Tal como era de esperarse, el médico de la dictadura uruguaya Carlos Suzacq, sobre quien pesa un pedido de extradición -ya que reside en España- rechazó el pedido de la justicia uruguaya este miércoles 11 de enero. Su abogada, que ya había anunciado la negativa del hombre de 72 años, alegó que ya no es más uruguayo pues habría renunciado a su ciudadanía, y que para la ciudadanía española los delitos ya prescribieron.

Suzacq es señalado por más de una decena de personas, de haber asesorado a militares que cometieron torturas a ciudadanos uruguayos en el Regimiento de Caballería Mecanizada N°6, en el período de la dictadura cívico-militar uruguaya. El médico, habría realizado, además, fichas de más de 40 personas. Por esta razón, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó su extradición para ser juzgado por los delitos de privación de libertad y lesiones graves en el marco de una causa presentada por 17 víctimas, que estuvieron detenidas y fueron torturadas en el recinto entre 1972 y 1976.

La información internacional señala que Suzacq se opuso a ser extraditado por los motivos que expuso su defensa, quien aseguró además que el médico obtuvo su ciudadanía española en 1978 y desde entonces renunció a la uruguaya. También señaló que en ese momento los delitos de lesa humanidad no existían en el Código Penal de España, por lo que no serían tales en el caso de Suzacq.

De todas formas, la Fiscalía española estaría de acuerdo, según su investigación, en que el criminal sea juzgado en Uruguay, ya que los delitos en el país no prescribieron.

El médico de la dictadura podría tener información sobre Luis Eduardo González González, desaparecido en diciembre de 1974 del Regimiento de Caballería, de quien recién en 2003 se supo que habría muerto producto de las torturas recibidas en ese predio militar.

La causa de González forma parte de la sentencia conocida como “Caso Maidanik y otros Vs. Uruguay”, una serie de causas que incluyen el asesinato de las tres jóvenes conocidas como las Muchachas de abril –Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik-, y la desaparición del militante y sindicalista Óscar Tassino. Sobre estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un plazo de un año al Estado uruguayo para que se responsabilizara por su actuación en los asesinatos y desapariciones de estas personas, para darle respuestas a las familias, y destacó que los delitos son imprescriptibles. El año, se cumplió en diciembre de 2022, sin embargo, el Estado no hizo su parte.

Quien fuera esposa de González, Elena Zaffaroni, dijo a La Diaria que esperan que los tratados entre España y Uruguay, que permiten la extradición, se cumplan. Sin embargo, entiende que, para esto, “seguro pasará mucho tiempo”.

Foto: web de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

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