La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires, dio lugar a la apelación propuesta por el presidente de Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), Maung Tun Khin, quien junto a otras seis mujeres birmanas, habían presentado una denuncia por abusos sexuales sistematizados, torturas, asesinatos y otros delitos, sufridos por ellas, sus familiares y otros miembros de la comunidad Rohingya.

BROUK tiene sede en Reino Unido, su titular Tun Khin, asegura que “El poder judicial argentino tiene un historial largo y progresivo en la aceptación de casos de jurisdicción universal. Esto ha dado esperanza a millones de víctimas en todo el mundo”.

El tribunal compuesto por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dio lugar a la apelación sobre el fallo de primera instancia emitido por la jueza María Romilda Servini de Cubria. La denuncia había sido presentada en el 2019. En su fallo, la jueza, había establecido que la causa ya estaba en curso en el tribunal de la Corte Penal Internacional, y que había una imposibilidad de proceder.

En su fallo la Cámara Federal, estableció que los delitos investigados por la CPI, se acotan a los cometidos en la frontera con Bangladesh, vinculados a la deportación y persecución por motivos de etnia, mientras que los delitos ahora denunciados por las victimas ocurrieron no solo en otras regiones, sino también por fuera de los tiempos investigados por el tribunal internacional. Por lo cual, según los magistrados “nuestro país se encuentra habilitado para proseguir con la pesquisa, aunque los hechos acaecieran en Myanmar, en virtud de la recepción del principio de jurisdicción universal que ha sido consagrado constitucionalmente”.

Myanmar, tradicionalmente conocido como Birmania, es uno de los países del sudeste asiático que componen la península de Indochina. Una de las regiones más castigadas del planeta en materia de marginalidad, pobreza estructural y la consecuencia inevitable de estos dos: las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Su actual nombre fue impuesto por las juntas militares que someten al país hace décadas.

Luego de la segunda guerra mundial, el país estuvo ocupado por la corona británica, una situación que, al igual que en otros países de la región, fue puesta al servicio del saqueo y la apropiación de recursos estratégicos. Cuando el imperio consolidó su posición, dio inicio a una transición marcada por la inestabilidad social y política, que se alimentaba bélicamente con los arsenales producidos por los países hegemónicos.

Hacia el año 1988, una furiosa dictadura militar se abocó a “pacificar” el territorio. Este modelo de violencia social y política, además se impuso con particular crueldad contra las minorías étnicas. El grueso de la población birmana es budista, y hay una pequeña minoría, menor al 4% de cristianos, y otro tanto musulmanes, algunas otras aún menores. En el 2011, luego de años de protestas sociales, se realizó un intento de democratizar el parlamento, de más está decir que aquellas elecciones estuvieron marcadas por abundantes denuncias de fraude, persecución y proscripción política. El proyecto, no logró estabilizar las tensiones y hacia el 2012, comenzaron a surgir varios focos de enfrentamientos armados. Durante este periodo, los procesos de sistematización de la violencia se recrudecieron y prácticas arcaicas fueron impuestas como factores de intimidación y desmoralización. Entre estas prácticas destaca, por sus efectos terroríficos, las violaciones en masas.

‘El batallón de los violadores’, es un grupo de soldados birmanos, generalmente de alto rango, que realizaban, y realizan, razias por las aldeas y poblados arrasando con cuanta mujer y niña hubiera. Los testimonios sobre estos aberrantes crímenes son desgarradores.

En el año 2017, el ejército de Myanmar, en el estado de Rakhine, en las costas del golfo de Bengala, comenzó una avanzada totalitaria contra los Rohinya, cercándolos y forzándolos a desplazarse a Bangladesh. Aproximadamente 800 mil personas, componen lo que hoy en día es el campo de refugiados más grande del mundo. Unas 25 mil personas fueron asesinadas, y se registraron alrededor de 19 mil casos de mujeres, adolescentes y niñas violadas. “Los gobiernos birmanos nos han despojado de nuestra nacionalidad y han convertido nuestro hogar, el estado de Rakhine, en una cárcel al aire libre. Los rohingya se enfrentan a fuertes restricciones a la libertad de movimiento que les impiden acceder a la educación y la atención médica”, explicó Tun Khin al diario Página 12.

En noviembre pasado, Min Aung Hlaing, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desde el año 2011, promovió un golpe de Estado, tras el fracaso electoral. Desde entonces, ocupa los cargos de presidente y de primer ministro, de manera simultánea. Aung Hlaing, es el principal acusado de la causa iniciada en la justicia argentina. Además, las denuncias incluyen al gigante de las comunicaciones, Facebook, quienes, según los denunciantes, habría colaborado en la difusión de los mensajes de odio emitidos desde las cúpulas castrenses. En este sentido, el presidente de BORUK, afirma que hace más de dos la ONU, había advertido que “estas empresas financian las violaciones a los derechos humanos”.

En julio de 2019, el gobierno de los Estados Unidos le prohibió el ingreso a su territorio. Además, ordenó congelar todos los activos que tuviera en el país y criminalizó las transacciones financieras con cualquier persona en los Estados Unidos. Pese a esto, no inició ninguna acción legal en materia penal por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

La justicia argentina, tendrá por delante una compleja y ardua tarea, que debe ser acompañada por los organismos internacionales, los cuales deberán promover medidas tendientes a frenar la violencia en primera instancia, y a realizar las detenciones propuestas por la justicia, si las hubiera.

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*Foto de portada: lavanguardia.com