Cal: “Un tema preocupante es el financiamiento de las campañas políticas”

El legislador fue amenazado por el empresario Gonzalo Aguiar, hoy fallecido

Primera Parte

Lo menos que se puede hacer ante la decisión que recientemente hubo tomado el diputado uruguayo del partido político oficialista Cabildo Abierto, Sebastián Cal, de afirmar públicamente “que sería ingenuo pensar que la política no tiene vínculos con el narcotráfico” es la de reconocerle valor, porque sus dichos, que se suman a una serie de episodios que le precedieron, desataron asombros en unos, en otros preocupación y en nosotros, un sentimiento de solidaridad con el legislador, por el simple hecho de que finalmente un integrante del sistema político tuvo el aplomo y la sensatez (y la honestidad, y la decencia) de poner ciertos puntos sobre las íes, en un tema -narcotráfico y sistema político uruguayo- que desde el año pasado hasta hoy (y parece que seguirá por más tiempo, mal que pese a no pocos) es, no solo mediático,sino además, la principal causa de toda una suerte de tormentas y tempestades que se desataron fuertemente sobre la vida nacional del Uruguay, por una serie de episodios que previamente se fueron dando paulatinamente.

Fue entonces que Sebastián Cal -diputado por el departamento de Maldonado- se sumó a ese contexto complejo, y un buen día, pateó el tablero, porque tras ser amenazado por un empresario en diciembre del año 2022 -Gonzalo Aguiar, hoy fallecido- primero lo denunció ante la Policía, bajo sospechas de actividades delictivas -presuntamente relacionadas con el narcotráfico- , luego, ante el Ministro del Interior de la época, y ante el Secretario de la Presidencia (pero no tuvo respaldo ni respuestas como esperaba) y después, dada la gravedad de las denuncias, que trascendieron por audios de un medio de prensa fernandino en este 2024, fue convocado -hace pocos días- por la Comisión del Senado de Seguridad y Convivencia (que le tomó testimonio en sesión secreta), para finalmente radicar denuncia ante la fiscalía penal, que ahora tiene la investigación entre manos. Todo un periplo que hoy desencadenó un verdadero tsunami: el de poner bajo la mirada pública, ese vínculo entre la política uruguaya y el narcotráfico, algo que hasta este momento nadie -desde filas políticas- había hecho.

Las denuncias de Cal conllevan una batería de interrogantes. Conllevan una serie de dudas o sospechas , en tono de confrontación, si se quiere, dirigidos al sistema político, y a los hombres y mujeres que están trabajando en la función pública, en diferentes tiendas. Porque se trata de sospechas, que en alguna medida, desde hace más de un año, han estado sobrevolando por sobre las cabezas de no pocas figuras del aparato institucional. Y en medio de ese vaivén, de hechos, sospechas, denuncias, pareceres y repercusiones, lo que sí resulta imposible no advertir, es que hay una interrogante madre o si se quiere un horizonte (o común denominador) que se refiere a la forma de financiamiento de las campañas políticas en el Uruguay. Porque en definitiva son los financiamientos de campaña, los que se constituyen, como los más eficientes caminos o medios, por los cuales, el narcotráfico se infiltra inequívocamente en el sistema político de un país.

Hemos conversado con el diputado Cal, quien optando por mantener reserva ( al menos por ahora) sobre el concreto caso de sus denuncias, no tuvo inconveniente alguno en decirnos -y decir a los lectores- que en el Uruguay de hoy “lo que verdaderamente es un tema preocupante, y para hacer foco, es el que concierne al financiamiento de las campañas políticas, en particular a los controles” señalado, enfáticamente “que no son los suficientes, y eso es un aspecto medular, y para no ignorar”. Entiendo, me parece y no creo estar errado, en pensar, que Cal tiene motivos más que contundentes para expresarse en esos términos.

Coincidimos con Cal, de cabo a rabo, y entendemos que la profundidad de su denuncia, y de lo contextual, en este momento (y desde hace ya bastantes meses atrás, o años atrás) se orienta en esa línea, desafortunadamente, porque estamos hablando (y lo hicimos muchas veces desde estas páginas, y yo personalmente) de la firme posibilidad de que existe, un vínculo letal y de alto riesgo entre el narcotráfico y la política (el sistema político). Un vínculo de no tan reciente data, instalado en el Uruguay, erosionando y debilitando el Estado de Derecho, la independencia de Poderes y la democracia, lisa y llana. Negarlo, y ser indiferente a todo lo que está aconteciendo, nos pone bajo riesgo de ser cómplices de un cáncer: el de la ideología mafiosa, que ya en otros países de la región y más allá del Atlántico, está literalmente demoliendo economías, instituciones (y vidas, no nos olvidemos) y todo ápice de incorruptibilidad en las gestiones de gobierno.

Gestiones de gobierno que a la larga,y en definitiva, si tienen facetas o puntos vulnerables, o funcionarios de menor o alto rango, altamente corruptibles, con el correr de los días y los meses se tornarán funcionales al crimen organizado. Y si eso no se neutraliza a su debido momento, el camino de retorno se distancia dramáticamente, abriéndose las puertas de un infierno, que podría perfectamente compararnos con el infierno que hoy es Ecuador, por ejemplo, o Rosario ( en la Argentina), o Paraguay, y yendo más lejos, Italia, donde hay un Estado-Mafia, por más que muchos piensen erróneamente que Cosa Nostra y otras añejas organizaciones mafiosas, allí en Sicilia, Nápoles y Regio Calabria, y otras regiones, ya no existen, y ya no están operativas. Nada tan alejado de la realidad.

Por esa razón, las denuncias de Sebastian Cal, no deben sorprendernos, deben en contrario, enaltecernos. Y quiero destacar, también, que querer silenciar al legislador desde tiendas del sistema político, o sentirse molestos con su proceder desde ese ámbito, y más aún, pedir (como ya se pidió) que sea secreta la sesión que se realizó en la Comisión del Senado, debe preocuparnos, verdaderamente. ¿Por qué? Porque allí se dieron testimonios muy fuertes, sobre una temática no menos fuerte, no menos intensa. Y porque si la idea era proteger al diputado, dado que recibió amenazas, en realidad más nos parece que en realidad lo que se buscaba era protegerse el sistema político, no ventilando -con criterio de transparencia, o de auto saneamiento- el contenido de las denuncias. Contenido que concierne a la comunidad, si lo vemos profundamente.Un contenido de hechos graves, de intimidaciones, y de vínculos o de actividades, de Aguiar, y de personalidades de la política, que no son para que queden entre cuatro paredes. Pero bueno, paciencia, lo hecho, hecho está. No obstantes, nosotros cuestionamos ese secretrismo solicitado y hasta quizás el mismo diputado Cal se lo haya cuestionado, pero bueno, todo se dio de ese modo. Ya no hay reversa.

Y fueron tan graves las denuncias del legislador, que hubo repercusiones. Primero, todos quienes participaron del encuentro quedaron sumamente preocupados, porque dejaron bien en claro a los medios de prensa -aún manteniendo las reservas del caso- que las denuncias eran muy graves; y segundo, que una vez que el diputado Cal dialogó con la Fiscal de Corte subrogante , la doctora Mónica Ferrero (Fiscal de Estupefacientes) , tras la la sesión de la Comisión, el fiscal que tomó el caso , el Dr. Jorge Vaz, del departamento de Maldonado, solicitó por la vía que corresponde, la versión taquigráfica de las actas labradas en la Comisión del Senado, de Seguridad y Convivencia, en cuyo seno se acordó, que el próximo día 23 de abril deberá comparecer el actual Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, cuyo nombre fue mencionado varias veces en el curso del testimonio dado por el diputado Cal.

Desde los tiempos de Rocco Morabito

En los últimos años se fueron erosionando los cimientos del gobierno de Luis Lacalle Pou, porque se desbordaron las aguas de su administración, visibilizándose sucesos y las más firmes sospechas de que estaría muy presente en su entorno (en sus entrañas) el crimen organizado liado al narcotráfico y la corrupción lisa y llana, por más que algunos de los hechos estén aún bajo investigación.

Los sucesos más recientes -de diverso tenor y de diversas características, aunque con el denominador común de la corrupción pública y de implicancias con el narcotráfico, según el caso- tienen nombre y apellido: el narcotraficante Sebastián Marset, hoy prófugo, tras un confuso y muy controvertido, y muy sospechoso caso de forma de entrega a él, en Dubai, de un pasaporte especial cedido por el gobierno uruguayo, siendo que estaba preso y que se sabia que era un narco de extrema peligrosidad; el ex jefe de custodios del presidente Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, hoy en prisión, y ya formalizado e imputado, por suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias; el hoy ex legislador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, del herrerismo, ahora bajo prisión preventiva en una cárcel del interior del país, para ser investigado por una serie de delitos de tenor sexual contra menores, con el agravante de estar presuntamente involucrado con otras personas -un policía del sistema penitenciaro entre ellos- en actos de corrupción como funcionarios del Estado, para entorpecer las investigaciones e intimidar a las víctimas; y el empresario uruguayo Gonzalo Aguiar (que fuera asesinado por su ex pareja en febrero de este 2024) estando igualmente bajo investigación por sus actividades, bajo sospecha de ser delictivas y relacionadas con estafas multimillonarias, con lavado de activos, y eventualmente vinculadas al narcotráfico, y en particular, por las amenazas proferidas por él, personalmente, en el año 2022 contra el diputado Cal, en un episodio que fue el punto de partida del accionar del legislador cabildense, en lo que concierne a las denuncias que son material central de este y los siguientes informes que habremos de ir elaborando, bajo el rótulo de “Vínculos del sistema político uruguayo con el narcotráfico”.

Pero hay un suceso clave anterior, del 20 de junio de 2019, que no puede quedar por fuera: la fuga de Rocco Morabito (italiano integrante de la ‘Ndrangheta, poderosa organización italiana que tiene el monopolio del tráfico de cocaína desde América Latina a Europa )durante la administración del frente amplista Tabaré Vázquez. Fuga que indefectiblemente debemos sumar a los episodios que enturbian la administración de su sucesor del Partido Nacional. Y lo debemos sumar, porque hasta hoy, todavía no ha habido un pronunciamiento de responsables, y por la naturaleza misma del hecho, puesto que concierne a la presencia del narcotráfico transnacional en el Uruguay, y a lo que ha vendo sucediendo en los años posteriores a la evasión suya de Cárcel Central, fruto de una corrupción de ribetes escandalosos, dentro del Ministerio del Interior, siendo el titular de esa cartera el hoy fallecido Eduardo Bonomi.

La fuga del mafioso Morabito, de una cárcel del centro de Montevideo (pocos días antes de ser extraditado a Italia, donde estaba condenado en ausencia por graves delitos, habiendo estado requerido internacionalmente desde Italia hace aproximadamente unos 15 años) es hasta el día de hoy un muy grave caso de corrupción policial que no fue aún laudado seriamente por la fiscalía y que permitió visibilizar el grado de infiltración al que había alcanzado la ‘Ndrangueta en nuestro país. Lo que ratifica sin dudas, que aquella organización mafiosa italiana -que no da puntada sin hilo por antonomasia- seguramente ya estaba operando libremente dentro del territorio uruguayo, con su garante de turno (Morabito) , un sujeto que se hacia pasar por empresario de la zona de Punta del Este, con otro nombre por cierto -Francesco Capeletto- y que era uno de los más importantes artífices de la organización italiana para coordinar en la región, y en el Uruguay, los voluminosos envíos de cocaína a Europa, entre otros delitos.

No debemos olvidar que el Uruguay, en los últimos cinco años, y creo que quedo corto en esa cronología, hace parte de la ruta del narcotráfico internacional, que permite la llegada de toneladas de cocaína a Europa. Hoy, Uruguay también está considerado como país de acopio de cocaína, lo que lo hace más vulnerable y mucho más comprometido con la criminalidad organizada, de ahí que la eventualidad de un fortalecimiento de los vínculos con integrantes del sistema político, no nos sorprende. Digo más, yo personalmente lo señalé y lo anuncié el año pasado en un programa de televisión de Canal 10, Polémica en el Bar, oportunidad en que la mayoría de los panelistas se rasgaron las vestiduras públicamente, como si mis palabras hubiesen mancillado un sistema político inmaculado, que a esas alturas ya estaba bajo la mira de la opinión pública por el caso del pasaporte del narco uruguayo Sebastián Marset.

Del pasaporte de Marset al caso Gonzalo Aguiar

Las tormentas y tempestades que se desataron sobre el gobierno oficialista de coalición, de Luis Lacalle Pou, que por si fuera poco, además de generar formalizaciones fiscales de hombres del gobierno, debido al caso Astesiano y al caso de múltiplepedofilia del legislador Gustavo Penades, el caso del pasaporte que se entregó al narco Sebastián Marset en Dubai, hizo que dos ministros de Estado, una Subsecretaria de Estado, y dos altos funcionarios del gobierno lacallista, se vieran alejados de la noche a la mañana, de sus altos cargos. De ahí en más no hay todavía formalización alguna porque la investigación está en curso, pero ya las sombras y los trapos sucios, pero más sucios del gobierno blanco (multicolor) salieron a la luz, despertando especulaciones que ganan la calle y una campaña política que vive sus momentos más intensos, de cara a las elecciones nacionales de este año.

Pero, las tormentas y las tempestades en la vida nacional en el Uruguay no cesaron, porque Sebastián Cal las reavivó con denuncias que no son para nada banales, ni mucho menos intrascendentes. Todo lo contrario, son, además de graves, merecedores de una especial atención a la hora de ser investigadas, para poder arribar a buen puerto. Claro está, siempre y cuando, desde los mas altos niveles del poder se tenga ese objetivo. No puedo evitar tomar en cuenta que la Fiscalía depende directamente del Poder Ejecutivo, llámese presidente en ejercicio Luis Lacalle Pou. Y eso me pesa, y tengo ciertas dudas sobre el buen desempeño de las investigaciones. Pero, me puedo equivocar. Y ojalá.

Sebastián Cal, que es un diputado, por el departamento de Maldonado, del partido Cabildo Abierto (cuyo referente máximo es el militar retirado Guido Manini Ríos, hoy senador de la República, quien oportunamente -en actividad, durante la administración del extinto presidente Tabaré Vázquez- fue Comandante en Jefe del Ejército) salió a la palestra pública en las últimas semanas, después de filtrarse unos audios, de una conversación que mantuvo con un colega de una revista del departamento de Maldonado, en la que claramente señalaba al empresario Gonzalo Aguiar -quien fuera asesinado de siete disparos por su esposa, en febrero de este año, en el marco de un episodio de apariencia conyugal- como persona que además de amenazarlo llevaba adelante actividades en apariencia delictivas ¿vinculadas al narcotráfico, en concreto?

Dentro de ese contexto, y acorde a las denuncias de Cal, se lo visibilizaba -a Aguiar- como persona estrechamente vinculada a hombres de gobierno, al Herrerismo, al punto que -según palabras del legislador en esos audios- tenía acceso libre a la Torre Ejecutiva -edificio sede del gobierno uruguayo de la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad de Montevideo- y una marcada influencia en hombres de gobierno que tienen un muy alto compromiso institucional. De ahí, lo grave de la situación.

Algunos de los prolegómenos de todo este escandaloso panorama, por decirlo de alguna manera, se sitúan en el año 2022, oportunidad en que el diputado Cal tomó conocimiento que personal policial en actividad venía desempeñándose como custodio personal del empresario Gonzalo Aguiar, un empresario vinculado al círculo del gobierno, y cuyas andanzas de corte financiero, tendrían facetas dudosas, tras una seguidilla de situaciones que fueron gradualmente trascendiendo públicamente, especialmente en lo atinente a su dudosa legalidad.

El legislador, seguramente portador de información contundente, informó al jefe de Policía de Maldonado del momento, Julio Pioli, del vínculo de los policías con el empresario y esta iniciativa tuvo efectos de connotaciones preocupantes, desde diferentes ángulos. Por un lado, el Jefe Pioli, informó a sus superiores (entre ellos al Director Nacional de Policía, de la época, Diego Fernández) iniciándose una investigación administrativa, y por el otro -casi de inmediato- Cal fue amenazado por el empresario Gonzalo Aguiar: “Dejate de hacerme denuncias, mirá que ya me enteré. Si tenés algún problema, vení y arreglalo conmigo. Sabés dónde vivo”.

Con ese mensaje que Aguiar enviaba a Cal se daba comienzo a un periplo de situaciones que dos años después constituirían un contexto de ribetes escandalosos. Aquella amenaza marcaría una etapa determinante, no solo para el empresario, y su entorno, sino además para el legislador mismo, el que hoy por hoy se sabe expuesto a cualquier represalia, del submundo del hampa que era marco de vínculos e influencias de Aguiar.

¿Quién era el empresario Gonzalo Aguiar?

Un empresario. Uno más de la zona de Punta del Este, con la particularidad de que además de vivir con economías que a ojo público lo colocaban dentro del estándar del residente de un balneario de vida costosa y de lujos, él personalmente, en su exposición dentro de ese universo, gustaba ostentar. Ostentar en todo el sentido de la palabra. Autos de muy alta gama -Lamborghini, entre ellos- , una residencia lujosa, una vida lujosa y un entramado empresarial, que desde afuera suponían pingues ganancias, vínculos con personalidades del poder, muchos de ellos políticos, obviamente.

Pero en su microcosmos sus allegados muy cercanos lo veían alternando en centros nocturnos, a veces armado o circundado de custodias, comportándose con prepotencias, que no encajaban con el empresario de un muy buen pasar, pero de trato amable, o de muy buen roce social. Coinciden todos que se trataba de un hombre áspero, con un dejo siempre de misterio y de altanería que lo hacía aún más distante de los círculos habituales de una burguesía tradicional, amante de la vida, de la familia y del placer, pero sin excesos o excentricidades. Aguiar era así, y se desenvolvia dentro de esos parámetros. La mayoría que lo conoció, sumó a ese perfil, ser violento en algunas ocasiones.

Su vida salió a la luz pública con toda la exposición que pueda surgir de un hecho policial, una vez que Romina Camejo, en un episodio de ribetes personales (se diría antes en crónica roja, de ribetes conyugales, hoy de violencia de género) le descerrajó siete tiros en la puerta de su residencia a la que el concurrió con prepotencia. Un hecho de sangre que fue calificado por Romina, como una acción de legítima defensa, aspecto que la fiscalía viene investigando, y que todo apunta a que se laudará a favor de ella.

Cómo Sebastián Cal conoce a Gonzalo Aguiar

Pero lo que nos concierne, en ésta oportunidad es cómo y de que forma el diputado Sebastián Cal tomó contacto con él. Fue en Italia. En setiembre de 2021, en Roma, cuando el legislador se hallaba participando de un evento vinculado a las Comunicaciones. En esa oportunidad también Cal se vincula con personas de su cercanía, en el mundo empresarial, siendo uno de ellos un canadiense que según Aguiar era su socio de un proyecto empresarial de la firma Boreal (con sede en Carrasco) del rubro plantas de canabis, para uso medicinal. Un emprendimiento que con posterioridad derivó en una maniobra de estafa y de apropiación de cerca de 15 millones de euros, por parte de Gonzalo Aguiar, hecho que -ahora mismo está siendo investigado por el fiscal de Delitos Económicos Dr. Gilberto Rodríguez.

El legislador Cal, aún suponiéndolo un hombre de negocios, y sin sospechar nada anómalo en su comportamiento, optó por prestarle ayuda para sus proyectos. En efecto, a pedido de Aguiar, lo ayudó a tomar contacto con autoridades del Ministerio de Agricultura de Colombia, pero el proyecto no prosperó.

Más adelante Aguiar encontró inversores canadienses para sus proyectos y estos confiaron en él, pero este ya tenía en la mira materializar una estafa millonaria. Y tanto así, que cuando los inversores desconfían de algunos aspectos de la operación, Aguiar hace algo insólito: en Canadá pide a una familiar que falsifique la cuenta bancaria para poder respaldar la operación y acá en Uruguay le pide a un abogado suyo que se haga pasar por el presidente del BROU, manteniendo reuniones con los inversores bajo identidad y función falsa, para poder darle confianza a los canadienses, y también para poder respaldar la operación. Pero la cuestión es que que la misma cae y en Canadá se inician los juicios, constatándose la faltante de varios millones de euros. Tal, el perfil de Gonzalo Aguiar.

Pero hubo más. En noviembre de 2022, Aguiar contrae matrimonio en su residencia de Maldonado. Al evento concurren invitados de diferentes ámbitos, entre ellos Nicolás Martinelli, quien por entonces era una alta jerarquía del Ministerio del Interior, pero no su titular, como es hoy. Hay en el casamiento personalidades de gobierno. Un casamiento -que costó 200 mil dólares- que más adelante se supo no era legítimo: primero porque él estaba ya casado en Canadá; y segundo porque el juez de Estado Civil no era tal. Hoy todo eso salió a la luz en la sesión de la Comisión del Senado, y en la Fiscalía.

Y hubo más. Pero desde antes. En julio del año del casamiento de Aguiar, un equipo policial de Investigaciones persigue a dos vehículos por calles de Montevideo, hay inclusive un intercambio de disparos, sin personas heridas. Los vehículos eran de Aguiar (una camioneta BMW gris y una Chevrolet) y estaba él mismo en uno de ellos, y algunos de sus ocupantes eran policías en actividad. Y en el procedimiento se incautan seis armas de fuego. No hubo formalizaciones, porque las armas estaban registradas. Todo quedó en el olvido. Al menos en ese momento. No sé hoy, qué puede acontecer.

Y exactamente una semana antes de ese episodio, Cal va una vez a la residencia de Aguiar, y observa con asombro que dentro hay custodias fuertemente armados -con armas largas inclusive- y también en el exterior del inmueble, algo inusual para nuestra sociedad. Pero lo que más le impacta y le hace tomar conciencia a Cal -además de otras circunstancias- de que ese hombre estaba sin duda involucrado en actividades “non sanctas”, es ver que sobre la mesa de una de las habitaciones de la casa había un arma de guerra. Es la última vez que va a su residencia. Siete días después se produce el episodio del tiroteo, en el que incluso hay involucrado un custodio de Aguiar de nacionalidad salvadoreño.

Con posterioridad a este hecho Cal se presenta ante el Jefe de Policía de Maldonado, en aquel momento Julio Pioli y ahí le pone al corriente, entre otras cosas, de que un chófer de Aguiar y otro de sus custodios eran policías en actividad. El jerarca acusa recibo de esa información y le promete avisar a sus superiores. Con Pioli Cal habla en tres oportunidades, en la plaza de San Carlos y en la Jefatura misma.

Sobrevienen las amenazas al legislador Cal

Tras estos encuentros se produce un hecho que a Cal lo pone sobre aviso de que está frente a un entorno de riesgo y de peligro flagrante. Aguiar lo amenaza con un mensaje de audio, en términos nada simpáticos: “Me enteré que estás haciendo denuncias. Tenés que dejar de denunciar. Cuando quieras y donde quieras. Papá”.

Sebastián Cal toma sus precauciones y en enero de 2023 da cuenta de todo este panorama al Ministro del Interior de aquellos días, Luis Alberto Heber, y como no ve repercusiones en favor de su seguridad, un mes después comunica de la amenaza y de la situación al Secretario de la Presidencia Dr. Alvaro Delgado, hoy pre candidato por el Partido Nacional.Tampoco obtiene resuesta.

Gonzalo Aguiar sigue con su vida de hombre de negocios, codeándose con personalidades de gobierno. Sigue con su rutina de “pesado” rodeado de una guardia pretoriana. Es un estandarte de la vida nocturna de Punta del Este .

¿Es un eslabón o la cabeza de una organización que tiene una pantalla, dando cobertura a una sin fin de actividades relacionadas con el delito de guante blanco o con el narcotráfico? ¿Qué lo lleva a estar rodeado de guardaespaldas armados hasta los dientes? Corre el año 2023. Sigue con sus actividades en torno a Boreal. Está inmiscuido en estafas contra los inversores canadienses. Sus economías florecientes y de ostentación comienzan a flaquear, a decaer, lo dicen sus allegados. Hay incluso un robo extraño en su casa, quizás para cobrar el seguro. Se tensa el vínculo con su pareja, con la cual tiene una hija. Se tensa de tal forma que Romina Camejo se prepara para enfrentar sus violencias. Y un día, en un hecho que ya consignamos anteriormente, su vida hace parte de la crónica roja de Maldonado. Romina lo balea y lo mata cuando aparece en su hogar. Ella, le pone fin a su vida. Le pone fin a sus andanzas. Se abre otra etapa en la historia de Gonzalo Aguiar. La etapa post mortem, la que más trabajo depara a la fiscalía y más escándalo ha generado.

No es una novela. Nos es una historia agarrada de los pelos. Son situaciones que se fueron dando y entrelazando en torno a la historia de un hombre empresario -Gonzalo Aguiar- que a juzgar, de lo que surge de las denuncias en fiscalía, se cruzó en la vida de un legislador que hoy se sabe artífice y pieza de un rompecabezas que podría develar dramáticamente una realidad nacional, nada saludable para el Uruguay. Todo ya estaría sobre la mesa. Lo vivido por Sebastián Cal, su entereza a la hora de decidir sus pasos, para que su vida sea protegida (no se le asignó ni protección ni custodia, ni desde filas ministeriales,ni fiscales), para que la impunidad no campee, y esto es un hecho que se suma a otros hechos que hemos venido viendo pasar por nuestros ojos de periodistas y de ciudadanos, vinculados estrechamente con los pasos del narcotráfico en vínculo con el sistema político.

Hay varios fiscales penales (de Maldonado y de Montevideo) abocados a desentrañar varias puntas del caso Gonzalo Aguiar: delitos económicos y fraudes cometidos por Aguiar, lavado de activos cometidos por Aguiar, presuntamente a través de una casa de cambio de Salto, vínculos del narcotráfico con hombres de gobierno y de la vida política nacional -incluidas las repercusiones que podrían surgir-, las amenazas al legislador denunciante, la presencia de matones extranjeros, la participación de policías en actividades de seguridad personal de un hombre bajo sospecha de actos delictivos, mismo el homicidio de Aguiar, la filtración de una denuncia dentro de filas policiales, la compra de una camioneta BMW de Aguiar por parte de un legislador ¿con posterioridad o antes de su deceso? En fín. Lo que podamos imaginar y hasta lo inimaginable.

Cada uno de esos servidores públicos que dependen del Poder Ejecutivo, porque los fiscales ahora carecen de autonomía, si se atienen a la honestidad, darán frutos que podrían ser relevantes para la honestidad de las instituciones, porque sus investigaciones, ya ahora no solo atañen en exclusividad al legislador Cal, que merece nuestro respeto,nuestro homenaje, sino que atañen a la democracia, o si se quiere a la urgente necesidad de autosanear con hechos, y no solo con palabras, al sistema político, que por las evidencias de los últimos meses estaría ya lindando con la criminalidad organizada, y no digo por sembrar alarmismos, porque no hace falta hacerlo. Esos alarmismos están sobre la mesa y es un secreto a voces que recorre las calles. Los narcos hace rato que están en el gobierno. Y yo agregaría, no solo en este gobierno.

Sebastian Cal, que hace parte del sistema político, con sus denuncias, es la prueba irrefutable de que estamos ya en el lodazal que no quisiéramos estar.

No aislarlo a Cal, es nuestra obligación ética, como ciudadanos. No aislarlo a Cal debería ser también una obligación ética, del resto de sus colegas legisladores.

Y esas obligaciones se ven solo en la cancha, no en las marquesinas de los discursos de campaña, porque el crimen organizado cuando se atraviesa por sobre el sistema político, no mira tanto las banderas, mira a los hombres corruptibles, en puestos estratégicos. Mira el financiamiento de las campañas políticas,como una de sus más beneficiosas herramientas, para sus fines criminales.