despiadada. El saldo, oficial de víctimas –y que están bajo investigación- fueron, 34 muertos y más de 4.000 heridos, entre ellos 258 casos registrados de violencia sexual y más de 300 traumas oculares, siendo el de la actual senadora Fabiola Campillai uno de los más simbólicos, respecto al proceso social en su conjunto. Es importante considerar que la lista de heridos, que no ha sido “legalizada” se extendería a más de 10 mil personas.

Piñera declaró por espacio de ocho horas, y según Chong –que habló con la prensa local-, “no tuvo reticencias a responder ninguna de las preguntas” e incluso “no hizo uso de su derecho a guardar silencio”. La extensa declaración está siendo revisada y se estima que en los próximos días haya una segunda instancia. Según el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, Piñera, “en su condición de máxima autoridad civil del país tenía el deber de impedir la ocurrencia de los graves hechos de los cuales tomó conocimiento y sin embargo no ejerció sus facultades ni adoptó las medidas pertinentes para parar la represión policial que además, le fuera recomendado como medida urgente por parte de organismos internacionales que visitaron Chile y elaboraron sendos informes sobre la situación de violación a los derechos humanos que estaban ocurriendo en nuestro país”.

El estallido

Históricos son los reclamos del pueblo chileno a su dirigencia, pero como en tantos otros hechos combativos, las protestas masivas tuvieron como catalizador el aumento del boleto. Una de las principales consignas de aquellos días dejaba en claro el carácter estructural del conflicto, “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Los primeros en manifestarse fueron los estudiantes, quienes como medida de protesta levantaron las vallas en los subtes de la capital. Seguidamente el resto de la población se fue sumando a lo largo de los días, llegando a ser más de un millón de personas protestando activamente en las calles de Santiago, así como en el resto de las ciudades. La represión fue indudablemente ordenada y sistematizada.

Luego, ante la presión internacional, se llegó a firmar el Acuerdo por la Paz. Esto hechos, que dieron la vuelta al mundo, fueron el inicio de un proyecto social hasta el momento impensado, que fue la redacción de una nueva Constitución Nacional, de la cual formaron parte activa numerosos representantes de minorías, o mejor dicho de grupos ancestralmente excluidos. La nueva ley fue presentada en sociedad el 4 de julio del 2022, y llevada a plebiscito. Finalmente fue rechazada por casi el 62 por ciento de los votantes, habiéndose concretado la participación de casi el 86 por ciento del padrón electoral, una cifra récord.

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