Piden “mesa de diálogo” tras la represión firmada por el gobierno de Alberto Fernández

Por Antimafia Dos Mil-6 de octubre de 2022

Luego de los violentos hechos represivos contra las comunidades mapuche de Villa Mascardi, en la provincia de Rio Negro, en la Patagonia Argentina, organismos de Derechos Humanos, entre los que se encuentran, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HJOS y APDH, reclaman que “la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una mesa de diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas”.

En la declaración firmada por los organismos recuerdan “que los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural”, una deuda que han perpetuado todos los gobiernos desde 1994 en que fue firmado, hasta ahora.

Agregan: “En la provincia de Río Negro en general, y en la zona de Bariloche, en particular, se alienta una profunda hostilidad contra las comunidades, incentivada por sectores nucleados en el movimiento Consenso Bariloche que reclaman el desalojo de tierras reivindicadas por las comunidades indígenas, culpabilizándolas de incendios o de la vandalización de determinados edificios, hechos de los cuales no se ha probado ninguna autoría hasta la fecha”.

Consenso Bariloche nuclea a distintos empresarios Sy abogados patagónicos preocupados por la “sustentabilidad y paz” del territorio. Días atrás realizaron el segundo Foro, en el lujoso hotel Inacayal, donde celebraron las medidas judiciales antimapuches en materia de ordenamiento territorial, pero nada dijeron sobre los fallos que recaen contra el magnate Joe Lewis que ocupa ilegalmente contra orden judicial los territorios en torno al lago escondido. Vaya signo, Inacayal fue un cacique apresado por el terrorismo de Estado argentino de las familias patricias, bajo el titulo militar de ‘Conquista del Desierto’, para luego ser trasladado a Buenos Aires, y mantenido cautivo en el museo de La Plata hasta su muerte.

La declaración firmada por los organismos de derechos humanos, recuerda las políticas represivas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, lideradas por Patricia Bullrich, que entre otros hechos aberrantes concluyeron con la desaparición forzada seguida de muerte, aún en investigación, de Santiago Maldonado, y el asesinato por la espalda del peñi Rafael Nahuel.

A continuación, afirman: “Resulta preocupante la firma de una resolución del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la cual se constituye un Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, destinado al 'aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad'. De inmediato, las fuerzas nacionales, realizaron un desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu y la detención de mujeres de la comunidad con niñes de corta edad, además de la persecución de otros integrantes dispersos en la montaña”.

Siete mujeres fueron detenidas con niños de corta edad

En este sentido en las últimas horas la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta realizó una denuncia por considerar que se violaron los derechos humanos durante los operativos realizados. En diálogo con radio AM 750, remarcó que “la situación es sumamente preocupante”. Y detalló la situación sobre siete mujeres que fueron detenidas durante los operativos, dos de las cuales se encontraban con niños de muy corta edad, y una de ellas estaba embarazada. Además, alertó sobre una grave situación de desprotección en la que se encuentran: “Las mujeres están incomunicadas hace 48 horas. Las excarcelaciones fueron descartadas porque no tiene designados abogados particulares, pero está vinculada a la incomunicación. Es un círculo perverso. No pueden evitar la posibilidad de tener un abogado o abogada. Tenemos derecho a contar con una defensa. La magistrada negó ese derecho. Y cuando piden una medida a su favor la niegan”.

Otro punto sumamente alarmante en la denuncia de Gómez Alcorta es la referida a que se dispuso “el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de Ezeiza de mujeres con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Cuatro mujeres trasladas a 1.500 kilómetros de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado y sin saber qué se les imputa”. Respecto a la mujer embarazada, indicó que fue trasladada a un hospital tras indicios de haber entrado en trabajo de parto, lo cual se realizó en completa contravención de las normativas.

Finalmente, los organismos de Derechos Humanos afirman: “El desalojo se justificó en una orden de allanamiento genérica dictada por la justicia federal de Bariloche, que no contempló los intereses y derechos en juego de las comunidades mapuches. Para la resolución de este escenario, proponemos la convocatoria a una Mesa de Diálogo que incluya a todos los sectores y con un fuerte respaldo político institucional”.

Por su parte el ministro Aníbal Fernández, muy cuestionado en el último tiempo por la inoperancia de la seguridad en torno a la vicepresidenta, defendió el operativo realizado y alegó que lo realizaron “con silencio y con cuidado”.

Mientras que desde las comunidades comunicaron que, luego de la represión, tuvieron que replegarse en el bosque, y también dijeron, según informó Página/12, que los efectivos de seguridad dispararon balas de plomo, desmintiendo rotundamente las declaraciones del ministro Fernández.

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*Foto de portada: Eugenia Neme