Entrevista de la periodista Anna Lisa Maugeri al fiscal nacional adjunto antimafia
"Lo que nos ha llamado la atención en los últimos años es la distorsión de la realidad procesal. El deseo de hacer creer a la gente que actuamos sólo sobre la base de un teorema, cuando en cambio actuamos sobre hechos que habían salido a la luz incluso antes de nuestra investigación". Quien habla es el fiscal nacional adjunto antimafia, Nino Di Matteo, ex miembro del CSM (Consejo Superior de la Magistratura), entrevistado por la periodista y jefa de redacción de Sicilia Buona, Anna Lisa Maugeri.
El equipo que dirigió las investigaciones, compuesto por Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia y Antonio Ingroia, siempre "trató de encontrar los hechos, basándose en la evaluación de los mismos. Hoy es fácil decir 'el Tribunal de Casación absolvió a todos, por lo tanto, no hubo nada'", afirmó Di Matteo. Sin embargo, "algunos hechos, en mi opinión muy graves e importantes, han quedado intactos en su manifestación a través de las pruebas".
En primer lugar "existe una declaración del propio general Mario Mori quien, cuando aún no estaba siendo investigado por estos hechos, al reconstruir la génesis de su relación con Vito Ciancimino, afirmó que se había dirigido a él, consciente de que Ciancimino podía relacionarse fácilmente con Totò Riina y Bernardo Provenzano, diciéndole: 'Señor Ciancimino, ¿qué es este muro contra muro entre el Estado y la mafia? ¿Qué quiere esta gente para que cesen las masacres?'".
Las sentencias deben respetarse, pero se pueden criticar.
Los fiscales habían iniciado la investigación a partir de las palabras de Mori, "es decir, fue una búsqueda de diálogo con los líderes de Cosa Nostra". Un diálogo "muy greve", subrayó Di Matteo, que lo fue aún más "en un momento en el que la sangre de las víctimas de las masacres todavía estaba caliente sobre el asfalto".
Este fue uno de los motivos que empujó al fiscal nacional adjunto antimafia a escribir el libro El golpe de olvido. La Tratativa Estado-mafia, el juicio que no debía hacerse, publicado por Fuoriscena-Libri Rcs, junto al periodista y escritor Saverio Lodato.
Recordamos que en abril del año pasado la Suprema Corte anuló sin reenvío las absoluciones de los altos oficiales del ROS de Carabineros, Mario Mori, Giuseppe De Donno y Antonio Subranni, modificando la fórmula de "el hecho no constituye delito" a "por no haber cometido el hecho". Asimismo, los jueces declararon inocente a Marcello Dell'Utri "por no haber cometido el delito", mientras que los jefes mafiosos, Leoluca Bagarella y Antonino Cinà, fueron salvados por la prescripción.
La Casación, "en mi opinión, inesperadamente -prosiguió Di Matteo- llega incluso a absolver a los mafiosos, rebajando la amenaza de hecho "consumado" a "tentativa", como si la amenaza se hubiera ejecutado con el sonido del retumbar de bombas y los representantes del Gobierno y de las instituciones no hubieran percibido al chantaje como tal. Un hecho que, en mi opinión, se contradice con una cantidad considerable de pruebas que no sólo concuerdan con las declaraciones de los colaboradores de justicia, sino también con las declaraciones de muchos representantes institucionales autorizados de la época, incluido el que más tarde se convertiría en presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien constató que en aquel momento, en el 92, pero sobre todo en el 93, y a principios del 94, los vértices de las instituciones tenían perfectamente clara la amenaza de Cosa Nostra y estaba perfectamente claro que las bombas fueron colocadas para obtener algunos beneficios legislativos".
Todas estas consideraciones fueron ignoradas por los armiños, que pretendieron borrar con "unas pocas decenas de páginas" la objetividad "de los hechos que logramos demostrar". Como nos recuerda a menudo el magistrado de Palermo, las sentencias del poder judicial deben respetarse, pero pueden ser criticadas. "Incluso las de la Casación. porque no tienen el crisma de la infalibilidad".
El peligro de la justicia de clases
Durante la entrevista realizada para Crescere Informandosi, Anna Lisa Maugeri y el fiscal nacional adjunto antimafia comentaron las recientes propuestas de reforma de la justicia italiana. El proyecto de ley Nordio ha causado mucha discusión debido a los peligros que se esconden detrás del falso mito de la puesta a punto del sistema de justicia. Desde la derogación del delito de abuso de poder, hasta la modificación del delito de tráfico de influencias ilícitas, desde la "ley mordaza", que prohíbe a los periodistas publicar total o parcialmente el contenido de las órdenes de custodia cautelar, hasta la necesidad -según el Guardasellos- de limitar las escuchas telefónicas en las investigaciones.
"Desafortunadamente, durante años las reformas y los proyectos de reforma se han sucedido, por lo cual parece que no hay coherencia en el intento de reformar la justicia -subrayó Di Matteo-. Me sorprenden dos factores. Mientras tanto, la distancia sideral que se crea entre las cuestiones que hoy se debaten a nivel político en el Parlamento y las necesidades reales de justicia, que están ligadas, sobre todo en el sector penal, a la lentitud de la evaluación procesal". Según el magistrado de Palermo "no se está haciendo nada para agilizar o acelerar los procesos, estamos hablando de algo completamente diferente". Es necesaria una visión unificada de la justicia, una "mirada de conjunto" para entender el rumbo tomado por el Gobierno.
Reformas peligrosas
"No debemos simplemente analizar una reforma o un proyecto de reforma en forma separada a otra reforma o a otro proyecto de reforma -prosiguió Di Matteo-. Es precisamente el aspecto general lo que preocupa, porque si juntamos todos estos proyectos, nos damos cuenta de que el riesgo que se corre es el de crear una especie de escudo protector para los poderosos. Una justicia a dos velocidades, tal vez con razón eficiente y rigurosa hacia las manifestaciones criminales propias de los sectores más bajos de la sociedad, y una justicia con armas descargadas para combatir las manifestaciones criminales de los funcionarios de cuello blanco y de aquellos que administran y detentan el poder". Lo cual conlleva un "desprecio a nuestra Constitución" y al "principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".
El magistrado ha dicho en varias ocasiones que está preocupado por este paquete de reformas. Por este motivo expresó que, "y si bien muchos piensan que el magistrado debería limitarse a aplicar las leyes existentes, por el contrario, pienso que ante esta situación el magistrado no sólo tiene el derecho a intervenir en el debate público de manera crítica, sino que también tiene el deber de hacerlo". Un deber impuesto por la tarea de impedir la creación de una justicia que "se adapte a una visión clasista de la sociedad, a una visión que no se ajusta a los principios constitucionales que deben constituir nuestro faro".
Para derrotar al sistema mafioso también se necesita compromiso político
Por un lado, tenemos pues, el peligro de una justicia clasista, inmóvil ante la arrogancia y los abusos del poder institucional; por otro, sin embargo, un sistema criminal que prolifera refinando sus técnicas y sus negocios. Hay que abandonar, por tanto, la idea de delincuencia exclusivamente callejera, mirando cada vez más al mundo del emprendimiento y la economía. La pregunta obvia es: ¿qué se debe hacer? "Si incluso después de más de 150 años en nuestro país seguimos hablando de mafia, si hemos llegado a la decimoctava ley que crea una comisión parlamentaria antimafia, la guerra aún no ha sido ganada, y es precisamente porque la mafia, en particular la siciliana Cosa Nostra, nunca fue sólo un fenómeno criminal común, sino que se ha alimentado de las relaciones con el poder y con las instituciones, siempre ha sido así -explicó Di Matteo-. Esta guerra podrá ganarse, más allá de las batallas individuales, sólo a condición de que se rompa definitivamente el nudo de relaciones entre la mafia y la política, entre la mafia y las instituciones, entre la mafia y las administraciones públicas". Para completar este desafío, sin embargo, "no basta sólo el compromiso de la represión policial y judicial, por importante que sea. Es necesario un compromiso político que ponga la lucha contra el sistema mafioso en el primer lugar de la agenda política de cualquier gobierno de cualquier color -afirmó el magistrado-. Y luego, junto a la posible responsabilidad penal por determinados comportamientos, también debe haber responsabilidad política. Les pondré un ejemplo: los partidos políticos deben entender que, independientemente de que se haya cometido o no un delito, si un candidato de sus listas mantiene relaciones con mafiosos, a sabiendas, sabiendo que son mafiosos, incluso si estas relaciones no representan "una hipótesis de delito, las mismas deberían ser sancionadas a nivel político, por ejemplo, mediante la exclusión del candidato de las listas". Pero hasta ahora, lamentablemente, "no ha sido así -siguió diciendo Di Matteo- la tragedia de este país es que la responsabilidad por determinadas conductas y determinadas connivencias se ha identificado únicamente con la responsabilidad penal. Si la responsabilidad penal no existe o no está probada, en nuestro país no se ejerce la responsabilidad política, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad ética. Básicamente, todo siempre ha recaído sobre los hombros del poder judicial, la investigación penal, los fiscales y los jueces penales. Este es el drama que aún hoy nos hace enfrentarnos a una mafia quizás diferente a la de hace 30 años, pero igualmente peligrosa porque es más oculta, más insidiosa y quizás también más capaz de mover enormes cantidades de dinero, de influir en la macro economía, en las grandes finanzas y de lavar dinero sucio en actividades lucrativas aparentemente legítimas".